El PSOE de Loja ha presentado, para su debate en la sesión plenaria de mañana martes, una moción para solventar el problema que padecen los trabajadores de la residencia de ancianos Nuestra Señora de la Misericordia, que acumulan ya cuatro meses de retrasos en el cobro de sus nóminas. Según el secretario general de los socialistas lojeños, Juan Francisco Mancilla, la propuesta insta al alcalde a que haga efectivo el pago de los salarios a través de partidas presupuestarias del consistorio “derivadas del superávit al que Camacho se refiere en repetidas ocasiones”.
La moción del PSOE también pide a la Junta de Andalucía que pague la deuda que tiene contraída con la residencia y que acelere el abono de la subvención mensual, de unos 60.000 euros. Los socialistas no se olvidan del Gobierno de España, al que piden que pague a la administración andaluza lo que adeuda en materia de dependencia y que asuma al 50% el coste de estas ayudas “y no al 20% como hace ahora”, afirmó el socialista.
Mancilla también acusó al alcalde de “utilizar” a los trabajadores de la residencia para “confrontar” con la Junta de Andalucía. “Camacho, en lugar de explicar a los lojeños cómo va a solucionar el problema que él mismo ha creado y las irregularidades que ha cometido, sólo sale a criticar todo lo que huele al PSOE”, criticó el secretario general socialista, quien rechazó que con este asunto su partido esté creando “alarmismo” como afirmó el regidor lojeño.
Por otro lado, Juan Francisco Mancilla calificó de “absurdez” la idea de Camacho de denunciar a la Junta por incumplir los pagos de la residencia. Argumentó que su partido está en contra de “judicializar la vida política, y más en periodo de elecciones” y aseguró que el hipotético proceso judicial contra el Gobierno andaluz “sólo conllevaría una pérdida de tiempo y de dinero”.
Por último, Mancilla retó al primer edil lojeño a que le “lleve al juzgado” por hablar del expediente abierto por la Junta a la residencia por superar la capacidad de usuarios. De ser así, según el socialista, Camacho “caería en su propia trampa al utilizar los servicios jurídicos del Ayuntamiento para una residencia privada”.
