El Partido Popular andaluz ha presentado esta mañana en Loja una campaña de recogida de firmas por la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones de la Junta de Andalucía, un gravamen que la formación considera “injusto”, hasta el punto de que “está obligando a muchos andaluces a renunciar a sus herencias”.
En la avenida de los Ángeles, frente al colegio de ‘La Cárcel’, dirigentes ‘populares’ como el parlamentario andaluz Juan Ramón Ferreira, el alcalde Joaquín Camacho, y varios concejales y simpatizantes del PP de la ciudad, han atendido a los lojeños que se han acercado al puesto de recogida de firmas, informándoles de la campaña y de cómo les afecta este impuesto.
Juan Ramón Ferreira ha invitado a los lojeños a que acudan al stand del PP, así como a su sede en la Carrera de San Agustín, para adherirse a esta iniciativa que, según sus palabras, “hace justicia” y evita que “lo que nuestros mayores han conseguido a base de esfuerzo y ahorro, sea penalizado injustamente por la Junta de Andalucía”.
La campaña, llamada ‘Hereda 100×100’, pretende obtener el respaldo de 200.000 personas. Por ahora, los ‘populares’ llevan recogidas la mitad de las firmas, 100.000, lo que demuestra, según el alcalde Joaquín Camacho, “el clamor de los andaluces que no quieren recibir un trato discriminatorio en relación con otras comunidades autónomas”. En este sentido, puso el ejemplo de Madrid y Galicia “que han decidido bonificar al 99% el impuesto, lo que supone en la práctica su eliminación”.
Según Camacho, “miles de personas tienen que renunciar a su herencia por no poder pagar este impuesto”. Según los datos de su formación, a lo largo de 2014 unos 6.000 andaluces se vieron forzados a rechazar una herencia “por no poder soportar un gravamen tan importante”.
MOCIÓN DEL PP EN EL PLENO
Precisamente, el Partido Popular de Loja llevó esta iniciativa al pasado pleno municipal, donde pidió el apoyo de los otros dos grupos. El regidor lojeño defendió que este impuesto “no es para los ricos, sino que afecta a todas las personas por igual”, incidiendo en que su eliminación beneficiaría especialmente a empresas relacionadas con el sector agrario, “cuando las tierras son transmitidas de padres a hijos y se encuentran que tienen que pagar gran cantidad de dinero por ello”. Según Camacho, 8.000 empresas se han visto obligadas a irse de Andalucía para evitar pagar este impuesto. De esta forma, de suprimirse, “los 300 millones que la Junta recauda por este concepto se podrían garantizar por la vía empresarial, con la creación de nuevos empleos y actividad económica”.
Punto de vista opuesto el del portavoz del PSOE, Juan Francisco Mancilla, quien defendió que se trata de un impuesto “progresivo”, en el que “pagan más los que más tienen”. Explicó que, según datos de la Agencia Tributaria, sólo tuvieron que hacer frente al mismo un 7% de las personas que heredaron durante el año pasado, unas 19.500 en total. Aún así, Mancilla reconoce que existe un “error de salto” en el baremo de este impuesto “que se debería corregir”.
El concejal Alejandro Ronda defendió que “supone un agravio comparativo entre comunidades autónomas”, argumentando que con su eliminación “se pierden parte de los ingresos pero se ganaría en creación de empresas”.
La moción finalmente fue aprobada por la mayoría de votos de Partido Popular y del concejal Alejandro Ronda, mientras que el PSOE votó en contra.
