Con una de sus principales plazas de tratamiento en Loja, la empresa Recilec, que se dedica a la recogida, transporte, almacenamiento y tratamiento de equipos eléctricos e informaticos, se enfrenta a uno de los problemas que más está debilitando el sector: los robos y la competencia desleal, según ha informado su gerente, Leonardo Díaz. Su ámbito de actuación abarca las comunidades de Andalucía, Extremadura, Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Los efectos van más allá de la pérdida de trabajadores, pues el hecho de que estos aparatos no lleguen a las plantas de reciclaje que cuentan con autorización para dicha actividad provoca que la mayor parte de los elementos altamente tóxicos acaben dañando el medio ambiente, motivo por el cual muchos empresarios del sector exigen mayor beligerancia a las administraciones para impedir esta situación.
Recilec comenzó a funcionar el 12 de mayo de 2004. Su creación surgió a propuesta de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía antes de que en junio de 2005 se aprobara el real decreto por el que se regula la recogida de aparatos eléctricos y electrónicos, normativa con la que se atiende la directriz europea sobre este asunto. Para constituir la empresa se contó con dos socios mayoritarios que ya acumulaban experiencia en el sector: Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) e Indumetal Recycling, con el 37,5% del capital cada uno. A ellos se sumaba el citado organismo público que posee un 25% de participación. En aquella fecha la inversión era de 9,2 millones de euros, cantidad que a día de hoy alcanza los 11,5 millones.
Entre sus clientes están distintas entidades locales y organismos públicos, industrias o instaladores y servicios técnicos. Asismismo, entre sus objetivos destacan la “gestión sostenible” de los residuos de aparatos eléctricos, pilas y acumuladores.
El 90% de los productos para ser transformados que recibe esta empresa proceden de los sistemas integrados de gestión (SIG), esto es, los órganos formados por los fabricantes de dichos productos para reciclarlos y en los que participan en función de su cuota de mercado. Estos SIG se constituyeron al obligar la normativa española a los ciudadanos a pagar una tasa de reciclaje cada vez que se compra un artículo de estas características, importe que pasa a manos del fabricante para aportarlo a los referidos sistemas.