En el debate político municipal lojeño, 2020 ha entrado con buena sintonía y un cambio espectacular con respecto a etapas anteriores, sobre las formas en que se producen las intervenciones cruzadas entre gobierno y oposición en los plenos de la corporación.
Desde las normales diferencias ideológicas entre PP y PSOE en el Ayuntamiento de Loja, la primera sesión plenaria de este año se ha significado por el debate sosegado, la exposición tranquila de las propuestas de cada cual o las argumentaciones de sus posicionamientos ante los temas de mayor actualidad local y comarcal. Un ejemplo de buen hacer que, sin duda, agradecerán los ciudadanos pues elimina la acritud y la tensión que se han visto en demasiadas ocasiones en el salón principal del Palacio de Narváez. Y eso se tradujo en que todos los expedientes con calado político que hubieron de ser votados, independientemente de quien hiciera la moción, se saldaron con el voto afirmativo unánime de los 20 corporativos presente en la sesión. Ahora, lo que hace falta es que ese espíritu de diálogo en la defensa de sus legítimos puntos de vista, coincidan o no en sus postulados políticos, sea la tónica dominante de un periodo que, sin duda, la ciudadanía acogerá con agrado y ayude a superar la desafección que existe entre ésta y las personas que ejercen la política en cualquiera de sus niveles administrativos.
Tres fueron los expedientes que concitaron una mayor participación del alcalde, Joaquín Camacho, y de la jefa de la oposición, Mercedes González, y todos ellos giraron en torno a las presuntas afecciones de servicios públicos implantados en Loja: la reorganización de las oficinas de los Registros Civiles, la disminución de competencias de las oficinas liquidadoras de los Registros de Propiedad, y la eliminación del primer ciclo de la ESO en los colegios rurales, que en el caso lojeño afectaría al CPR Besana de Ventorros de San José.
Si bien cada uno de los asuntos tiene sus propias particularidades y, por tanto, diferentes puntos de enjuiciamiento y deliberación, los tres tienen en común, como se decía anteriormente, que minoran, eliminan o perjudican a servicios con implantación en Loja y que afectarían muy negativamente a los ciudadanos de esta ciudad y de aquellas otras localidades vecinas que hacen habitualmente uso de ellos. Por tanto, ambos ediles aunaron su malestar por las decisiones o anuncios que se han formulado hasta ahora en ámbitos de la Junta de Andalucía (oficinas liquidadoras y reforma mapa educativo centros rurales) o del Gobierno de España (registro civil).
En esa línea expresaron su oposición frontal a que se produzcan los cambios y aseguraron que lucharían con todas las armas políticas y sociales a su alcance para que no se afecte en estos y otros temas de vital importancia a los ciudadanos de las localidades del interior, entre ellas Loja.
Tal como acordaron PP y PSOE en la Junta de Portavoces, se presentaron dos mociones conjuntas.
OFICINAS LIQUIDADORAS
La primera hacía referencia a la anunciada reforma de las Oficinas Liquidadoras de los Registros de la Propiedad, que en Loja se sitúa en la avenida Pérez del Álamo con suficiente personal para atender todas los asuntos de su competencia. Según la modificación prevista por la Junta de Andalucía, Loja se quedaría como mera receptora de documentación, pero no realizaría ninguna gestión al respecto, debiéndose trasladar los usuarios a la oficina de Guadix, con lo que ello conlleva de desplazamientos, pérdidas de jornadas de trabajo, o la pérdida de afluencia de público a Loja para realizar sus gestiones, entre otras.
La portavoz del PSOE pidió al alcalde la máxima implicación en la defensa de este organismo lojeño, aún cuando eso signifique ponerse enfrente del PP que gobierna la Junta de Andalucía.
El alcalde le contestó que ya había expresado públicamente su oposición a esa medida y que se lo había transmitido personalmente al delegado del Gobierno andaluz en Granada, añadiendo que no se puede argumentar la eficacia del servicio para eliminar unas prestaciones y perder puestos de trabajo.
Ambos ediles coincidieron en calificar de barbaridad la pretensión de reducir a 3 las actuales 13 oficinas liquidadoras que se reparten por la provincia. Su coincidencia en el espíritu y en la forma a llevó a ambos grupos municipales a votar favorablemente de forma unánime la petición de paralización de la medida adoptada por la Agencia Tributaria.
REGISTRO CIVIL
En cuanto a la eliminación de los Registros Civiles dejándose sólo tres en toda la comunidad autónoma andaluza, su planteamiento se basa en una ley aprobada en 2011 sobre la organización de estos registros, en la que se establecía una serie de actuaciones tendentes a la informatización del sistema y permitir la gestión de sus competencias de forma digital. Sin embargo, tal como explicó Mercedes González, no se ha materializado ni una de las medidas que se iban a adoptar para la modernización de las oficinas de registro civil y, por tanto, no es posible su eliminación en las sedes judiciales. Como es sabido, en Loja esta dependencia se encuentra en el Palacio de Justicia de la calle Real, compartiendo edificio con los juzgados y con las dependencias de Hacienda y de Recaudación Provincial.
