Desde el pasado uno de enero están en vigor tres nuevas leyes impulsadas por la Junta de Andalucía y aprobadas en el Parlamento andaluz sobre materias sociales. Con tal motivo, días pasados, los parlamentarios socialistas Miguel Castellano y Olga Manzano, además del secretarios general de la Agrupación Socialista Lojeña y portavoz municipal, Gonzalo Vázquez, han trasladado a la ciudadanía las principales características de estas leyes, haciendo entrega de un resumen de las mismas por las calles del centro de la ciudad.
Según expuso Vázquez “el Gobierno socialista ha demostrado que otra forma de hacer política es posible, y ha llegado el momento de dar un nuevo paso, avanzar más. Y lo hacemos con la nueva ley de Servicios Sociales, la de Atención a la Discapacidad y la Renta Mínima de Inserción”.
Esta es, dijo el portavoz socialista, “la legislatura de la esperanza en un futuro mejor, donde todos y todas tenemos el derecho a tener más derechos”.
Olga Manzano se refirió a la Ley de Renta Mínima de Inserción, afirmando que “beneficiará a más de 45.000 familias en Andalucía, dando cobertura social para quienes más lo necesitan”. Entre otras cosas la parlamentaria indicó que se garantizará una prestación que oscilará entre los 419,52 y los 779,84 euros a percibir durante 10 meses, prorrogables cada seis meses, mientras se reúnan los requisitos necesario para su percepción. Así mismo contempla un plan de inclusión, inserción laboral y social, y que en su conjunto cuenta con una dotación para el presente año de 198 millones de euros, y 819 hasta 2021.
En cuanto a la Ley de Servicios Sociales, Miguel Castellano afirmó que “nace para blindar las prestaciones básicas, universalizar los servicios sociales y garantizar la gestión pública de los servicios sociales comunitarios a través de una administración más cercana, eficaz y eficiente”.
Entre su articulado se contempla el dar protagonismo a la ciudadanía, promoviendo su participación, garantizar el derecho a dejar constancia de su voluntad anticipada sobre los recursos que quiere recibir ante una futura capacidad limitada y disponer de un profesional de referencia.
Igualmente, esta nueva ley viene a reforzar, en palabras de Castellano, la cooperación en el sistema público dando protagonismo a los servicios sociales comunitarios.
Por último y en cuanto a la Ley de Atención a la Discapacidad, el parlamentario lojeño afirmó que “promueve la igualdad de oportunidades para más de 700.000 personas en Andalucía y que viene a dar respuesta a la realidad y necesidades a los que se enfrenta el 10% de la población andaluza”.
Castellano se refirió al Plan de Acción Integral por el que se apuesta por una educación inclusiva, permanente, gratuita y de calidad, o le existencia en el ámbito del transporte público del bonotaxi para quienes no puedan por su discapacidad utilizar el transporte público.
En cuanto a vivienda, se promueve la autonomía personal, con tecnología como videoporteros para personas con discapacidad auditiva o viviendas sin distribución interior para su adaptación a necesidades específicas.
Este nuevo precepto legal establece también un Plan de Empleo, por el que se reserva un 10% de plazas en las ofertas de empleo público y se organizarán cursos de formación con la reserva de, al menos, un 5% de plazas en los programas de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo.
Finalmente, también se incorpora un Plan Integral para Mujeres con Discapacidad con programas de prevención y atención a la violencia de género.
Según Miguel Castellano, esta ley viene acompañada de una memoria económica de 1.300 millones de euros, “y mientras tanto, el PP, allá donde gobierna, recorta en materias como estas”, concluyó el parlamentario.