El pleno de la corporación municipal se reunía el pasado jueves en una sesión extraordinaria, aunque prácticamente tuvo carácter y tratamiento ordinario, al ser la correspondiente al mes de enero. De nuevo, el pleno estuvo marcado por el debate y el enfrentamiento político, lo que hizo que se prolongara casi hasta la media noche. Y es que la sesión, que comenzó con 45 minutos de retraso sobre la hora prevista, finalizó apenas quince minutos antes del día siguiente.
Como viene siendo habitual en los últimos meses, se comenzaba en primer lugar con el pleno extraordinario sobre la carretera de Ventorros de San José, en el que, una vez los ediles volvían a aprobar la petición a la Junta de Andalucía del arreglo de la carretera entre Loja y Ventorros de San José.
Seguidamente se pasó a la sesión extraordinaria correspondiente a este mes de enero. Antes de pasar a desarrollar los diferentes puntos previstos en el orden del día, se guardó un minuto de silencio en memoria del que fuera alcalde de Loja, don Manuel Torres Rivas, fallecido recientemente.
Ya dentro del apartado de Gobernación, se daba cuenta sobre la renuncia del anterior portavoz del grupo municipal socialista, Andrés Ruiz Martín, y la designación del nuevo portavoz de dicho grupo, Juan Cobos. A continuación se aprobaba por unanimidad la resolución del contrato de demolición parcial y ampliación de la Residencia de Personas Mayores ‘Nuestra Señora de la Misericordia’ suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa Imaga, Proyectos y Construcciones. Si bien, como hemos señalado, se aprobaría por unanimidad, este punto tuvo un largo debate entre los ediles.
El alcalde, Joaquín Camacho, recordó que se trata de una infraestructura muy importante y necesaria y destacó que el objetivo que se pretende es que la ampliación de la Residencia pueda ponerse en marcha lo antes posible. Camacho recordó que había un escollo, que venía desde el año 2011, y es que la empresa que estaba realizando la construcción de la ampliación de la Residencia, había desaparecido como tal y había entrado en concurso de acreedores, lo que supuso que dejara la obra paralizada desde febrero de ese año 2011. Por eso, y con la intención de poder concluir la ampliación lo antes posible, el procedimiento requería en primer lugar liquidar el contrato con la empresa que era responsable de la construcción y a partir de ahí seguir los cauces normales y encomendar la misma a otra empresa que pueda llevar a buen puerto la finalización de las obras de ampliación.
A continuación intervino la concejala socialista Josefa Jiménez quien preguntó el motivo de esperar un año y ocho meses para iniciar este expediente, cuando en abril de 2012 ya se conocía que la empresa no iba a poder finalizar la obra y señaló la preocupación de su grupo por el hecho de que, si la valoración de daños y perjuicios se realiza una vez se rescinde el contrato, cómo se están realizando obras por parte de otra empresa en el mismo solar que ocupa la ampliación de la Residencia por la realización de la Casa de Hermandad de Jesús Preso, que está justo al lado. Según Jiménez, esto podría perjudicar a la hora de la valoración de los daños y perjuicios con la empresa que estaba realizando las obras de ampliación.
El alcalde señaló que le alegraba que el PSOE se preocupe por esta obra, y aseguró que se están siguiendo los cauces legales para que la obra se ponga en valor lo antes posible, una vez que la empresa ya no existe, aunque habrá que dar el plazo de diez días para que pueda presentar las alegaciones que considere oportunas, añadiendo que las obras que se están haciendo al lado pertenecen a la propiedad del solar en el que se está actuando y se está realizando porque hay un convenio firmado en su día por el anterior presidente de la Fundación Nuestra Señora de la Misericordia, Miguel Castellano, con la Hermandad de Jesús Preso, la Santa Vera Cruz y Nuestra Señora de los Dolores. En ese convenio se reflejaba que la Hermandad, que es la propietaria del solar, cede unos metros para la ampliación de la Residencia a cambio de que la Fundación realizara unas obras consistentes en acondicionamiento de terrenos, cimentación, saneamiento, estructura, cubierta, seguridad y salud de la obra, control de calidad y el proyecto técnico básico. Todo esto tenía que hacerlo la Fundación Nuestra Señora de la Misericordia, como pago del terreno que la Hermandad le daba para la ampliación de la Residencia. “Así pues –añadió Joaquín Camacho- este alcalde lo único que hace es cumplir un convenio firmado por el anterior presidente, en el que se daban unos plazos que no se han cumplido, pues han pasado más de siete años y ya es hora de que se dé respuesta”. En cualquier caso, el primer edil aseguró que “esto no va a afectar a la parte de la ampliación y si hubiera algún perjuicio esta empresa restituiría el daño”. Recordó, además, el alcalde, que la cuantía que se adeuda a la Hermandad por las obras de este convenio asciende a más de 93.000 euros y que es la Residencia la que la paga, no el Ayuntamiento.
