Tal como ocurriría unos días después, con el descubrimiento de la placa que dedica parte de la calle Sin Casas en el Día de la Constitución, el pleno fue conocedor de la propuesta planteada por la Junta de Gobierno Local para dotar a dicha vía con el nombre del farmacéutico, profesor y cofundador del instituto Virgen de la Caridad, Fernando Gómez Gallardo, en reconocimiento a su trayectoria profesional.
Fue el asunto con el que se abrió el pleno ordinario de la corporación municipal lojeña el 3 de diciembre pasado, una sesión larga y fuerte debate que analizó y voto acerca de una veintena de asuntos.
Dentro del apartado de Gobernación con que se iniciaba el pleno se abordó la propuesta de la alcaldía para que el Ayuntamiento de Loja se adhiera a los servicios que ofrece el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Diputación de Granada, desechando el propio tribunal que se creó en el consistorio lojeño el 16 de enero. Tanto PSOE como CPL se mostraron contrarios a esa propuesta, abogando porque sean los propios letrados municipales quienes acometan los casos de discrepancia entre Ayuntamiento y contratistas, no teniendo por tanto que delegar dicha competencia a la corporación provincial. Finalmente la propuesta fue rechazada con los votos en contra de PSOE y CPL, y el voto favorable del PP.
A continuación, el primer edil, Joaquín Camacho defendió la separación del Ayuntamiento de una serie de organizaciones por considerar que tal pertenencia no acarreaba ningún beneficio para Loja y se podría prescindir de sus servicios, con lo que se obtendría una minoración de gastos. Entre ellas citó la Federación Española de Municipios y Provincia, la Red Andaluza de Ciudades Medias (perteneciente a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias), la Red Andaluza de Desarrollo Local o el Consorcio del Poniente Granadino, entre otras.
El portavoz de CPL , Antonio Ramón Molina, se posicionó también en esa tesis por considerar necesario priorizar los escasos recursos económicos del ayuntamiento, aclarando, eso sí, que la salida del Consorcio no significaba abandonar el Grupo de Desarrollo Rural del Poniente Granadino, que tiene funciones mucho más operativas.
Para el portavoz del PSOE, Andrés Ruiz la justificación económica no era suficiente argumento y criticó que el expediente hubiese ido a pleno sin el correspondiente informe económico-jurídico, por lo que se negaban a tomar en consideración tal propuesta. El alcalde decidió, en última instancia retirar el asunto del orden del día, dejándolo para otra sesión posterior.
El siguiente expediente tenía que ver con la forma de dotar la plaza de interventor municipal, toda vez que el alcalde planteaba la posibilidad legal de que fuera cubierta por un funcionario municipal mediante el sistema de concurso.
No compartía esa opinión la concejal socialista Isabel Abadía que, tras pedir de nuevo un informe técnico que avalara esta iniciativa, echaba mano de la ley para asegurar que esa posibilidad sólo era de forma provisional. El alcalde le contestó que habían hecho las consultas necesarias ante la Junta de Andalucía y reiteraba la legalidad de hacerlo mediante ese procedimiento. Las diferencias de criterio se mantuvieron y se reflejaron en la votación, siendo necesario el voto de calidad del alcalde para sacar adelante el expediente, pues el PSOE igualó el número de votos en contra a los afirmativos de PP y CPL, ya que faltaba una concejal de CPL.
El contrato de servidumbre del acueducto de Santa Bárbara, promovido por Promociones e Inversiones El Ruedo S.L. fue aprobado por unanimidad, dándose paso a uno de los asuntos que más debate produjo a lo largo de la sesión.
Nos referimos a la moción de CPL para rechazar el proyecto de Ley de Reforma de la Administración Local que se encuentra en trámite parlamentario en la actualidad. El ponente de la moción, Antonio Ramón Molina, partió de la negativa de todas las fuerzas políticas a esa ley, salvo, evidentemente el PP, porque, según dijo, bajo el pretexto de eliminar la duplicidad de competencias entre las distintas administraciones, de hecho se podía producir una minoración de las potestades de los ayuntamientos, la minoración de servicios y la privatización de buena parte de estos, haciendo valer que el argumento de ahorro no era creíble, pues las empresas adjudicatarias en su momento tratarían de alcanzar el máximo beneficio posible. También criticó que muchos de los actuales servicios municipales pasaran a manos de las diputaciones provinciales, por considerar que son organismos administrativos arcáicos.
