El Ayuntamiento de Loja ha firmado un contrato de préstamo con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), a través de la entidad bancaria Sabadell, como intermediario en Andalucía, con el que se agrupan en un solo crédito los 13 préstamos solicitados en los años 2012 y 2013 dentro del Plan de Ajuste Económico, para refinanciar la deuda municipal con la que se hizo frente al pago de más de ocho millones de euros en facturas a proveedores.
Con esta rúbrica, el Consistorio lojeño se adhiere a las medidas de apoyo del Ministerio de Hacienda, como uno de los primeros municipios de la provincia que lo aprobó en sesión plenaria, para mejorar las condiciones del Plan de Pago a Proveedores. “La unificación de los créditos con un único banco, simplifica mucho los trámites burocráticos a la hora de pagar a las empresas de servicio, mejorando las condiciones financieras en los periodos de amortización y de carencia”, concretó el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, tras la firma con representantes de la entidad financiera y la presencia del concejal de Hacienda, José Barea.
Según informó el primer edil, otra de las mejoras que se aplicarán al sumarse a las medidas gubernamentales será una moratoria de dos años (2020-2021) que exime al Consistorio de pagar el capital de los préstamos. “Esta resolución viene a darnos capacidad económica para los próximos dos años”, ya que el presupuesto municipal de estos dos ejercicios contará con cerca 1,3 millones de euros de ahorro con los bancos, que se podrá destinar a inversiones para el desarrollo de la ciudad como el recinto ferial, las piscinas municipales o el parque fluvial, en definitiva, “a mejorar la vida de los lojeños”.
En el horizonte de junio del 2022 se retomará el pago de los créditos, pero se realizará con “el mismo tipo de interés que tenían hasta la fecha de la firma, sin aumento del capital e incluso alargamos los préstamos hasta 2032, con lo que son buenas condiciones para una financiación a largo plazo”, detalló.
A parte de estas consideraciones, el regidor lojeño subrayó sobre estas disposiciones que “este es el camino que se debe seguir desde el Gobierno central y autonómico y buscar mecanismos para que los ayuntamientos puedan financiarse y podamos hacer frente al pago de muchas competencias que tenemos ahora y antes no. La financiación ha cambiado muy poco desde hace 20 años y tenemos más gastos”.
Camacho hizo un llamamiento al futuro Gobierno de España para que “dé una vez por todas, se plantee el debate de la financiación de los ayuntamientos de una manera seria y rigurosa y no solamente con decisiones a corto plazo como esta que no nos obliguen en 2022 a aminorar servicios para continuar pagando préstamos”.