Josefa Jiménez argumentó que el convenio con la Hermandad no se estaba obligado a cumplirlo hasta que no finalizaran las obras de la ampliación de la Residencia. En ese sentido, añadió que se había despedido a la directora de la Fundación por falta de fondos, cuando se está acometiendo una obra que, según el convenio, todavía no había que hacer, y, sin embargo, se ha puesto parte del dinero de las nóminas de los trabajadores para esta actuación correspondiente al convenio de la Casa de Hermandad.
El alcalde le respondió señalando que la Residencia es una Fundación independiente al Ayuntamiento y añadió que esa misma mañana se había reunido con los trabajadores de la Residencia para explicarles todos los conceptos y la situación y para dar la cara. Según Camacho “sin ser del Ayuntamiento, Josefa Jiménez ha hecho una serie de aseveraciones, sin conocer o leer el convenio, pues, según el mismo, la Fundación se obliga a realizar las obras en un plazo no superior a un año desde la firma del convenio y eso se firmó el 15 de octubre de 2009”. Por tanto, según añadió, si se hubiera cumplido lo firmado en el convenio el pago a la Hermandad se tendría que haber hecho el 15 de octubre de 2010 como pago a esos metros que la Hermandad da a la Residencia. “Así pues esto lleva tres años de retraso”, argumentó el alcalde.
Joaquín Camacho también recordó que la situación de la Residencia es nefasta. De hecho, añadió, “esta es sólo una de las deudas que había contraídas, pues hay que añadir que de la gestión del anterior presidente, Miguel Castellano, se dejó una deuda con la Agencia Tributaria de 140.000 euros, con la Seguridad Social de más de 1.300.000 euros, un préstamo con Caja Granada de 15.000 euros y otro préstamo con la Caixa de 115.000 euros”. El primer edil recordó que a proveedores se le deben 116.000 euros, además de 28.000 euros de luz y a los trabajadores 167.000 euros. Además, añadió que a los trabajadores se les ha pagado ahora el 75% de la nómina de noviembre, mientras que del convenio con la Junta de Andalucía el Ayuntamiento ha cobrado septiembre, por lo que, “gracias a un gran esfuerzo que estamos realizando vamos dos meses por delante de lo que nos paga la Junta”, aseguró Camacho, quien añadió que “no hay más remedio que realizar ajustes y el que se ha tenido que hacer es prescindir de la directora que había en la Fundación, porque tenía un sueldo bruto de más de 60.000 euros anuales y ahora las funciones de dirección las asume otra trabajadora, sin cobrar ni un céntimo más que lo que tiene asignado como psicóloga”.
Camacho finalizó señalando que “con estas decisiones y con la ampliación de la Residencia tenemos que conseguir la viabilidad de la misma, ya que lleva cuatro o cinco años siendo totalmente inviable”.
Josefa Jiménez insistió en que las nóminas de los trabajadores deben ser antes que el convenio y una Casa de Hermandad, a lo que el alcalde le replicó señalando que sobre el tema de la residencia a él no le podía dar lecciones de seriedad, añadiendo que “el responsable de todo esto es el anterior presidente de la Fundación y ex alcalde de Loja, Miguel Castellano”.
Tras el largo debate sobre el tema de la Residencia, se pasaría a la votación, aprobándose por unanimidad el expediente, por el que se llevará a cabo la resolución del contrato con la empresa Imaga, Proyectos y Construcciones.
