El presidente de la Diputación de Granada, Sebastián Pérez, ha presentado un escrito a la Junta de Andalucía para reclamar el pago de 9,2 millones de euros pendientes del servicio a domicilio, una deuda que el Gobierno andaluz ha apuntado que pagará en cuanto pueda “con intereses de demora”.
Pérez ha acudido a la sede del Gobierno andaluz en Granada acompañado de alcaldes y concejales de la provincia para presentar un escrito con el que reclamar los 9,2 millones pendientes de pago de la ley de la Dependencia.
La delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, lo ha recibido en la puerta para apostar por una defensa conjunta de esta prestación y reiterar el compromiso de pago de la cuantía retrasada.
“Necesitamos agilizar los plazos porque hay muchos trabajadores detrás del proyecto y familias que lo necesitan. Valoro el gesto de recibirnos porque a ambos nos une deseo de desbloquear el tema”, ha recalcado el presidente de la Diputación.
Pérez ha valorado el “compromiso firme” de la Junta para pagar a las cooperativas y pequeñas empresas y garantizar así la continuidad del servicio a dependientes.
La delegada del Gobierno andaluz ha calificado de “lógico” el malestar porque “la deuda es una realidad” y ha apostado por hacer “frente común” por el interés ciudadano.
“Tenemos que mirar también al Gobierno de España”, ha apuntado García, que ha reconocido que el pago se ha retrasado por la “falta de liquidez de la Junta”, lo que ha provocado que no se cumpla el convenio con la Diputación en los plazos de pago.
“Hacemos un esfuerzo para intentar pagar en tiempo y forma pero la demora tiene un incremento en el pago, que los intereses de demora van a la Diputación”, ha detallado García, que ha reiterado que “la Junta va a pagar y aunque pague tarde, lo hace con los intereses de demora”.
El presidente de la Diputación granadina ha lamentado que los ayuntamientos se vean “asfixiados” por tener que adelantar el coste de la ayuda a domicilio a cooperativas y pequeñas empresas dedicadas a este servicio que emplea a 1.800 personas en la provincia y otras cerca de 700 en la capital.
Por su parte, la concejal delegada de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Loja, Matilde Ortiz informó de los problemas que supone para el consistorio no recibir adecuadamente las aportaciones de la Junta para atender las necesidades sociales del municipio, y más concretamente las derivadas de la prestación de la Ley de Dependencia.
El alcalde, Joaquín Camacho, reclamó los 400.000 euros que la Junta de Andalucía adeuda al Ayuntamiento de Loja, con los que podría pagarse a la empresa que presta el servicio en este municipio, y ésta a su vez podría pagar a las trabajadoras. El primer edil recordó que, a pesar de la demora del Gobierno andaluz para abonar las cantidades acordadas con el consistorio lojeño, “este equipo de Gobierno no ha cerrado ni uno sólo de los servicios sociales que ofrece a los ciudadanos, pagando además a los trabajadores cuando les corresponde, aunque la Junta no nos haya abonado a nosotros su aportación económica”, concretó.
