La empresa municipal de vivienda Emuviloja afrontará a principios de 2017 la fase final de su liquidación después de que se haya aclarado qué pasará con la elevada deuda que arrastra desde hace años. El Ayuntamiento de Loja, propietario del 100% de la sociedad, ha llegado recientemente a un acuerdo con BMN, banco con el que tiene suscritas la mayoría de sus hipotecas, para refinanciar su deuda.
Según anunció ayer en el Pleno Municipal el alcalde Joaquín Camacho, se ha conseguido que la entidad financiera acepte una quita de unos 500.000 euros, además de la ampliación del plazo de pago de la deuda y el establecimiento de los tipos de interés “en base a la legislación vigente”. Además, añadió el regidor, se ha negociado la deuda de unos 400.000 euros que la entidad tiene contraída con un proveedor de arquitectura, al que se le pagará en tres veces.
El alcalde recordó que la empresa lleva en periodo de liquidación desde el año 2012, pero que este procedimiento “no es nada fácil”, ya que sus obligaciones “ascienden a varios millones de euros”. Una empresa especializada se ha encargado del estudio de las cuentas de la sociedad, determinando su liquidación y la negociación con sus acreedores principales.
A partir de este momento, Emuviloja encara la recta final de su disolución. Será a principios de 2017 cuando se den los primeros pasos para que finalmente el Ayuntamiento absorba su activo y el pasivo, es decir, todos sus inmuebles y deudas. “Es un proceso muy complicado y laborioso, pero que está siendo gestionado con mucha solvencia por parte del gerente de la empresa, el también concejal de Gobernación José Barea de la Osa”, apuntó Camacho.
En estos momentos se está a la espera de los informes técnicos oportunos para este procedimiento. Después deberá aprobarse por los distintos órganos de la entidad, su Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas. Tras este trámite, se podrá “enterrar de una vez Emuviloja, uno de los graves problemas que tiene Loja”, apostilló el regidor.
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE
En la misma sesión plenaria se aprobó por unanimidad una bonificación del 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a la cooperativa olivarera San Isidro, para que pueda ampliar sus instalaciones, con el objetivo de “acoger más producción y crear más puestos de trabajo”. Esta medida ya se tomó en ocasiones anteriores para beneficiar a la también cooperativa Los Gallombares, que abrió una nueva nave en el polígono Manzanil II. Más recientemente, se hizo lo propio con Congelados Apolo, que en estos meses está realizando las obras de ampliación de sus instalaciones en el mismo polígono. La idea inicial del Ayuntamiento era bonificar también en un 30% la tasa de licencia urbanística, pero finalmente no se ha podido aprobar puesto que la actividad de San Isidro es industrial y la bonificación, según las ordenanzas, es sólo para locales comerciales.
Por otro lado, el alcalde dio cuenta del cumplimiento del Plan de Ajuste comprometido con Hacienda. En el apartado de ingresos, hay muy buenas noticias, ya que el Consistorio ha conseguido recaudar 490.000 euros más de lo acordado con el Ministerio. Es el resultado, según el alcalde, del “gran esfuerzo” que están haciendo los lojeños y de la mejora del catastro, en el que se han dado de alta nuevas viviendas que estaban fuera de ordenación “y que suponen nuevos ingresos en el IBI”.
En cuanto al gasto, se sigue con la política de contención pero recuperando o aumentando algunos servicios que se vieron mermados en años anteriores. La partida de personal ha sufrido un incremento de 387.000 euros, por la devolución de la paga extra de 2012 a los funcionarios municipales, y los gastos financieros se han reducido en 433.000 euros, fundamentalmente por la disminución de los tipos de interés.
PARQUE EÓLICO
En otro orden de asuntos, el Ayuntamiento también ha aprobado unánimemente la modificación del contrato que mantiene con la empresa que explota el parque eólico de la Sierra de Loja. En resumen, se ha rechazado la ampliación del mismo por 10 años “porque no procede según los informes municipales”, explicó el alcalde. Además, se ha acordado modificar el cálculo del canon a aplicar a la empresa. Ya que no puede hacerse teniendo en cuenta la variación de la tarifa eléctrica, según orden del Gobierno Central, ahora se ha decidido aplicar otro método que estime cuánto ha de recibir el Ayuntamiento. En este caso, es el IPC, más el 0,5%. En el caso de que este indicador fuera negativo, como ha ocurrido en los últimos años, se ha establecido el 0,5% “con el objetivo de que la ciudad reciba lo máximo posible de un recurso natural como es la Sierra”.
