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domingo, 14 de julio de 2024

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Piden 8 años de cárcel por quedarse 605.000 euros de ayudas a discapacitados con una empresa de Montefrío

Entre las personas afectadas se encuentran cinco lojeños

La Fiscalía de Granada ha solicitado ocho años y medio de cárcel para nueve acusados de aprovechar una empresa de calzados de Montefrío (Granada) para solicitar ayudas a la creación de empleo para discapacitados de la Junta, que otorgó más de 605.000 euros a la firma, que estafó a los beneficiarios, entre los que se encontraban cinco ciudadanos lojeños.

Según el escrito provisional de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Efe, los nueve acusados participaron en diferentes procesos de tramitación de la empresa Diseño y Calzado de Montefrío.

Esta empresa solicitó subvenciones a la Junta de dos líneas diferenciadas y destinadas a la contratación de discapacitados y al mantenimiento de un empleo estable.

Los acusados José Antonio H.G y Antonio R.M. fundaron la empresa, que tenía como administradores a los también procesados Teresa P.S., Sergio Antonio R.C. y Antonio A.M y todos, “con ánimo de enriquecerse” de manera ilícita, solicitaron las ayudas de la Junta, que concedió a la empresa más de 605.100 euros.

La empresa de calzado recibió 124.288 para contratar a personas discapacitadas y otros 480.800 euros destinados a incentivos para mantener un empleo estable, cuantías de las que la Junta ingresó el 75 % en las cuentas de la firma.

Las cantidades pasaban además de la cuenta de la empresa a la del acusado Vicente A.M., que las retenía para evitar embargos pendientes.

Para conseguir los requisitos establecidos por el Gobierno andaluz, los acusados obligaron a los trabajadores discapacitados a firmar nóminas por los cursos que realizaban con la falsa promesa de que les iban a pagar por trabajos por los que no recibieron ninguna cuantía.

Contrataron además a la madre del procesado José Antonio R.P., sin conocimiento de la mujer, y cerraron diferentes negocios con empresas de Alicante para aparentar una actividad y contar con facturas que no se correspondían con operaciones reales, tras lo que se quedaron el dinero de las subvenciones.

La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito continuado de estafa y, alternativamente, uno también continuado de apropiación indebida.

Ha sumado otro contra los derechos de los trabajadores y un tercer delito continuado de falsificación de documento mercantil.

El Ministerio Público ha pedido para los nueve acusados una condena de ocho años y medio de cárcel y el pago de 8.400 euros de multa por los tres delitos.

Los nueve acusados serán juzgados, tras la suspensión del juicio fijado anteriormente para el pasado mes de abril, en cuatro sesiones y desde el próximo 7 de noviembre en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.

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