La fiscalía de Granada ha archivado la denuncia presentada por varios diputados provinciales socialistas en el pasado mes de diciembre contra los responsables de la empresa pública de vivienda Visogsa y el exconcejal del Partido Popular de Loja Antonio María Caro Derqui. La entidad, perteneciente a la Diputación de Granada, firmó un contrato con el bufete de abogados de Caro Derqui un día antes de que éste renunciara al acta de concejal en el Consistorio lojeño, en donde sus desencuentros con el regidor Joaquín Camacho habían originado una crisis de gobierno.
Los diputados socialistas acusaron a la Diputación, en manos del PP, de amañar el expediente de contratación para favorecer al exconcejal y solucionar así la inestabilidad política originada en el Ayuntamiento de Loja. Según el PSOE, Visogsa utilizó un procedimiento negociado sin publicidad en el que invitó a otras dos empresas que no se disputaron en serio el contrato. Sin embargo, la fiscalía entiende que en el proceso no se produjo ningún delito de prevaricación, como apuntaba la denuncia.
En el decreto de archivo el fiscal argumenta que, ciertamente se invitó a otras dos sociedades. Una de ellas era un despacho con el que Visogsa nunca había contratado y que tampoco tenía aparentemente relación con la materia que se demandaba, como asesoramiento jurídico en cobro de impagos, desahucios y gestión de comunidades de propietarios. No obstante, el fiscal entiende que no son asuntos excesivamente complejos para un abogado con una mínima experiencia. Sin embargo, este despacho hizo una oferta económica superior a la licitación, por lo que quedó eliminado.
La segunda empresa sí tenía experiencia en la materia pero no presentó oferta. Y, por último, el despacho del exconcejal, “capacitado según currículum, que concurre a la invitación haciendo una oferta que se ajusta al precio licitado y que resulta elegido”.
La Fiscalía concluye que “nos encontramos ante una oferta de contratación realizada por Visogsa a tres despachos de abogados; uno de los cuales podría no considerarse capacitado y los otros dos sí; además, aquel hace una oferta al alza, con respecto al precio de licitación. De los teóricamente capacitados, uno, por cuestiones que desconocemos, no concurre a la invitación, y el que concurre hace una oferta dentro del precio fijado. No parece que sea una decisión prevaricadora”, resuelve el fiscal. Por último, indica que puede ser “discutible” que haya despachos más “capacitados”, pero que en todo caso sería objeto de la vía contencioso-administrativa y no de la vía penal.
