Fin a la ocupación ilegal de las viviendas de El Mantillo. A primera hora de la mañana, las más de cien personas que ocupaban irregularmente desde el pasado sábado los 36 pisos VPO del residencial los han abandonado pacíficamente, sin necesidad de intervención policial, según confirman fuentes de la Guardia Civil.
Sobre las 9 de la mañana agentes de la Benemérita han informado a los “ocupas” de la orden de desalojo dictaminada por el juzgado número 2 de Loja, que instruye esta denuncia por delito leve de ocupación de bienes inmuebles. Por ello, según las mismas fuentes, en apenas 15 minutos todas las viviendas han sido desalojadas de forma pacífica.
Se ha podido observar a los protagonistas de la ocupación saliendo de los bloques de viviendas portando sus enseres, como colchones, mantas, además de comida y agua e, incluso, bolsas de basura. En pocos minutos todas las personas, junto a un importante grupo de familiares que esperaban en el exterior, han abandonado la zona.
Tras una noche con absoluta normalidad y, por tanto, sin incidentes, a primera hora de la mañana se advertía una mayor presencia policial en las inmediaciones de las viviendas ocupadas y también en el cuartel de la Guardia Civil de Loja, destacando la presencia de agentes del Grupo Rural de Seguridad desplazados desde Sevilla, los conocidos como “boinas verdes”. La vigilancia del lugar aún se mantenía pasado el desalojo por parte de la Guardia Civil y la Policía Local.
Las familias desalojadas anunciaban a voces a su salida de los edificios su intención de ir hasta la puerta del Ayuntamiento, aunque de momento no ha habido ninguna movilización ni concentración ante el consistorio.
A las 9 de esta misma mañana el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, confirmaba a esta redacción que se seguía trabajando en base al protocolo de actuación previsto en la normativa y que se mantenía una estrecha coordinación entre el Juzgado, la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Loja.
De esta forma, se da por finalizada la ocupación de las viviendas propiedad de Visogsa, empresa pública de vivienda de Diputación de Granada, tras más de 65 horas, desde que el sábado a mediodía se produjeran los primeros actos ilegales.
