En los últimos años, la despoblación que sufre el medio rural es uno de los problemas que más preocupan. Los pueblos de interior cada vez están perdiendo más población en favor de grandes ciudades, que concentran los servicios e infraestructuras. La localidad de Loja no es ajena a esta situación. Una quinta parte de la población lojeña -unos 5.000 vecinos-, vive en 21 núcleos de población rurales, que pertenecen a 11 pedanías distintas. Una idiosincrasia que hace que para el Ayuntamiento lojeño sea más difícil, y también más caro, que estos vecinos disfruten de los mismos servicios que puedan tener los lojeños que viven en el casco urbano.
Partiendo de esta premisa, los concejales lojeños hicieron valer esta realidad en el último pleno municipal y exigieron, sobre todo a la Diputación de Granada, pero también a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España, que la tengan en cuenta a la hora contribuir con ayudas y programas de inversión.
Así lo puso de relieve el alcalde, Joaquín Camacho, quien exigió a estas administraciones “que tomen medidas en apoyo de los pueblos que están perdiendo población de manera abismal”. Argumentó que “no es lo mismo administrar un pueblo de 15.000 habitantes que solo tiene un núcleo de población, que otro que tiene 15.000 en un casco urbano y otros 5.000 habitantes repartidos en más de 21 núcleos rurales”.
La reivindicación se centró sobre todo en la Diputación de Granada, que ya el 17 de noviembre firmó, con la unidad de todos los grupos, una declaración institucional en la que se comprometía a tener en cuenta a pueblos como Loja, con gran dispersión poblacional, para que también puedan participar en programas y subvenciones que, hasta ahora, solo están destinados a municipios de menos de 20.000 habitantes. Además, según el alcalde, “la declaración dice que se aplicarán políticas de discriminación positiva hacia ayuntamientos con pedanías, en todas las políticas que ponga en marcha el ente supramunicipal”.
De la declaración de principios de ese documento, a la realidad, va un trecho. Es lo que se denunció en el pleno municipal. La “sorpresa”, según denunció el alcalde, vino el 16 de diciembre en una contestación del diputado de Deportes al concejal lojeño del ramo tras una petición para que Loja participara en programas de infraestructuras deportivas para pedanías, en concreto para crear una pista en Fuente Camacho. La respuesta de la Diputación, según el alcalde, es que la declaración institucional “no estaba todavía firmada y que la actuación debía hacerla el Ayuntamiento”.
“La Diputación firma una declaración en noviembre, pero al mes siguiente da un portazo en la cara a los lojeños que viven en el medio rural”, exclamó el alcalde Camacho para, a renglón seguido, preguntarse que de esta forma “¿cómo se va a evitar la despoblación de los núcleos rurales?”. También desmintió que el gobierno provincial no pueda atender a municipios de más de 20.000 habitantes: “Es falso, porque la Diputación también tiene que velar por el cumplimiento de los servicios públicos en todos los pueblos de la provincia. Loja tiene 20.500 habitantes pero con una dispersión tremenda”, subrayó el regidor, quien exigió que se cumpla la declaración institucional aprobada y que se pongan en marcha actuaciones concretas, insistiendo en que es una reivindicación que va “más allá de los partidos políticos”.
Por su parte, la portavoz del PSOE, Mercedes González, felicitó al diputado lojeño Joaquín Ordóñez por haber conseguido esa declaración institucional, “un paso muy importante para Loja”, dijo, y mostró su acuerdo en la reivindicación, pero la hizo extensiva al resto de iniciativas de la Diputación: “Hay que llegar a más, no solo en materia deportiva, sino que hay que conseguir que el gobierno provincial financie el resto de materias y aplique esa discriminación positiva”.
Sin embargo, afeó al alcalde que lanzara el mensaje de que “la Diputación discrimina a Loja”: “No es bueno que se diga eso porque se crea un malestar innecesario y, porque además, no es cierto. La Diputación nunca ha estado en contra del Ayuntamiento y hay que poner en valor todos los proyectos que ha hecho aquí. Al final la deslealtad no es buena”, apostilló González.
En este punto, ambos, el alcalde y la portavoz socialista, se enzarzaron en un largo cruce de acusaciones sobre las actuaciones que había hecho la Diputación en Loja, sobre su presunta discriminación con el municipio, y el uso partidista de la reivindicación. Pero, finalmente, la moción se aprobó por unanimidad.
