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domingo, 19 de mayo de 2024

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La Audiencia juzga este mes al acusado de quedarse con 164.000 euros de la residencia de la Misericordia

El exsecretario del centro de ancianos, realizó supuestamente desvíos de dinero a sus cuentas

La Audiencia de Granada acogerá este mes de diciembre el juicio contra un hombre que, aprovechando su condición de secretario de la Fundación Residencia de Ancianos Nuestra Señora de la Misericordia de Loja, realizó supuestamente transferencias a cuentas vinculadas a sí mismo por un importe de unos 164.000 euros desde dicha entidad que, como consecuencia de ello, contrajo deudas superiores a los 2,4 millones de euros, hechos por los que se enfrenta a una petición fiscal de seis años de cárcel.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha señalado el juicio para el próximo 14 de diciembre, después de que no llegara a celebrarse el pasado mes de junio, cuando ya estuvo fijado inicialmente.

En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público acusa a este hombre, de iniciales F.B.P., de la presunta comisión de un delito continuado de apropiación indebida.

“Actuando con ánimo de lucro ilícito”, supuestamente transfirió, “sin la debida autorización y sin justificación alguna”, entre enero de 2008 y julio de 2014, un total de 116.136 euros, en concepto de “nómina” a una cuenta de su titularidad, y 44.315 euros, indicando como concepto “BPC”, a otra en la que también figuraba como titular.

Además, habría desviado 3.706 euros, igualmente por este último concepto, a una cuenta de una entidad mercantil de consultoría constituida como sociedad limitada y denominada con sus apellidos.

Asimismo, el fiscal, que pide para el acusado también el pago de una multa de 7.200 euros, reseña que, “a consecuencia de estos hechos, se produjo una difícil situación económica en la fundación al no poder hacer frente a los correspondientes pagos”.

La entidad encargada de la gestión de la residencia de mayores de Loja “contrajo una deuda” con los trabajadores por importe de 200.000 euros, con los proveedores por 135.800 euros, con la Tesorería General de la Seguridad Social por 1.783.014 euros, y con la Agencia Tributaria por 292.091 euros. No presentó tampoco, detalla el fiscal, “las correspondientes cuentas anuales ni planes de actuación” desde los años 2007 a 2013.

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