La viceportavoz y la concejal del Grupo Municipal Socialista, Maria del Carmen López y Juana Mancilla, respectivamente, han rechazado taxativamente los Presupuestos Generales del Estado que ha elaborado el Gobierno de Mariano Rajoy para el año 2016; al tiempo que denunciaban los problemas originados por el PP al reducir drásticamente la aportación gubernamental para el desarrollo de la Ley de la Dependencia en Andalucía.
López denunció que la cuentas anuales presentadas por el PP son “electoralistas, populistas y no reflejan en absoluto la realidad de los españoles, creando, además desigualdad” y añadía que habiéndose constatado un aumento del paro tras el mes de agosto, en dichos presupuestos “no se apoya la creación de empleo y se lucha contra el desempleo”.
La también vicesecretaria general de la Agrupación Socialista Lojeña puso de manifiesto que es una previsión que puede que no llegue a llevarse a cabo, dada la proximidad de las elecciones generales en el mes de diciembre.
“En dichos presupuestos, para Loja -concretó María del Carmen López- sólo se contempla la chapuza del AVE”, que si se hubiera hecho por la Variante Sur hubiera supuesto una actuación adecuada para las necesidades de la alta velocidad y habría generado un mayor aporte económico y de trabajo para los lojeños, aseguró la socialista.
Por su parte, Juana Mancilla, realizó una llamada de atención a la ciudadanía sobre las dificultades que la Junta de Andalucía está teniendo para aplicar adecuadamente los recursos que contempla la Ley de la Dependencia que fue aprobada durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, a causa de las “trabas y recortes” que está haciendo el PP desde el Gobierno de España, en lo que consideró un “auténtico desmantelamiento a espaldas del Parlamento”.
Tomando como referencia las conclusiones del Observatorio Estatal para la Dependencia, compuesto por los directores y gerentes de Servicios Sociales, de las que puso de relieve su independencia y objetividad, Juana Mancilla informó de que la Ley estipulaba la cofinanciación entre el Gobierno de España y el de las respectivas comunidades autónomas al 50%; y cómo esa distribución se modificó por el PP, pasando a un 72% a cargo de la comunidad andaluza y un 28 a cargo del Ministerio de Asuntos Sociales.
Pero además, continuó Mancilla, “en 2013 se volvió a sustraer otro 13% más de recorte sobre el anterior, y se incorporó al usuario como parte financiadora, de tal modo que la distribución quedó de la siguiente manera: de cada 100 euros invertidos, 69 correspondían a la Junta de Andalucía, 19 al usuario y 18 al Gobierno de España. Siendo así la primera vez en la historia de la democracia en la que la aportación de la persona en situación de dependencia era mayor que la del Gobierno central”, aseguró la edil socialista.
Como consecuencia de esa disminución del ejecutivo que preside Rajoy, continuó indicando Mancilla, el Observatorio ha calificado la situación de “muy grave y preocupante” y fijó su atención en el hecho de que la Junta de Andalucía destina 1.131 millones de euros para este menester, mientras que el Gobierno de España destina 1.200 millones para todo el territorio nacional.
Por lo tanto, aseguró la concejal con el informe del Observatorio en la mano, “los problemas existentes en torno a la prestación de los servicios y recursos que contempla la Ley de la Dependencia han de achacarse al Gobierno de España” y añadió que la deuda acumulada de éste con el Gobierno andaluz asciende a 8.000 millones de euros y la suma total que “debería haberse aportado a la Junta se elevaría a 400 millones de euros, por el quebranto acumulado por las modificaciones realizadas de manera unilateral por el ejecutivo de Rajoy”.
Por último, significó que si en el año 2013 se hubieran invertido 1.200 millones en dependencia por el Gobierno central, en lugar de recortar, se habrían creado más de 70.000 puestos de trabajo netos, habría incrementado el número de atendidos en 90.000 y se habrían evitado grandes sufrimientos y esperas, y en un año, mediante retornos directos, indirectos e inducidos, casi la totalidad de la inversión habría revertido en las arcas públicas.
