Junta Local
ocupación ilegal por más de 100 personas de las 36 viviendas de VPO situadas en
los dos edificios construidos por la empresa pública Visogsa y coordinar la
actuación con
y
Tras esta reunión, el propio alcalde lojeño, Joaquín
Camacho, tuvo oportunidad de mantener también un encuentro con el Juez en el
que le trasladó la problemática existente y la alarma social generada entre la
población lojeña y, especialmente, entre los vecinos de la zona en la que se ha
producido esta ocupación. Estos vecinos han venido recogiendo una serie de
firmas que entregaban personalmente al primer edil durante una reunión
mantenida con ellos en el propio Consistorio lojeño y en la que éstos le
trasladaban su preocupación. Posteriormente, el alcalde remitía dichas firmas
al propio Juez.
Hay que recordar que todo comenzó el sábado pasado (20 de febrero), aproximadamente a las tres de la tarde. Varias familias, en su mayoría compuestas por personas jóvenes, irrumpieron en los bloques de viviendas ubicados en el paraje conocido como el Mantillo, junto a la avenida de Andalucía.
Tras forzar la puerta de entrada de ambos edificios ocuparon varias de los pisos y desde entonces permanecen en los mismos. Si bien ha habido un flujo variable de personas en el interior y discrepar unas fuentes de otras, parece que podrían ser unas quince las familias que participan al principio en esta acción, si bien ya hoy lunes eran 36 familias la que reivindican su derecho a contar con una vivienda y no poseerla en la actualidad, aduciendo que esos edificios fueron alzados para acoger a familias con necesidades de una casa. Esa cantidad de familias podría traducirse en alrededor de 140 personas.
Una vez conocido el hecho por las autoridades, la empresa Visogsa presentó la correspondiente denuncia ante el juzgado y se mantuvo un contacto entre el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, y el presidente de Diputación de Granada, José Entrena.
Según manifestaba el alcalde lojeño esta mañana, una vez conocido el suceso se dieron las oportunas directrices para poner en marcha el protocolo que se sigue en estos casos, por el que se garantizara la seguridad de las personas, se impidiera cualquier tipo de altercado e impedir, en la medida de los posible que se unieran a la acción ilegal más personas. Así mismo ha informado esta misma mañana que en estos momentos, salvo que las personas que protagonizan el suceso abandonen voluntariamente su actitud, no se puede hacer nada hasta que el juez dictamine sobre las acciones a emprender. En esa línea, la Junta Local de Seguridad se ha reunido hoy a las 12:15 horas en el Ayuntamiento, para abordar la problemática.
Mientras tanto, desde el inicio de la ocupación ilegal de las viviendas se han mantenido en las inmediaciones la presencia de la Guardia Civil y de la Policía Local, sin que se haya producido ningún incidente, al tiempo que están procediendo a la identificación de los hombres y mujeres que han entrado a los pisos.
Por su parte, la Diputación Provincial ha hecho efectiva una nota de prensa al hilo de las informaciones difundidas por los medios de comunicación relativas a la ocupación, aclarando que la institución provincial y la empresa pública Visogsa, como propietaria de las viviendas, han tomado desde el primer momento todas las medidas legales para preservar la propiedad de los inmuebles.
Se trata de viviendas protegidas, pendientes de entrega, “que deben ser puestas a disposición de las familias que lo necesitan, a través de un procedimiento regulado y de acuerdo a la normativa legalmente establecida”, según indica la Diputación, que advierte de que “cualquier intento de violentar ese procedimiento” no puede contar con su respaldo.
Asimismo, la Diputación explica que existe un convenio firmado el 14 de septiembre de 2012 entre Visogsa y el Ayuntamiento de Loja para la intervención en la unidad de ejecución El Mantillo de Loja, un convenio cuyo cumplimiento “es necesario para la entrega de las viviendas”.
“Ante las dificultades del Ayuntamiento de Loja para ejecutar las obras de urbanización, establecidas en el convenio, Visogsa se ha ofrecido a actuar y ha propuesto dar respuesta a esta situación, adelantando la ejecución de las obras de urbanización”, mantiene la institución, que incide en que a través de Visogsa “sigue trabajando para que las viviendas estén finalizadas y puedan ser habitadas, con arreglo a la ley y en el marco de la normativa que regula la vivienda protegida”.
La Diputación de Granada, y la empresa pública de vivienda, reconocen “la magnitud del problema de la vivienda en España y manifiesta su firme compromiso con las familias que tienen dificultades para acceder a una vivienda en cualquier rincón de la provincia”.
Hasta el Mantillo se han trasladado miembros de la Hermandad Gitana de Andalucía, entre ellos su secretario general, el lojeño Guillerno Carmona, quien se ha reunido con los vecinos que participan en la ocupación y a mediodía pretende hacerlo con el alcalde, una vez finalice la reunión de la Junta Local de Seguridad.
Carmona ha indicado que no se ha respetado el protocolo que rige ante este tipo de acontecimientos, culpando a la autoridad local de que se haya permitido vallar la zona, que haya una permanente presencia policial o que no se permita el paso libremente de las personas en el edificio “tal como suele ocurrir en todos estos casos”, para llevar comida a los encerrados en los edificios, aseguraba el representante del colectivo gitano.
También ha informado de que en su inmensa mayoría son familias muy jóvenes que no disponen de vivienda y que estaban habitando las de sus padres, que incluso hay algunas madres embarazadas y otras madres solteras. Ha negado que se trate de miembros de la cultura gitana de otras localidades, sino que son todos ellos, por una u otra parte del matrimonio, lojeños de nacimiento y de residencia.
Por último, Guillermo Carmona ya criticado que haya transcurrido tanto tiempo desde que se ultimó la construcción de los pisos sin que se hayan adjudicado, dada la gran cantidad de personas que hay en Loja, sean de la cultura que sean, que necesitan urgentemente una vivienda.
Por otro lado, desde ayer domingo varios vecinos de la zona han salido a la calle para recoger firmas en un documento en el que expresan su preocupación por lo que está sucediendo en los dos bloques y dicen temer que esa acción, de no terminar, pueda afectar a la convivencia de los allí moradores. También piden que se acabe de urbanizar aquel paraje, dotándolo de las medidas urbanísticas que le correspondan.
El conjunto residencial El Mantillo fue construido por Visogsa hace unos cuatro años y en ese tiempo no se ha terminado la urbanización de la zona, ni se ha dotado a los pisos de las acometidas de luz o agua. En este periodo de tiempo tampoco se ha procedido a la adjudicación de los pisos, por lo que estos permanecían acabados y cerrados.
