Los Ayuntamientos de Loja, Priego de Córdoba y Alcalá la Real han celebrado una reunión de trabajo con la secretaria General de Reto Demográfico y Equilibrio Territorial de la Junta de Andalucía, María Luisa Ceballos, para abordar la compleja situación presupuestaria que afrontan estos municipios. Todos ellos superan los 20.000 habitantes debido al peso de sus aldeas y diseminados, aunque sus cascos urbanos principales no alcanzan dicho umbral.
La citada particularidad demográfica implica asumir cargas financieras de grandes ciudades sin contar con el respaldo económico proporcional para atender a sus pedanías, lo que genera una brecha en la prestación de servicios básicos e intensifica el riesgo de despoblación.
Esta singularidad, que es compartida por otras ciudades del territorio andaluz, viene determinada por tener un núcleo principal inferior a 20.000, alcanzando o superando esa cifra debido a la población fuera del núcleo principal. Así Priego de Córdoba, con 21.851, de los que 3.733 viven en aldeas; Alcalá la Real tiene 21.577, de los que 4.034 viven fuera del núcleo principal; y por último, Loja, donde 14.352 de los 20.846 habitantes viven en el núcleo principal (datos INE a enero de 2026).
El umbral de los 20.000 habitantes representa un punto de inflexión decisivo para los municipios andaluces, ya que la legislación les atribuye de forma obligatoria la gestión directa de servicios esenciales como la Protección Civil, la prevención y extinción de incendios, la dotación de instalaciones Deportivas públicas y el sistema de evaluación e información ante situaciones de necesidad o exclusión social. Al rebasar este nivel poblacional, la entidad local adquiere una mayor autonomía organizativa y presupuestaria, asumiendo íntegramente sus competencias y dejando de depender de la tutela, coordinación suplementaria o auxilio técnico que prestan las diputaciones provinciales a las localidades de menor dimensión. Esta situación normativa viene regulada por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), que articula el catálogo estatal de servicios mínimos exigibles.
Joaquín Ordóñez, alcalde de Loja, ha incidido en el impacto directo que esta infrafinanciación tiene sobre el equilibrio social y económico de la comarca del Poniente Granadino: “Garantizar la igualdad de oportunidades y los servicios públicos esenciales en nuestras pedanías es crucial para frenar la sangría demográfica. Loja no puede quedar atrapada en una frontera administrativa que no refleja su realidad geográfica. Es urgente adecuar los criterios distributivos a la dispersión real del territorio para no dejar atrás a nuestros vecinos de nuestros pueblos.”
Ordóñez incide en que Loja cuenta con 21 núcleos de población con 15.000 habitantes en la ciudad y 6.000 en el medio rural y que ello no viene repercutido en las ayudas que llegan de otras administraciones. Pone de ejemplo el desembolso de 600.000 euros que hace el Ayuntamiento de Loja para el servicio de bomberos, mientras otros municipios de la comarca no tienen ese coste, por lo que pide que “se haga un estudio y se vean estas desigualdades”. Reconoce que por primera vez la Diputación de Granada ha llevado a cabo subvenciones directas para las pedanías lojeñas, pero incide en que el reconocimiento sea mayor. Ordóñez adelanta que se seguirán dando pasos para que se admita esta realidad y se acudirá a la FAMP y FEMP para solicitar un nuevo plan de financiación. “Sabemos que es un trabajo de años, pero hay que empezar por algo”, ha comentado el primer edil que cree que es fundamental mejorar la financiación para “luchar por el casco urbano y por nuestras pedanías”.
En la misma línea, con sus peculiaridades, se han mostrado los regidores de Priego y Alcalá. Juan Ramón Valdivia, alcalde de Priego de Córdoba, ha puesto de manifiesto que, por ser mayores de 20.000 habitantes, deben afrontar retos de financiación superiores a la de los municipios menores, citando como ejemplo servicios como el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, que en Córdoba está sustentado por la Diputación y tan solo seis ciudades. “El servicio de bomberos nos ha supuesto un coste de 2.154.035,38 € en el mandato 2023-2027. Tras haber estudiado el apoyo de la Diputación de Córdoba a Priego en este periodo —a través de programas como Planes Provinciales, Diputación Invierte, Plan de Humanización y Plan de Aldeas—, el balance es prácticamente cero si compensamos lo invertido en el Consorcio”. También ha incidido en que hay ELAs con más servicios que sus aldeas, debido a que cuentan con más reconocimiento en cuanto a su financiación.
Por su parte, el alcalde de Alcalá la Real (Jaén), Marino Aguilera, ha subrayado que la dispersión territorial en la comarca de la Sierra Sur exige un esfuerzo inversor sin precedentes para mantener equipamientos y redes de infraestructuras en más de una veintena de núcleos rurales: “El actual sistema normativo nos penaliza doblemente: nos priva del respaldo de los planes provinciales destinados a pequeños municipios, pero nos exige prestar servicios con estándares de gran ciudad en una red de diseminados muy amplia. Necesitamos que la financiación provincial, autonómica y estatal reconozca el coste real por habitante cuando éste reside en el medio rural disperso, que nuestros municipios puedan concurrir a las convocatorias de Reto Demográfico.”
La voluntad expresada por los tres primeros ediles a la secretaria General es que la Junta de Andalucía acompañe y lidere este cambio de modelo de financiación. El objetivo es posibilitar que las ciudades con esta singularidad reciban una aportación extraordinaria que permita igualar las oportunidades en el territorio —ya sean aldeas, Entidades Locales Autónomas (ELAs) o municipios— y evite que se agrande la brecha socioeconómica.
Los alcaldes confían en que este cambio normativo trascienda el ámbito autonómico y alcance a la máxima institución del Estado. En palabras de Juan Ramón Valdivia: “El debate de la financiación de Andalucía parece no tener consecuencias reales, pero nuestras ciudades y especialmente nuestras aldeas están sufriendo este modelo que debe cambiar de inmediato”. Afirmando “vamos a continuar con la difusión de esta realidad ante FAMP y FEMP, cooperadores imprescindibles para que nuestra demanda sea atendida a nivel normativo”.
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