Durante más de tres horas se desarrolló este martes 5 de mayo el segundo pleno telemático de la historia del Ayuntamiento de Loja. En el mismo, como era previsible, las consecuencias del COVID-19 estuvieron muy presentes. Sobre la mesa principalmente las medidas que se debieran de llevar a cabo para poner en marcha el pacto de desarrollo del municipio. Dotar de presupuesto al mismo, con el fin de que lleguen ayudas a los lojeños, es el objetivo que se vislumbraba en muchos de los puntos de la sesión.
Uno de los asuntos más importantes tratados en el mismo fue la liquidación del presupuesto de 2019. Se trataba de dar cuenta de esos datos, y de analizar en qué situación económica el consistorio afronta una nueva crisis, después de la iniciada en el 2008. El regidor explicó que la liquidación demuestra que ese presupuesto era “realista”, afirmando que se ha cumplido en más de un 80%.
Dentro de los números del documento, Joaquín Camacho reseñó que en el Ayuntamiento ingresó más por impuestos indirectos de lo que preveía, siendo más de 800.000 euros la diferencia a favor de las arcas municipales. Lo mismo sucede con las tasas municipales de las que se preveía recaudar 2,5 millones de euros y se recaudó finalmente más de 3,1 millones de euros.
En cuanto al cumplimiento de gasto de personal habló de una cifra del 90%, similar a gasto corriente cuyo nivel de ejecución fue del 95%. Con ello, informó Camacho, el presupuesto se salda con un montante positivo de más de 5 millones de euros favorables entre ingresos y gastos. Es decir, Loja cuenta por sexto año consecutivo con superávit y remanente positivo de tesorería.
El primer edil fue más allá al destacar que Loja ha pasado de tener un nivel de endeudamiento del 128% en 2012 al poco más del 49% en el 2019. En esa deuda, especificó Camacho, se encuentra ya incluido los más de 3 millones de euros con los cuales se está acabando el Centro Deportivo Urbano. El regidor entiende que Loja se encuentra en niveles de deuda de los años noventa.
“Son datos tremendamente positivos”, exclamó el primer edil recordando que de sus 9 años como alcalde, seis se cuenta con este saldo positivo en las cuentas. Camacho afirmó que con estos datos “Loja comienza a gestionar esta crisis con fortaleza no como en la de 2008 que no podíamos gastar nada”. En ese sentido añadió que se tienen liquidez para poder poner en marcha medidas de ayuda a los lojeños dentro del pacto de consenso por Loja.
Al margen de la liquidación en el presupuesto la sesión con los corporativos comenzó a las 20 y 21 minutos con los dos plenos reivindicativos habituales, la petición de más paradas del AVE en Loja y el arreglo de la carretera de Ventorros de San José, la A-4154. En relación al primero, el regidor insistió en que ahora más que nunca es importante potenciar los medios de transporte del municipio, con el fin de atraer turistas. “Hay que tener prioridad por el empleo y apostar por las comunicaciones”, aseveró el regidor.
En la misma línea se siguió en relación a la importancia de acabar, después de 14 años, con la mejora de la A-4154. Camacho afirmó que la consejera les asegura que la partida para dicha obra de la Junta de Andalucía se mantiene en la misma cuantía y anunció que este viernes mantendrá una reunión con esta responsable para conocer el nuevo proyecto y los plazos de ejecución. En ese sentido adelantó que se prevé que las obras se reinicien antes de final de año, toda vez se acabe con la licitación de la misma, y estará concluida para finales del verano de 2021.
Mercedes González, portavoz del Grupo Municipal Socialista, pidió al alcalde que manifestara la Junta la importancia de acelerar los plazos de la actuación. En concreto recordó que hay otras obras que por su urgencia se han saltado la suspensión de plazos provocada por la pandemia, y entiende que es prioritario acabar esta infraestructura. “Es muy importante que agilicen los plazos en una obra que ya lleva parada 6 meses”, comentó la líder de la oposición.
Camacho aseguró que pedirá esa agilidad y que en todo momento buscará que acabe lo más pronto posible. También insistió en que después de 14 años de espera los ventorreños se merecen una obra de calidad. “Ya estamos hablando con la consejera la puesta en marcha de los plazos de licitación de la obra”, comentó el regidor reconociendo que es una obra que está en marcha.
