Sin lugar a dudas, los expedientes referidos a la pandemia del Covid, de cuantos se abordaron en sesión plenaria de la Corporación Municipal de Loja celebrada el 4 de agosto, fueron los más polémicos y debatidos, hasta el punto de que consumieron la mayor parte del tiempo de las cuatro horas que duró.
Y de aquellos otros que componían el orden del día, también algunos se analizaron desde el prisma de las finanzas y las consecuencias de esta difícil situación de la salud pública nacional e internacional.
El primero de cuantos se debatieron desde esa perspectiva fue la moción del Grupo Popular “instando al Gobierno de España a no apropiarse de los recursos de las Entidades Locales”. Como es sabido, en los últimos días el ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, con el visto bueno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha promulgado un decreto ley para que los ayuntamientos que lo deseen pongan a disposición del Gobierno los cantidades de dinero ahorradas en los últimos años (remanentes positivos) en base a una buena gestión financiera de las arcas municipales. Según ha informado Moncloa “la norma permitirá movilizar hasta 5.000 millones para los ayuntamientos con remanentes de tesorería y destinarlos a programas de cuidados de proximidad, movilidad, vivienda, desarrollo sostenible y promoción de la actividad cultural”.
En este sentido, el Gobierno de España transferirá a las entidades locales un máximo de 2.000 millones en 2020 y 3.000 millones en 2021, y desde Moncloa se añade que “el dinero se liberará en dos años para atender la petición de la FEMP de dar a los ayuntamientos un plazo suficiente para ejecutar los 5.000 millones”, explican en la referencia del Consejo de Ministros, en la que también señalan que “el Estado devolverá el importe íntegro del préstamo en un plazo de 10 años a contar desde 2022 aunque el plazo podría alcanzar los 15 años si la Dirección General del Tesoro y Política Financiera ofrece condiciones más ventajosas”.
Hasta ahora estaba vedada la posibilidad de invertir dichos ahorros por una la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que fue aprobada el 27 de abril de 2012, por el Gobierno que presidía Mariano Rajoy y cuyo ministro de Hacienda era Cristobal Montoro.
“LOS AHORROS SON DE LOS LOJEÑOS”
En el salón principal del Palacio de Narváez, la noche del Pleno, el alcalde Joaquín Camacho realizó un extenso alegato en contra de la decisión gubernamental de usar “los ahorros de las corporaciones” y en defensa de la autonomía municipal para gestionar sus propios recursos financieros. En ese sentido arremetió contra el PSOE y el presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, ante lo que consideró una jornada negra de la democracia española al “atentar contra el municipalismo y tratar de quedarse con el dinero de los lojeños que hemos conseguido ahorrar durante los últimos 8 años”.
En ese contexto, Camacho acusó a González de plegarse a los intereses de su partido y no actuar desde la responsabilidad contraída ante la población lojeña, una actitud, añadió, que es la misma que ha seguido el alcalde de Vigo y presidente de la FEMP Abel Caballero, defendiendo ahora algo que unos días atrás había denostado por ir contra el municipalismo y su autonomía. El alcalde pidió que se luche más por todos los partidos para alcanzar un pacto por el municipalismo.
Si bien en ese momento aún no se había promulgado el decreto ley, lo cierto es que ya se conocían todos sus extremos y contra los mismos se posicionó el alcalde, pues no comparte una normativa que va “contra los intereses de los lojeños, pues hemos generado 3 millones de euros de ahorro y ahora no los podemos gastar. Nosotros hemos cumplido ahorrando y ahora el Gobierno quiere repartirlo, entre otros, con ayuntamientos que no han cumplido sus deberes financieros”. Por eso justificó su moción y pidió el apoyo unánime de toda la Corporación.
“LA LEY DE MONTORO LO IMPIDE”
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Mercedes González, se mostró firme en sus argumentos contra la propuesta Popular, partiendo de la defensa de la autonomía de los ayuntamientos, pero argumentando las medidas positivas que ha adoptado hasta ahora el ejecutivo de Sánchez ante la pandemia. A renglón seguido puso el foco en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que se aprobó por el PP, “que es la causante de que esos fondos positivos de las arcas municipales no puedan utilizarse, algo de lo que ahora se quiere olvidar y abstraerse el Partido Popular”. A continuación negó el argumento del alcalde de que el Gobierno se quiere quedar con esos ahorros municipales, en tanto que, “lo que se pretende es darle salida, usarlos sin ir en contra de la Constitución ni vulnerar la Ley de Montoro”. Por eso negó que se atentara contra el municipalismo y que la medida también viene justificada por la situación actual y apostilló que el acogerse al Decreto Ley es algo voluntario.
CONTROVERSIA
Más adelante, ambos ediles debatieron sobre la cantidad ahorrada y las posibilidades de uso del superávit, pidiéndole Camacho a González que no se desdijera de lo aprobado unánimemente en una moción del PP el pasado 5 de mayo, en el que se pedía el uso de los ya citados 3 millones de euros para fines locales, acusándola de no defender los intereses de los lojeños.
Esta última afirmación fue la que más alertó a la portavoz del PSOE, calificando de teatrales las intervenciones del alcalde con expresiones como esa. E insistió en que la paralización de esos remanentes positivos eran culpa de su partido (PP), por ser mayor la deuda municipal que el montante del superávit.
Tras un largo enfrentamiento, Joaquín Camacho propuso retirar la moción que se venía debatiendo, pues aunque ellos tenían mayoría absoluta quería que hubiese unanimidad, y que se volviera a votar la que ya salió adelante el reciente 5 de mayo. Algo que aceptó Mercedes González y finalmente obtuvo el refrendo total del Pleno.
