El Juzgado de Instrucción número 2 de Loja ha citado a declarar como imputado al exadministrador del patronato San Ramón y San Fernando, Francisco Barquero, para que explique el motivo por el que no existe libro de actas de los últimos seis años de su gestión en la entidad benéfica. Así lo ha anunciado esta mañana en rueda de prensa el alcalde de Loja y presidente del patronato, Joaquín Camacho. La declaración se ha fechado para el próximo 12 de junio. También declarará el 28 de mayo en calidad de testigo el propio Camacho como representante del organismo.
Tal y como exige el Protectorado de Fundaciones Andaluzas, dependiente de la Junta de Andalucía, los patronatos de la comunidad autónoma tienen la obligación de presentar sus cuentas y actas anuales, algo que presuntamente no hizo la entidad en cuestión durante seis años.
Según indicó su actual presidente, esos documentos deberían haber reflejado importantes operaciones como la venta de terrenos del Polígono de la Piedra o el aval de un préstamo de 90.000 euros para la residencia de la Misericordia. “Desde 2002 a 2011 hay una o dos actas redactadas en folio, por lo que no es posible saber los detalles de esas operaciones”, apuntó Camacho.
Además, cuestionó la gestión del anterior alcalde de Loja, Miguel Castellano, en torno a este patronato. “Se le solicitó tanto al administrador y secretario, Barquero, como al anterior presidente de la junta de patronos, Castellano, que se proporcionaran estos documentos. Al no hacerlo, nos hemos visto en la obligación de poner el asunto en conocimiento de la justicia”, explicó el regidor lojeño.
Por otro lado, ya ha concluido la fase de instrucción de otra causa que también afecta a Francisco Barquero, en este caso sobre el presunto trasvase de fondos de la Fundación Nuestra Señora de la Misericordia –que gestiona la residencia de mayores del mismo nombre- a dos cuentas bancarias supuestamente de su propiedad. En concreto, la fundación le atribuye un delito societario y otro de apropiación indebida de más de 151.000 euros que, recordó Camacho, supuestamente desvió “de manera no justificada” desde enero de 2008. Ahora el juez tendrá que decidir si desestima la demanda o finalmente le imputa alguno de los delitos.
