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miércoles, 19 de junio de 2024

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La comisión municipal creada para investigar el caso de Caro Derqui acaba sin encontrar indicios de ilegalidad

El alcalde asegura que no hay novedades porque no había nada que ocultar

La comisión municipal creada a instancias del pleno de la corporación para tratar de esclarecer los hechos que ocurrieron con motivo de la renuncia del concejal popular, Antonio María Caro Derqui, y la presunta relación que tuviera esa decisión con el contrato que formalizó Diputación de Granada con el bufete del ex-concejal, ha finalizado sin que apreciara ningún delito ni hecho reprobables, según ha informado el alcalde de Loja, Joaquín Camacho.

Dicha comisión nació a petición del grupo municipal socialista y la aprobación unánime de todos los ediles de que así se hiciera, nombrando cada uno de los partidos a sus representantes en la misma.

Y será el pleno municipal quien entienda del asunto cuando en la próxima sesión se den a conocer las conclusiones alcanzadas por la comisión investigadora.

Previo a la finalización de los trabajos de este comité lojeño, en el mes de abril pasado la fiscalía de Granada archivaba la denuncia presentada por varios diputados provinciales socialistas en diciembre de 2013, contra los responsables de la empresa pública de vivienda Visogsa y el exconcejal  del Partido Popular de Loja Antonio María Caro Derqui. La entidad, perteneciente a la Diputación de Granada, firmó un contrato con el bufete de abogados de Caro Derqui un día antes de que éste renunciara al acta de concejal en el Consistorio lojeño, en donde sus desencuentros con el regidor Joaquín Camacho habían originado una crisis de gobierno. 

Los diputados socialistas acusaron a la Diputación, en manos del PP, de amañar el expediente de contratación para favorecer al exconcejal y solucionar así la inestabilidad política originada en el Ayuntamiento de Loja. Según el PSOE, Visogsa utilizó un procedimiento negociado sin publicidad en el que invitó a otras dos empresas que no se disputaron en serio el contrato. Sin embargo, la fiscalía entiende que en el proceso no se produjo ningún delito de prevaricación, como apuntaba la denuncia. 

Ahora, el regidor, Joaquín Camacho, acusa al PSOE de Loja de haber querido dañar al PP local y provincial, de forma general, y más concretamente de socavar la imagen del presidente de Diputación Provincial, Sebastián Pérez, al que trataban de inculpar, así como a la vicepresidenta de la corporación provincial, Luisa García Chamorro, o al senador Antonio Ayllón, ha asegurado el alcalde.

Así mismo, Camacho ha referido que la conclusión a la que han llegado los socialistas lojeños, tras finalizar los trabajos la comisión de investigación municipal, es “la nula voluntad política del equipo de gobierno para aclarar los hechos”.

Igualmente, Joaquín Camacho ha calificado de “incongruente” la actitud del PSOE “que sólo querían sacar adelante sus conclusiones, hasta el punto de que estaban dispuestos a modificarlas si las apoyaba CPL”.

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