En las antípodas de este planteamiento se situaba la portavoz del PP, María Jesús Ruiz, que negó insistentemente que hubiese intención de privatizar y sí, abogó, en todo momento por una racionalización de los servicios públicos, ordenándose las competencias y asignándoles las partidas económicas necesarias.
Por el PSOE, Juan Cobos afirmó rotundo que su partido se opone totalmente a la reforma local planteada por el PP, “pues, al igual que ha hecho con la reforma educativa, laboral o económica, es una propuesta ideológica, tendente a disminuir los servicios públicos y a privatizar todos los que se puedan”, algo con lo que, reiteró Cobos, no sólo están en contra todos los partidos del arco parlamentario menos el PP, sino que también numerosos alcaldes y concejales de la formación conservadora se sitúan en frente.
Tras algunos ajustes en la redacción de la resolución que proponía la moción de CPL se llegó a una votación favorable por parte de ésta y del PSOE, y en contra del PP.
Y el apartado de Gobernación se despedía con otra moción también muy debatida, aunque en este caso entre el grupo ponente, el PP, y el PSOE. Se trataba de una propuesta para la creación de una comisión de investigación sobre la adhesión de dos concejales del PP al Grupo Mixto, en el mandato municipal 1999-2003, concretamente en el año que llegaba el nuevo milenio.
El alcalde justificó la conveniencia de su creación para aclarar los hechos que acaecieron entonces y la presunta connivencia con el PSOE de aquellos dos concejales, en referencia a Francisco Barquero y Miguel Pérez.
Andrés Ruiz respondió que éste era un intento de tapar el trabajo de la comisión investigadora actualmente en marcha para esclarecer la presunta compra de un concejal del PP, en referencia a Antonio María Caro, mediante su contratación por Diputación de Granada como abogado externo y el deseo, añadió más adelante el portavoz socialista, de que éste asunto no llegue hasta el final, considerando que no tenía ninguna virtualidad analizar un hecho ocurrido hace 13 años, cuando nunca hasta ahora, se había propuesto investigarlo.
Tanto el alcalde, Joaquín Camacho, como el portavoz de CPL, Antonio Ramón Molina, le recordaron que en la sesión que se aprobó la creación de la comisión sobre Caro Derqui, también se había propuesto crear la otra, por lo que no entendían su oposición a ello. Además, Camacho insistió en que la pretensión es que se aclare todo, con transparencia, tanto lo ocurrido en el año 2000, como lo acaecido ahora, pidiendo la unanimidad de los grupos para que se inicie su trabajo. Andrés Ruiz dijo que una comisión se crea para estudiar un presunto delito, y que no existía tan presunción en el caso en que dos ediles se fueron al grupo mixto, sino que ambos estaban en contra de que tomara cuerpo una cierta corriente del PP y el partido CPL para alcanzar un pacto “antinatura, como el actual”, afirmó Ruiz Martín.
Joaquín Camacho criticó la postura del grupo socialista y la de su portavoz, particularmente, afeándoles su manera de trabajar y asegurando que ni el PSOE ni su portavoz son alternativa de gobierno en Loja.
Llegada la hora de la votación, de nuevo fue necesario el voto de calidad del alcalde para sacar adelante la propuesta, por lo que se confirmó la creación de tal comisión investigadora.
El apartado de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente dio un cierto respiro a la tensa sesión que se vivía esa noche en el Palacio de Narváez, de tal forma que, prácticamente de un plumazo, se despacharon por unanimidad los expedientes relativos a la ordenanza reguladora del ejercicio de actividades comerciales económicas y de servicios; una moción de CPL sobre el manifiesto por una Loja y una Andalucía libre de transgénicos y con soberanía alimentaria; otra moción del PP solicitando a la Junta de Andalucía la ejecución de los programas de transformación de infravivienda, así como la correspondiente a los programas de rehabilitación autonómica. No obstante, en estos dos últimos casos, el alcalde criticó la tardanza de la Junta de Andalucía en hacer frente a sus compromisos adquiridos con los propietarios de inmuebles a los que se les había aprobado la solicitud de mejora de su vivienda.
