El pleno municipal de este mes de julio dejó un momento poco habitual en una sesión plenaria: la retirada de un expediente segundos antes de ser votado ante la advertencia de ilegalidad del secretario municipal. Ocurrió en un punto en el que el gobierno municipal pretendía aprobar una propuesta del sindicato policial SPLIG para regular los servicios extraordinarios del cuerpo. El documento no se llegó a votar, debido a las consecuencias legales que tendría para los concejales que lo aprobasen.
Según defendió el concejal de Recursos Humanos, José Barea, se trataba de un texto “robusto, fiscalizable y alineado con la normativa estatal, local y autonómica” al que se había llegado tras ser negociado en la mesa de negociación. Expuso que se buscaba “blindar jurídicamente al Ayuntamiento frente a reclamaciones de consolidación salarial y dobles pagos” y que se articulaba en tres ejes esenciales. Por un lado, delimitando el complemento específico, de manera que “no se puedan pagar como servicios extraordinarios nada que ya esté retribuido”. Por otro, definiendo la activación policial, “con la incorporación efectiva al servicio fuera de la jornada por un periodo no superior a dos horas”. Y también estableciendo “los efectivos necesarios para considerar que un servicio es extraordinario por sustitución imprescindible”.
Barea defendió, además, que obligaba a emitir informes de Recursos Humanos y de la jefatura “si un servicio extraordinario se vuelve recurrente” y ponía de manifiesto “la preferencia del descanso como una prioridad, lo que aliviaría la carga presupuestaria municipal”.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Los partidos de la oposición, PSOE y VOX, también advirtieron de la ilegalidad de la propuesta, mencionando los informes contrarios de los técnicos municipales. El secretario quiso dejar constancia en la junta de portavoces de la ilegalidad de la propuesta, alertando, entre otras cuestiones, del “doble cobro por un mismo concepto”, como la nocturnidad, festividad, disponibilidad, peligrosidad y la turnicidad, “que son condiciones estructurales de puesto policial y ya están retribuidas en el Complemento Específico”.
Por otro lado, el interventor mostraba en su informe la inviabilidad económica de la propuesta, además de evidenciar “una insuficiencia estructural de plantilla” ante el hecho de que “todos los meses hagan falta horas extras para cubrir los servicios mínimos”. Además, exponía la importante cuantía económica que se había gastado hasta el momento en horas extras y el “efecto arrastre” que podría acarrear en el resto de trabajadores.
Y también el informe de la jefatura de Recursos Humanos que, aunque favorable, exponía una decena de cautelas, alertando de la “desnaturalización de los servicios extraordinarios”.
El portavoz de VOX, Jesús Lobato, mostró su apoyo a la Policía Local, afirmó ser consciente del problema de inseguridad que sufre el municipio, pero defendió que su postura se iba a guiar por los informes negativos de los técnicos. Expuso además las posibles soluciones que se deslizaban en los documentos, como “la ampliación de la plantilla, la planificación de recursos y la estabilización de efectivos”.
Por su parte, el portavoz del PSOE, Antonio García, criticó que el gobierno municipal volviera “a caer en la misma piedra”, trayendo una propuesta “que vuelve a tener serias dudas en cuando a su legalidad y beneficiando nuevamente al mismo colectivo de trabajadores”. Criticó que esta medida solo fuera para la policía y no para otros trabajadores municipales que también trabajan por la noche y los fines de semana. Recordó que el sindicato mayoritario del ayuntamiento se retiró de la mesa de negociación por no estar de acuerdo con la propuesta. “Estamos de acuerdo en que hay que buscar soluciones a la inseguridad del municipio, pero no saltándose las normas”, sentenció García.
Tanto Lobato como García defendieron que se debería respetar el acuerdo alcanzado en 2023 con los representantes municipales, de subir un 30% el Complemento Específico de toda la plantilla del ayuntamiento. “Otra vez se intenta una subida parcial a un grupo de trabajadores, discriminando al resto que espera una subida”, expusieron.
El alcalde, Joaquín Ordóñez, defendió que esta era la única herramienta que tenía el gobierno municipal “de luchar contra la delincuencia”, justificando que la norma ya se estaba aplicando en otros municipios “y hay mucha jurisprudencia que nos da la razón y otra que nos la quita”.
Añadió que “se iba a votar algo que según el secretario era ilegal”, pero justificando la “controversia entre diferentes técnicos”.
Justo en el momento en el que se iba a votar, el secretario municipal tomó la palabra para poner en conocimiento de los concejales que, bajo su criterio, la propuesta que se iba a votar “no se ajusta a la legalidad vigente, con las consecuencias jurídicas que podría conllevar la aprobación de la misma”.
A pesar de la advertencia del secretario, el alcalde decidió seguir adelante con la votación, siendo consciente del riesgo que corrían los corporativos: “Sabemos el riesgo que podemos tener, pero queremos más seguridad en nuestras calles; tenemos que asegurar que haya policía 24 horas, fines de semana y festivos”, justificó. Ante las dudas y el temor que generaron las palabras del secretario, concejales del gobierno municipal pidieron al regidor un receso para estudiar la votación.
Tras la pausa, el regidor expuso su decisión de retirar el punto del orden del día. Tras consultar el asunto con los servicios jurídicos, aprobar el expediente podría acarrear consecuencias para las personas que votasen a favor, “como la inhabilitación como cargo público o, incluso, como funcionarios públicos”. “En el equipo de gobierno hay varias personas que son funcionarios, por lo que evidentemente hemos decidido no seguir adelante con este punto”, explicó el regidor.
El alcalde lamentó que la propuesta no pudiera salir adelante. “Lo hemos intentado, era un compromiso que teníamos con la policía local para seguir mejorando la seguridad ciudadana en el municipio, pero la legalidad nos lo impide”, expuso Ordóñez, explicando que se pedirá asistencia jurídica externa, “de otras administraciones o, incluso, privada, que nos den una seguridad y nos expliquen por qué esto se puede hacer en otros municipios y por qué aquí no”.