Joaquín Camacho recordó que la implantación de esta sede lojeña data de 1871, por lo que no daba crédito a que se quisiera suprimir tras 150 años de existencia, y por tanto pedía que se cambie la ley para evitar cualquier tentación de ponerla en marcha por el Gobierno que fuera.
Los dos grupos municipales aprobaron unánimemente la moción conjunta por la que se oponen al cierre del Registro Civil de Loja.
COLEGIO VENTORROS
El otro pilar básico en el que se apoyaron ambos partidos, PP y PSOE, para defender los servicios públicos fue el de la educación y en concreto la defensa de la continuidad del primer ciclo de la ESO en el colegio rural de Ventorros de San José.
La moción socialista presentada con carácter de urgencia sobre este asunto plantea en sus acuerdos manifestar la defensa de la enseñanza pública en general en Andalucía y, más concretamente en los colegios públicos rurales, destacando su papel como elemento esencial para evitar la despoblación y su contribución al desarrollo y sostenibilidad de los pueblos. Así mismo se insta a la Junta de Andalucía a que todas las medidas que se adopten en materia educativa, y especialmente aquellas que afecten a la reestructuración de los centros, sea previamente consensuada con la comunidad educativa y el Ayuntamiento de Loja. Y finalmente, instan al Gobierno de Andalucía al mantenimiento de las unidades de 1º y 2º de la ESO en el colegio Besana de Ventorros de San José.
González y Camacho coincidieron en lo lesivo de una medida como esa para Loja y expresaron sin ambages su disposición a luchar contra ella, sin embargo, la portavoz socialista mostraba sus reticencias hacia el PP por sus acciones en materia de enseñanza pública, mientras que el primer edil criticaba la propensión del PSOE a adueñarse de todas las políticas que tengan que ver con los servicios públicos en detrimento de su partido.
Fueron varias las intervenciones al respecto que les llevó, incluso, al ámbito de las políticas educativas en las comunidades autónomas y el Estado; y si bien la socialista reitero el papel predominante de los socialistas en estas materias, el popular afirmó que con esa actitud se ofendía a la militancia de su partido.
Joaquín Camacho negó, en base a las últimas noticias ofrecidas por el consejero de Educación Javier Imbroda, que se vayan a cerrar esas unidades, y que todo el problema de comunicación lo ha provocado su delegado provincial Antonio Jesús Castillo, al que censuró el propio alcalde. Para apoyar su posición, centrada en la defensa de los intereses de los lojeños, más allá de los de su partido, Camacho anunció que el Ayuntamiento financiará el 50% del coste del trasporte necesario para que los vecinos de Ventorros de San José acudan mañana jueves a la concentración prevista en Granada contra la presunta reforma de los centros.
En su cierre de intervenciones, Mercedes González agradeció el apoyo del PP a su moción, pero termino diciendo que la Junta de Andalucía está iniciando medidas que pueden dañar a la escuela pública en esta comunidad, y pidió el cese del delegado provincial. El alcalde, por su parte, reiteró su “inequívoca” defensa de los servicios públicos y en concreto de la educación para todos.
Tras un largo pero ágil y respetuoso debate se llegó a la aprobación por unanimidad de los puntos resolutivos de la moción.
RELEVO EN EL GRUPO SOCIALISTA
Por motivos de trabajo y la distancia entre éste y Loja fueron aducidos en la sesión plenaria por la concejala socialista María de Lara para abandonar la Corporación tras seis meses de periplo. Fue la propia edil la encargada de anunciar su partida por la dificultad de compaginar trabajo con la actividad política en Loja, fundamentalmente por la distancia entres Sevilla (sede de su actividad profesional) y Loja. Y dijo hacerlo con pesar por la buena acogida que siempre ha tenido en esta ciudad y por el ambiente en el que se desarrollaba su actividad en el grupo municipal socialista, añadiendo que ha sido todo un privilegio pertenecer a la Corporación de Loja.
Su compañera de bancada, Mercedes González, afirmó que se marcha una miembro importante del grupo, pues se trata de una pieza fundamental por su capacidad, trabajo, confianza y honestidad, “engrandeciéndolo con su presencia”. Finalmente le deseó suerte en su nueva etapa y le aseguró que puede contar siempre con la familia socialista lojeña.
Por su parte, el alcalde le agradeció su disposición y el trabajo que ha desarrollado en la Corporación aún cuando no coincidieran en algunas ocasiones al encarar aspectos de la vida política municipal.
Si bien desde el PSOE no se ha informado de la persona que la sustituirá, si se sigue el orden establecido en la candidatura socialista, el siguiente en tomar posesión de su acta como concejal sería Alfonso Lara. Se da la circunstancia de que cinco integrantes de la lista del PSOE presentada en las últimas elecciones ya han dimitido de su cargo de concejal (Gonzalo Vázquez y María de Lara) o han renunciado a formar parte de la Corporación por incompatibilidad de ejercer como concejal y ser a la vez empleado municipal (Purificación Vílchez, José Padilla y María del Carmen Ruiz).