Intenso fue el debate también en el siguiente punto, también dentro del apartado de Gobernación. Se trataba de una moción elevada al pleno por el grupo municipal de Convocatoria por Loja sobre declaración del proyecto de Ley denominado de Protección de Seguridad Ciudadana. La propuesta pedía manifestar el rechazo del pleno a esta Ley y trasladarlo al Congreso de los Diputados y al Ministerio del Interior. Este asunto se aprobaría por mayoría con los votos a favor de CpL y PSOE y en contra del PP.
En la exposición de motivos el portavoz de CpL, Antonio Ramón Molina, aseguró que, con esta Ley que quiere implantar el Gobierno de España, “se pretenden recortar los derechos sociales e individuales que tenemos los ciudadanos”, asegurando que “se está haciendo una refundación del Estado de Bienestar, suprimiéndolo o reduciéndolo a su máxima expresión”. Molina señaló que, con esta Ley, y según recoge la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía, Concha Caballero, en un artículo “que nosotros suscribimos”, añadió, no se van a poder realizar en un futuro manifestaciones, ni acompañar a las víctimas de los desahucios, ni grabar las actuaciones policiales, así como colgar pancartas y banderas en edificios, recoger firmas o repartir propaganda, entre otras cuestiones. Según el portavoz de CpL “el Gobierno está tocando con esta Ley el nervio del sistema democrático”.
La portavoz popular, Mª Jesús Ruiz Azañedo, respondió a la exposición del portavoz de CpL, señalando que “en vista de lo que ha dicho el señor Molina casi estoy por irme de España, pues nos ha pintado un panorama bastante difícil”, añadiendo que le parecían “tremendas” las declaraciones del portavoz de Convocatoria, añadiendo que “no debe haberse leído la Ley y se basa en un artículo de Concha Caballero “pues no se ajustan en absoluto a la realidad de lo que pretende este proyecto de Ley, según aseguró.
Por su parte, el portavoz socialista, Juan Cobos, coincidió con Convocatoria por Loja en que “son continuos los recortes de las libertades por parte del Gobierno y aseguró que “ya no nos sorprende nada del Gobierno de Rajoy” y que “la Ley recorta a los mismos profesionales”, añadiendo que no entendía cómo el gobierno municipal defiende algo que es indefendible.
El debate continuó y se alargó con nuevas intervenciones por parte de los tres grupos. Convocatoria por Loja defendía la moción e insistía en las repercusiones que la Ley tendrá en un estado democrático como el nuestro. Por su parte, el Partido Popular, en palabras de su portavoz, destacaba la gravedad de las aseveraciones y en cómo se planteaba la moción. Mientras tanto, el PSOE asegura que el “Partido Popular quiere coartar que los ciudadanos reivindiquemos” y añadió que “estas cosas las hemos visto en Loja cuando se han retirado pancartas”.
Después del largo e intenso debate se aprobaría la moción, como señalábamos al inicio, con los votos a favor de CpL y PSOE y en contra de PP.
A continuación se abordaría el apartado de Hacienda. En primer lugar se aprobó con los votos favorables de PP y CpL y la abstención del PSOE un expediente relativo al presupuesto de 2012. También en este apartado se daba cuenta de diferentes modificaciones de crédito.
Ya en el apartado de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente, en primer lugar se retiraba del orden del día por acuerdo de los tres grupos municipales, un expediente relativo a convenio urbanístico para cesión de vial en Ventorros de San José.
A continuación se abordaba una moción para solicitar a la Consejería de Fomento y Vivienda la urbanización de terrenos en el paraje El Terciado. Este asunto acabó también retirándose del orden del día para abordarlo en otra sesión, aunque los tres grupos están de acuerdo en la cuestión. Tal y como explicó el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Antonio Manuel Cobos, se trata de solicitar a la Consejería de Fomento y Vivienda que lleve a cabo una actuación en las casas que hay frente al Restaurante Gálvez fruto de un acuerdo que data del año 1987 a través de un convenio en el que se acordó que, a cambio de la cesión gratuita por parte del Ayuntamiento del espacio para la construcción de esta urbanización, la Consejería se comprometía a encargarse de la urbanización y la ejecución de viales, espacios libres y más servicios urbanísticos. Teniendo en cuenta que después de todos estos años no se ha llevado a cabo ninguna actuación y habiendo alguna zona en bastante mal estado y espacio suficiente para llevarlas a cabo, la idea era preguntar a la Consejería el motivo de no haber cumplido el convenio e instarla a que lo haga, dote a esta urbanización de unas zonas verdes y arregle la misma.
