El alcalde-presidente del Ayuntamiento de Loja, Joaquín Camacho, dio cuenta en el Pleno de la Corporación Municipal, del pasado martes, 4 de abril, del expediente sobre las alegaciones formuladas al acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, relativa a las actuaciones en la calle Carrera de San Agustín, esquina calle Cuesta Fernando Campos Blanco, en la conocida Casa del Marqués, sobre todo, en respuesta a las acusaciones vertidas por el grupo municipal socialista sobre “la ocultación de información e irresponsabilidad”, por parte del actual Gobierno municipal, relativa a una sanción de 3.000 euros por la inspección de trabajo.
En primera instancia, el regidor lojeño hizo un recorrido por la larga historia de este inmueble señorial del siglo XIX, que costó 600.000 euros en anteriores legislaturas socialistas “a sabiendas que estaba en ruina”, a lo que añadió un millón más para su futuro arreglo en tiempos de crisis. Camacho informó que, cuando se incorporó el actual Gobierno del Partido Popular en 2011, “no se había hecho nada, sólo la colocación de un andamio, del que se estuvo pagando un gasto muy elevado durante mucho tiempo”.
Sobre la actuación realizada en diciembre de 2016, el regidor lojeño aclaró que se realizó para garantizar la seguridad de los ciudadanos y “nunca negué que hubiera inspección” y, por este motivo, se remitió al acta plenaria de dicho mes, por lo que no entendía porque “se quería crear controversia sobre un asunto que nos debería unir”. Aseguró que, en la Casa del Marqués “tuvimos muchos problemas porque actuamos con responsabilidad y fuimos a Cultura para negociar las condiciones de seguridad”.
Según expuso el máximo representante de Loja, lo que se traía al Pleno del pasado martes, eran las alegaciones presentadas a la sanción de 3.000 euros, de la inspección de trabajo, que “el grupo socialista dice que es enormemente grave” y que se recurrió porque “existen apartados que no se ajustan a lo que corroboran los informes técnicos y jurídicos del arquitecto municipal y del responsable de Seguridad y Salud que avalan la actuación de este Gobierno”.
En su defensa, el alcalde se refirió, en primer lugar, a que la intervención se realizó “por seguridad y las tareas consistieron en una actuación urgente de inspección y eliminación de algunos elementos que ponían en peligro la seguridad del inmueble y los posibles desprendimientos a la calle”, como consecuencia de las lluvias intensas y movimientos sísmicos que se produjeron esos días.
Y, en segundo lugar, sobre el concejal de Urbanismo, Joaquín Ordoñez, que no se encontraba en la obra en el momento de la inspección, dijo que “no quiso hacerse cargo del acta del inspector porque desconocía si era su obligación y pidió al inspector que esperara a la llegada del director técnico de la obra que es el responsable de la actuación de la Casa del Marqués”.
En cuanto a la situación del andamio, dada la urgencia, y según se constata en el informe emitido por el arquitecto municipal, el regidor lojeño detalló que “previa inspección ocular se comprobó que el andamio reunía condiciones para lo que se pretendía usar que era para hacer una inspección ocular y para la eliminación de determinados elementos que suponían un peligro para los peatones y los vehículos y no se entró trabajar en ese día”.
En el turno de palabra del portavoz del PSOE, Juan Francisco Mancilla, reiteró que la multa de 3.000 euros es “una irresponsabilidad” del Gobierno municipal, ya que “hubo una inspección, un acto de infracción y una multa”.
El representante socialista leyó el informe técnico de la inspección de trabajo, del que extrajo que “el edil de Urbanismo declinó su responsabilidad sobre la obra que se estaba realizando” y en el transcurso de la visita se comprueba que “los trabajadores estaban subidos al andamio de la fachada sin comprobar su estabilidad previa”, por lo que se consta “un incumplimiento al deber de seguridad de los trabajadores, tipificada como sanción grave, con una sanción de 3.000 euros”, concluyó.
Otros de los asuntos que se trataron en el Pleno ordinario de abril fueron una moción del PSOE sobre la aprobación del Programa Municipal extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social 2017, con una cuantía de 50.000 euros de fondos propios del Ayuntamiento con carácter finalista, que fue rechazada por el voto en contra del PP y Alejandro Ronda, ya que, desde el Consistorio, “se cubren con los programas existentes todas las necesidades de las personas que lo requieren”, apuntó el alcalde.
En el apartado de desarrollo y turismo, se dio cuenta del procedimiento de acreditación de aulas de formación en ‘El Pósito’, promovido por la Alcaldía, y se aprobó por unanimidad, las bases de la convocatoria de subvenciones a las asociaciones de vecinos del ámbito rural de Loja. También salió adelante con el respaldo de todos los miembros de la Corporación municipal, un expediente de urgencia, la modificación de la ordenanza reguladora de residuos sólidos de construcción y demolición para adaptarla a la legislación vigente.