Situados ya en el bloque de Bienestar Social, se aprobaba con los votos a favor de PP y PSOE una modificación del reglamento del Consejo Municipal de Personas Mayores, propuesta por la concejal de Bienestar Social, Matilde Ortiz. Se dio cuenta, a renglón seguido, de la modificación del reglamento de uso y funcionamiento de las instalaciones deportivas municipales; así como del manifiesto del Día Internacional contra la Violencia de Género leído el 25 de noviembre en la puerta del Ayuntamiento; y se aprobó por unanimidad una moción con el mismo argumento.
Igualmente de forma unánime, aunque no exento de discusión, se aprobó una moción de CPL solicitando la ampliación de las instalaciones del colegio Taxara, al que pertenece el alumnado de Arroyo Milanos, y que mientras tanto se ocupe provisionalmente parte de la sede del centro municipal de esa localidad lojeña.
Y cerrando el orden del día inicialmente previsto se dio paso a una moción del PSOE por la que su ponente, Isabel Pavón, planteaba el rechazo al copago farmacéutico para medicamentos dispensados en los servicios de farmacia hospitalaria. La edil socialista calificó de injusto y generador de desigualdades dicho copago, llegando incluso a denunciar que había enfermos crónicos que no podían enfrentarse al mismo, dado que, en muchos casos, a esas aportaciones tenían que sumar las de transporte sanitario o el copago farmacéutico habitual.
El alcalde rechazó la calificación de injusticia pues la normativa establece cómo y cuánto ha de pagar cada persona, indicando que en el máximo se situaba la cantidad de 4,20 euros al mes por enfermo hospitalizado, mientras que las personas con menos recursos económicos no tendrían que abonar nada. A las necesidades de ahorrar gastos en la factura farmacéutica planteada por Joaquín Camacho le respondió Isabel Pavón que ese ahorro se puede hacer mediante las líneas que defiende la Junta de Andalucía y que judicializa el PP, tales como son la subasta de medicamentos, recurrida por el Gobierno de España o la exigencia a las grandes empresas farmacéuticas de precios justos para los medicamentos. La propuesta salió adelante con los votos a favor de PSOE y CPL, y el voto en contra del PP.
Con carácter de urgencia hubieron de tratarse dos modificaciones de crédito, la primera de ellas era para atender necesidades financieras de Sociedad de Comunicación de Loja S.L., por un importe de 15.000 euros. Se trataba, dijo el alcalde de posibilitar el pago de nóminas y Cuotas de la seguridad Social de los trajadores de Onda Loja Radio y El Corto de Loja.
Tanto el portavoz del PSOE, como el de CPL mostraron su disconformidad con que ese expediente no hubiese estado en tiempo y forma listo para ser estudiado por sus correspondientes grupos, no obstante y tratándose de una modificación de crédito que permitiera cobrar a los trabajadores, accedieron a votar su urgencia y abstenerse en la votación, permitiendo así que el asunto prosperara, no sin antes criticar la gestión de esta sociedad pública y aclarando que no podrían haber votado si o no por no conocer nada del asunto.
La segunda modificación se justificaba en la necesidad de adquirir equipos técnicos para la proyección de cine en el Centro Cívico, alcanzándose en este punto la unanimidad de todos los corporativos.
Pleno extraordinario carretera de Ventorros
Previo a la realización de la sesión ordinaria, el pleno se constituyó para celebrar una sesión extraordinaria, tal como ocurre todos los meses, exigiendo a la Junta de Andalucía la mejora de la carretera de Ventorros de San José. Y con idéntico resultado en la votación a los casos anteriores se alcanzó la unanimidad de los tres grupos, no sin antes considerar importante que el grupo parlamentario del PSOE hubiese presentado una proposición no de ley para que se urja la realización de este proyecto, y la enmienda que el grupo del PP ha previsto para los presupuestos generales de la comunidad de 2014, pidiendo que se incorpore una partida para esta carretera.