El asunto se retiró del orden del día a petición del portavoz socialista, ya que, aunque señaló estar de acuerdo y en la comisión se había aprobado por unanimidad, preferían dejarlo para tener tiempo de estudiar la situación y el expediente y ver si se ha desbloqueado o no un tema judicial que afectaba a estos terrenos.
Finalmente, el Partido Popular aceptó esperar a conocer el estado del expediente y poder acometerlo en el próximo pleno, pues su deseo es que se haga por unanimidad de todo el pleno, lamentando, eso sí, que después de tantos años esto no se haya resuelto, añadiendo que ya se han hecho dos requerimientos a la Junta y no se ha recibido ninguna respuesta hasta el momento.
A continuación se aprobó por unanimidad otra moción presentada por el grupo municipal socialista sobre arreglo y mejora de la carretera de acceso a Fuente Camacho. Tal y como explicó el portavoz del PSOE, Juan Cobos, se refería al acceso principal por la Autovía entre Salinas y Fuente Camacho en una carretera de propiedad municipal, algo que, dijo, no tiene sentido y debe ser la Diputación la que la matricule, añadiendo que tiene mucho tráfico y está en muy malas condiciones. La moción pedía, por tanto, que sea asumida por la Diputación Provincial y que se proceda al arreglo e instalación de señales viales.
El portavoz de CpL señaló que apoyaban la petición, añadiendo que esta carretera debería estar matriculada en la Diputación hace tiempo. Antonio Ramón Molina solicitó que se incluyera también en la misma, para que sea asumida también por la Diputación, otra carretera, la que comunica el puerto de Los Alazores con Villanueva del Trabuco, a lo que Juan Cobos respondió que su grupo prefería dejar la moción tal y como estaba y ver en futuros plenos la otra carretera y otras que también hay que tratar. Así se hizo, aprobándose por unanimidad la moción tal y como había sido planteada por los socialistas.
También por unanimidad se aprobó un expediente relativo al Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios municipales 2014-2015. El concejal de Medio Rural, Antonio Ramón Molina, explicó que lo que se venía a hacer con este asunto era ratificar y modificar el planteamiento de unos años atrás, cuando se hizo el plan de Obras y Servicios. Así, dijo, la calle Espinosa, que se había incluido en dicho plan, se va a realizar con el PFEA, por lo que había que sacarla del de Obras y Servicios, manteniéndose el arreglo del asfaltado para la conexión entre Fuente Camacho y Villanueva del Trabuco. Molina dijo que esperan que se pueda hacer, recordando que está financiada al 50% por parte de la Diputación y el otro 50% el Ayuntamiento, al que, por tanto, corresponde una cuantía de 150.000 euros. Según añadió es inminente la inversión y el comienzo de las obras en el paso sobre el Arroyo Guantero, la conexión de Torre-Ajicampe con La Fábrica y la conexión de los colectores a todo el núcleo de población de Cerro Vidriero.
Por su parte, el alcalde señaló que es una satisfacción para el Partido Popular traer un Plan Provincial de Obras y Servicios al pleno, “sobre todo porque es uno de los planes junto con el PFEA que, ahora que no hay recursos, generan movimiento económico, riqueza y sobre todo empleo en las ciudades y los pueblos del medio rural. Joaquín Camacho añadió que desde la Diputación Provincial se le va a dar máxima prioridad a los planes de Obras y Servicios.
El portavoz del PSOE, Juan Cobos dijo que a su grupo le alegraba que, por una vez, la Diputación haga caso al Equipo de Gobierno de Loja, al que instó para que las empresas que realicen las actuaciones sean lojeñas, pidiéndoles que estén atentos para que esto se cumpla. Al respecto, Antonio Ramón Molina respondió señalando que lo primero que se hace es mirar el listado de empresas y que se le había enviado a la Diputación el acuerdo del último pleno, en el que se aprobó una moción pidiendo precisamente que se tenga en cuenta que sean empresas lojeñas las que lleven a cabo este tipo de actuaciones, y esto permita que se dé empleo, por tanto, a trabajadores de Loja.