El pleno ordinario arrancó con otros temas de interés. Reseñar el punto 6 donde se dio cuenta una sentencia favorable al Ayuntamiento de Loja donde le exime de ser responsable solidario de la deuda de la Residencia de la Misericordia con la Tesorería de la Seguridad Social. Desde este ente se reclamaba al Ayuntamiento a hacerse cargo de los 2 millones de euros acumulados de deuda de la residencia. Camacho informó que desde los servicios jurídicos municipales se pudo demostrar que el Ayuntamiento no gestiona ese patronato, sino que únicamente el presidente es el alcalde.
Camacho reconoció la labor de la Junta de Patronos de la Residencia la Misericordia y recordó que esa deuda se contrajo por una muy mala gestión anterior a su presidencia que dejó de pagar 70 cuotas de seguros sociales de los trabajadores. El edil informó que se busca aplazar el pago de esa deuda, que deberá de asumir la propia residencia. El problema radica en que para ese aplazamiento es necesario un aval de patrimonio y la residencia solo cuenta con su propio edificio, lo que no se puede exponer en esta situación.
En cuanto a la situación actual de las cuentas de la residencia de la Misericordia, Camacho reconoció que se pagó una deuda con proveedores de más de 300.000 euros y que se normalizó el pago de nóminas, toda vez que en su momento se les llegó a deber a los trabajadores hasta 11 mensualidades. También reconoció la devolución del dinero substraído por el anterior gestor y el paso de 56 plazas a 111. “Estamos viviendo uno de los mejores tiempos en la residencia, ahora podemos pensar en mejorar la calidad de nuestros mayores en vez de cuadrar las cuentas”, comentó el regidor y presidente del Patronato de Nuestra Señora de la Misericordia.
Hubo debate en cuanto a 9 reparos de intervención que se presentaron a diferentes facturas que sumaban un montante de 1.259.028 euros. Desde la oposición se entendía que muchos de esos gastos se podían haber fiscalizado por otros sistemas de contrato menor o licitación y reseñaban que ello demostraba “la falta de proyecto de ciudad del equipo de gobierno”. La portavoz socialista, Mercedes González, puso algunos ejemplos de esas facturas pero se centró en la calificación de gestión “pésima y negligente” dada por la interventora al control de las entradas de los conciertos de la pasada Feria Grande. González pidió informe del Área de Fiestas para tener transparencia al respecto, ya que no comprendía que se sacarán unas entradas físicas por valor de 225.000 euros y se recaudará solo 142.530 euros.
El alcalde defendió que de esas facturas se contaba con actuaciones que mejoraban la vida de los ciudadanos, acusando a la oposición de solo contar lo que le interesaba y no hablar de obras como la de El Taxi o mejora del abastecimiento del agua de La Fábrica. Camacho reconoció que se debe de mejorar en la gestión de contrataciones en el Área de Fiestas y aseguró que se trabaja en contar por primera vez en 30 años con un pliego técnico.
Otros temas a reseñar fue la aprobación del reglamento de funcionamiento del Consejo Local de Igualdad. Camacho informó que se han tenido en cuenta algunas de las propuestas planteadas por la Asociación Loja por la Igualdad. El primer edil afirmó que lo que queda es ponerlo en marcha lo antes posible para que se trabaje de forma conjunta con las asociaciones en la realización de acciones en busca de una igualdad real. Camacho agradeció el trabajo del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Loja.
El PSOE llevó al pleno una moción sobre la defensa de la educación pública. José Antonio Medina defendió este punto insistiendo en que la libre elección de centro perjudicaría a la educación pública frente a la privada. Los socialistas pedían la derogación de este último decreto de la Junta y la promoción de la educación pública frente a la privada. No hubo acuerdo ya que el equipo de gobierno entendía que ese problema no era de Loja, al no contar el municipio con centros privados, y al defender que los padres tengan libertad.
Por último hubo dos mociones de urgencia. Las dos pedían el uso del superávit por parte de los Ayuntamientos para superar la crisis económica derivada del COVID-19 y pedir la moratoria de de la devolución de 70.000 euros de la participación de los municipios en los impuestos del Estado. Eran peticiones al Gobierno que salieron a adelante. También se informó que se buscará agilizar la tramitación del nuevo contrato de la limpieza de Loja y que las obras del PFEA se reanudarán previsiblemente el 18 de mayo, esto último siempre y cuando dé tiempo de que los trabajadores puedan hacer el curso de riesgos laborales para mejora su protección frente a la pandemia.
