La Audiencia de Granada juzga los próximos días 16 y 17 de septiembre a un presunto francotirador acusado de herir a dos vecinos de Loja. Los hechos ocurrieron en 2007 y las dos personas heridas simplemente pasaban por allí y se convirtieron en involuntarias dianas del entretenimiento de la persona que en los próximos días se va a sentar en el banquillo de la Audiencia, enfrentándose a una presunta comisión de un delito de daños y otro de lesiones. Uno de los dos vecinos, de hecho, recibió un impacto en un ojo y prácticamente quedó tuerto. Por este último cargo, la Fiscalía Provincial pide para él una pena de diez años de cárcel – y por los daños, veinte meses de multa a razón de veinte euros diarios-, que no es ninguna broma.
A decir del informe de la investigación, el francotirador actuó durante unos seis meses, entre enero y junio de 2007. De hecho, el primer ataque se produjo el 23 de febrero -había adquirido el arma el 31 de enero-. La víctima fue un vecino de Loja que, sencillamente, pasaba por allí. El procesado, siempre supuestamente, disparó desde su casa y el proyectil impactó en el párpado del ojo derecho del ‘objetivo’ y le dejó severas secuelas, ya que el balín afectó al nervio óptico.
La segunda persona damnificada tuvo más suerte: recibió el ‘plomazo’ en una pierna y se recuperó bien -le quedó un ligero perjuicio estético-. Eso pasó el 30 de junio de 2007.
Entre ambos incidentes, el francotirador, según el escrito de acusación elaborado por la Fiscalía, se dedicó a tirotear cosas en lugar de personas. En este sentido, causó desperfectos en «dos amplificadores de antena», una persiana y la puerta de una cochera que pertenecían a un mismo vecino. Asimismo, «ocasionó daños en dos farolas del Ayuntamiento de Loja y el cartel luminoso de un bar» situado cerca de su domicilio.
Cuando sucedió el segundo ataque, la Guardia Civil, tras una concienzuda investigación que había prolongado durante cinco meses, ya había estrechado el cerco sobre el sospechoso: habían atado cabos y tenían algunas pistas certeras.
La Guardia Civil comenzó a indagar después de que el acusado, al parecer, dejase tuerto a un vecino en febrero de 2007. Entre las pruebas que reunieron los investigadores del instituto armado había un balín íntegro que coincidía exactamente con los que luego decomisaron al supuesto francotirador. Los guardias habían hallado el proyectil en cuestión en el interior de una botella del bar que también fue tiroteado. La botella en la que cayó la prueba de cargo era utilizada para recoger el agua residual del aparato del aire acondicionado de la taberna, lo que da una idea de la minuciosidad de las pesquisas.
Según la Fiscalía, el procesado cometió, presuntamente, una falta y un delito de lesiones y otro delito de daños. Por ello, «procede imponer al acusado, por el primer delito, la pena de diez años de prisión; por la falta, la pena de multa de un mes con una cuota diaria de veinte euros; por el delito de daños, la pena de multa de veinte meses con una cuota diaria de veinte euros», detalla el ministerio público. En su calificación, la Fiscalía aclara que «no concurren en el acusado circunstancias modificativas de la responsabilidad penal». O sea, que, en principio, no existirían motivos para reducir las penas.