A continuación se abordaba el apartado de Bienestar Social, en el que, en primer lugar, se daba cuenta del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Consejería de Salud y Bienestar Social sobre el Centro de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones para el ejercicio 2014. Según señaló el alcalde, Joaquín Camacho, “el Equipo de Gobierno realiza un gran esfuerzo económico y pone de manifiesto en la práctica que este centro sigue adelante a pesar de no tener ni siquiera la resolución de la Junta que diga lo que nos manda para el programa”. El alcalde informó que el Ayuntamiento sigue aportando el mismo porcentaje que hasta ahora, el 45%, por lo que, dijo “no se recortan servicios sociales y no se recorta en el Centro de Tratamiento de Adicciones”, añadiendo que espera que la Junta también aporte su 55% para conseguir que el servicio se mantenga y siga adelante y los usuarios puedan seguir siendo tratados por las tres profesionales del centro.
Al respecto, la concejala socialista Josefa Jiménez, le respondió que habrá que ver cómo la Junta cuadra sus números ante los recortes del Gobierno de España, añadiendo que el discurso sobre la falta de apoyo de la Junta de Andalucía se lo debe trasladar al Equipo de Gobierno a nivel nacional. Joaquín Camacho respondió que él y el Equipo de Gobierno de Loja creen y apuestan por los servicios sociales y que si el Gobierno Central o la Junta de Andalucía no lo hacen, será el primero que critique tanto a unos como otros y se queje sobre esa falta de apoyos.
En el mismo apartado de Bienestar Social se retiraban otras dos mociones del orden del día para abordarlas en una próxima sesión. La primera de ellas se refería a la proposición de Ley de Protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, que promovía el grupo municipal de Convocatoria por Loja. La segunda, que era presentada por el grupo socialista, y que fue retirada a petición del propio grupo, se refería al tratamiento fiscal a las pensiones de los emigrantes retornados.
Tras este apartado se pasó al de protocolo. En el mismo, en primer lugar se trasladó el pésame a los familiares del ex alcalde Manuel Torres Rivas, así como al propio Ayuntamiento. Igualmente se trasladó el pésame a Ana Ávila, directora del área de Servicios Sociales y a Mª Teresa Mesa Molina, trabajadora del Taller de Empleo, en ambos casos por el fallecimiento de su padre, así como a Enrique Gómez, por el fallecimiento de su suegro. El capítulo de felicitaciones tuvo como protagonistas a la trabajadora Ana Vílchez por el nacimiento de un hijo, además de agradecerse la labor de Pilar Rama durante muchos años por su trabajo en servicios sociales de ayuda y tratamiento con las personas y a los bomberos de Loja por su actuación en el incendio de Moraleda de Zafayona que permitió salvar la vida de una mujer y de su hija. Por su parte, el concejal de Fiestas, Joaquín Ordóñez dio las gracias y la enhorabuena a todos los trabajadores, voluntarios y colaboradores que han hecho posible el desarrollo de todas las actividades durante la pasada Navidad.
Por último, se dio paso al apartado de Ruegos y Preguntas, en el que la edil socialista, Josefa Jiménez preguntó si se habían detectado los motivos de una serie de apagones, tanto en la zona de los Alacranes como en la zona entre el Puente Aliatar y el Cerro. Por otro lado, requería de servicios sociales los datos referentes al decreto de exclusión social de la Junta. Sobre la primera cuestión lamentó no poder contestar en ese momento al no estar presente ya en la sesión su compañera Hilaria Muñoz, responsable del área de Servicios y Mantenimiento. En cuanto a la petición de los datos del decreto de exclusión social, el alcalde dijo que se les pasarían los datos por escrito, añadiendo que estas personas a las que se les había prestado ese servicio, se han quedado ahora sin el mismo, por lo que manifestó su esperanza de que se pueda encontrar una solución económica para que se les pueda seguir prestando esa ayuda.
Con este último apartado de Ruegos y Preguntas finalizaba una sesión marcada, una vez más, por el amplio debate, especialmente en las diferentes mociones que se abordaron y que se prolongó hasta las tres horas de duración. De hecho, habría rebasado ampliamente este tiempo de no ser porque se retiraron tres de las cinco mociones previstas en el pleno.