El Grupo Municipal Socialista ha denunciado la apertura de un expediente administrativo a la Residencia Nuestra Señora de la Misericordia por parte de la Junta de Andalucía, por tener más usuarios de los permitidos. Así se ha expresado el portavoz, Juan Francisco Mancilla, quien acompañado de varios miembros de su grupo han exigido “responsabilidades” al alcalde de la ciudad y presidente del Patronato de Nuestra Señora de la Misericordia, Joaquín Camacho.
Mancilla ha calificado de “graves irregularidades” las detectadas en el centro asistencial lojeño tras una serie de inspecciones que la Junta ha realizado en él durante las últimas fechas y exige a Joaquín Camacho que explique urgentemente lo sucedido.
En ese sentido, el portavoz socialista informó de la presentación de un escrito en el registro municipal solicitando al alcalde información detallada sobre el expediente incoado a la residencia, además de pedirle copia documental de las comunicaciones habidas al respecto entre el Ayuntamiento y el Gobierno andaluz.
Los socialistas formulaban esta denuncia al tiempo que expresaban su contrariedad por la situación que viven las trabajadoras del centro residencial para mayores al no cobrar sus nóminas, “familias que se encuentran en un estado extremo, con una situación inaguantable, tanto desde el punto de vista político como, sobre todo, humano” concretaba Juan Francisco Mancilla.
Más adelante criticó al alcalde por no adelantar el dinero de las arcas municipales para pagar tales nominas, pues según informó este portavoz, el convenio de la Junta para la concertación de las plazas de la residencia es con el Ayuntamiento, y no con el Patronato, por lo que entiende que las trabajadoras no tienen culpa de los retrasos de la Consejería de Políticas Sociales e Igualdad en abonar las cantidades comprometidas.
Abundando en este asunto, Mancilla califico de “falta de humanidad y sensibilidad” la actitud del alcalde, “máxime, si como dice, existe superávit económico en el Ayuntamiento, pues en ese caso no tendría excusa para no adelantar el dinero para las nóminas”. Aunque, “lamentó” más adelante que no exista tal superávit y que “realmente es un invento de Camacho que contradice incluso al informe financiero del interventor municipal”.
En cualquier caso, abogó, una y otra vez por ese adelanto dinerario y que “en cumplimiento de su responsabilidad exija en Sevilla los pagos concertados”, a pesar de que el convenio establece el pago a 90 días de las certificaciones mensuales del servicio”.
No obstante lo anterior, Juan Francisco Mancilla también fue crítico con la Junta cada vez que la situación así lo reclame, y reiteró la petición de que efectúen los pagos en tiempo y forma, añadiendo que en aquellos otros ayuntamientos de la provincia que sufren retrasos “sí es un hecho que la corporación adelante las cantidades necesarias para abonar las nóminas de los trabajadores”, especificó.
Por tal motivo, el portavoz socialista pidió al alcalde que “deje de echar siempre la culpa a la Junta de Andalucía, al PSOE, a Miguel Castellano o al grupo Socialista y busque realmente el origen del problema, que no es otro que el recorte de 1.400 millones de euros que el Gobierno del PP ha hecho para política sociales y dependencia”.
En esa línea, Mancilla explicó que “ante esa disminución presupuestaria del Gobierno central, la Junta optó por continuar con los centros asistenciales abiertos, cubriendo los servicios y atendiendo a las personas dependientes, a pesar de las grandes dificultades financieras que eso le está provocando, pero no hizo como en comunidades autónomas gobernadas por el PP que renunció a prestar esos servicios básicos”.
Por otra parte, el también secretario general de los socialistas lojeños negó los datos ofrecidos hace pocas fechas por el alcalde sobre la situación que había en la Residencia Nuestra Señora de la Misericordia en el mandato presidido por Miguel Castellano. Así pues, rechazó que se debieran cinco años de Seguridad Social, afirmó que al término de esa etapa no existía deuda con las trabajadoras “mientras que ahora se deben más de 250.000 euros en nóminas, se debía 980.000 euros a la Seguridad Social y ahora el montante se eleva a 1.750.000 euros, más los 225.000 que se adeudan a Hacienda y más de 175.000 a los proveedores, cuando entonces sólo se debían 80.000. Luego ha multiplicado la deuda por cinco veces” pormenorizó Juan Francisco Mancilla.
