Preocupación e indignación la que viven un grupo de vecinos del bloque 3 de la calle Bruselas en el barrio del Mesón de Arroyo de Loja al ver como una pareja ocupaba un piso presuntamente de forma ilegal entre las 16 y las 17 horas de ayer. Una vecina dio la voz de alarma al comprobar como un cerrajero taladraba la puerta de la vivienda 3ºA mientras un hombre y una mujer esperaban para entrar en su interior. La mujer, que ya conocía de otra supuesta ocupación ilegal meses pasados en el mismo bloque, en este caso el 2ºD, llamó a la Guardia Civil y la Policía Local.
Llegaron hasta la puerta de esta vivienda miembros de los dos cuerpos, siendo la Guardia Civil la que tiene potestad de actuar en estos casos. De hecho, hasta el lugar acudieron miembros del Área de Investigación de la comandancia lojeña. Allí los agentes requirieron la documentación a los miembros de la familia que enseñaron un contrato de alquiler con opción a compra de una supuesta inmobiliaria. La explicación para abrir la vivienda con un cerrajero se basó en la pérdida de la llave por parte del supuesto nuevo arrendatario. Ante tal situación, los miembros de la Guardia Civil trataron de averiguar quiénes eran los dueños de la vivienda, cuya propiedad recae en Bankia, actualmente La Caixa. A esas horas de la tarde resultó imposible que los agentes recibieran respuesta de la entidad bancaria que les requería que esperasen al día siguiente para ser atendidos.
Ante esto, la Guardia Civil se centró en el contrato de alquiler que disponían donde se encontraba un número de teléfono de la supuesta inmobiliaria. Al mismo llamó el supuesto arrendatario pasándole el teléfono a los agentes. A la llamada respondió una mujer que afirmaba ser de la inmobiliaria de La Caixa y confirmaba ese contrato. En esto último se basa la Guardia Civil para no haber podido impedir en ese momento la entrada en la vivienda de la pareja, como así reclamaban algunos vecinos. Los agentes insistían en que debían de investigar ese contrato y dar con el propietario de la vivienda, y que en tal circunstancia, con el agravante de que la mujer de la pareja estaba embarazada, no podían impedir su entrada en el piso. Antes de marcharse del lugar, los agentes advirtieron a la pareja que de ser falso el contrato estarían incurriendo en un delito y que serían investigados. Lo cierto es que con posterioridad y llamando los propios agentes al número de la supuesta inmobiliaria que aparecía en el contrato, ya no obtuvieron respuesta.
La no imposibilidad de evitar la entrada de esta familia, indigno a los vecinos que acusan a los agentes de no haber obstaculizado lo que entienden es un delito. Desde la presidencia de la comunidad de vecinos han informado a EL CORTO que han pedido personarse como acusación pero no pueden hacerlo al tener que ser el propio propietario de la vivienda quien lo haga. Sí han llevado a cabo las gestiones con el administrador de la finca para que el Ayuntamiento evite que se pueda dar de alta el agua, realizando las mismas gestiones con la empresa eléctrica. Serán estos entes quienes comprobarán que el contrato que esgrimen de alquiler es legal o no para facilitar esos suministros.
Según los primeros indicios de trata de una pareja procedente de la localidad vecina de Salar, al menos el varón es de esta localidad. Es éste el que tiene antecedentes penales. Lo cierto es que el modus operandi es similar al de otras ocupaciones de viviendas de entidades financieras, conociendo perfectamente donde están y cómo poder entrar. Sí llama la atención a los investigadores el grado de preparación del contrato, que no desmerece de uno real, y la operatividad de poder llamar a un número de teléfono donde reciben una respuesta de la supuesta inmobiliaria. También llamó la atención que se contara con una empresa de cerrajeros formal que pidió el contrato para poder actuar, cuando lo normal, en caso de ocupación ilegal, es contar con otro tipo de empresas para la apertura de las viviendas.
La confirmación de, al menos, las dudas sobre esa contrato vienen de la inmobiliaria Habitat 7, encargada oficialmente de la venta o alquiler del inmueble supuestamente ocupado. EL CORTO se ha puesto en contacto con el propietario de la gestión de esta vivienda en la inmobiliaria lojeña y deja claro que no han firmado nunca un acuerdo de alquiler de la misma. Además, dectaca que una entidad financiera nunca hace contratos de alquiler con opción a compra. Este trabajador confirma tanto esta ocupación como la del piso inferior, el 2ºD, que fue ocupado hace pocos meses. Él mismo visitó las viviendas en esta misma mañana y comprobó el cambio de las cerraduras. Curioso es también que tras entrar los nuevos vecinos coloquen carteles de empresas de vigilancia.
La tensión en el bloque va en aumento y hay algunos vecinos que han recibido amenazas de los supuestos ocupas. Mientras tanto la investigación de la Guardia Civil está dando sus frutos y tras poder finalmente ponerse en contacto con la sociedad mercantil propietaria, con oficina en Madrid, se va a proceder por parte de ésta de la denuncia de la ocupación de las dos viviendas. Todo quedará ahora en manos de un juez. De hecho, con esta última ocupación se consigue avanzar en la investigación de los supuestos ocupas del 2ºD, dos mujeres y un hombre, también procedentes de Salar, que además tienen antecedentes penales, entre otros de estafa y usurpación de identidad.
