La moción, presentada por el grupo municipal del Partido Popular, sobre la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, fue uno de los puntos plenarios que más debate generó entre Gobierno y oposición en la última sesión plenaria del pasado martes, 4 de abril, y que salió adelante con el voto a favor de PP y Alejandro Ronda y en contra el PSOE.
El PP proponía en su documento instar a la Junta de Andalucía a suprimir el impuesto de Sucesiones y Donaciones, de manera progresiva para herencias entre familiares de primer grado, al igual que ya se ha hecho en otras autonomías, como la Comunidad de Madrid, y así “acabar con la discriminación que padecen los contribuyentes andaluces”.
Y, por otro lado, aplicar una bonificación progresiva para lograr la supresión ‘de facto’ de este impuesto que “castiga a las familias”: bonificar el 33% del impuesto en 2017; el 66%, en 2018; y el 99%, en 2019, dejando una tributación simbólica del 1%, “como la que existe en otras comunidades autónomas, para luchar contra el fraude fiscal”, recoge la moción.
Sobre este asunto, el alcalde Joaquín Camacho, manifestó que “mi grupo pide un impuesto justo, con bonificaciones para la clase media” y trasladó datos del informe del Colegio Notarial de 2016 que recoge que “el mayor porcentaje de renuncia de herencias se produce en Andalucía, lo que nos hace menos competitivos fiscalmente con otras comunidades autónomas”.
Tras su alocución, intervino el concejal no adscrito, Alejandro Ronda, quien argumentó que se trata de un “impuesto injusto, que el Tribunal Constitucional ha manifestado sus dudas al respecto, ya que se trata de pagar dos veces por algo que ya se tiene en propiedad” y también aludió al escalón existente de 175.000 euros “a la hora de comenzar a pagar, porque le falta progresividad”.
Por su parte, el portavoz del partido socialista, Juan Francisco Mancilla, subrayó que “se trata de un impuesto progresivo que grava a las rentas más altas y cuya titularidad es estatal por lo que es el Gobierno central es el que debe eliminarlo, ya que lo que está cedido a las comunidades es la encomienda del rendimiento”.
Mancilla comentó que este impuesto lo pagan en Andalucía “el siete por ciento de los andaluces”, según recoge el informe de la Cámara de Cuentas, y matizó que “el impuesto se paga a partir de 250.000 euros por persona, quedando exento el resto, y excluyéndose la vivienda habitual, las explotaciones agrarias y los negocios familiares” y le recordó al alcalde que lo que pagan los ciudadanos en el Ayuntamiento “no es el impuesto de sucesiones, sino la plusvalía por las herencias recibidas por lo que le invitó a eliminarlo”.
En contestación a estas declaraciones, el regidor lojeño afirmó que cada comunidad decide sobre este impuesto desde 2009, donde dejó de ser estatal, ya que “si lo fuera, sería único para todas las comunidades”. Sobre el pago del impuesto de sólo el 7% de personas, Camacho matizó que “este dato recoge los que han podido pagarlo, no los que renuncian o los que no tributan, porque las grandes fortunas pagan fuera y el dinero que se queda aquí es de las clases medias”.
Volvió a hacer referencia al informe notarial que recoge la cifra de renuncias por herencias que “aumentó en un 420%, o lo que es lo mismo, más de 7.000 familias andaluzas renunciaron a sus herencias” y aclaró que el límite de 250.000 euros se basa sobre el valor que hace la Junta de Andalucía que es “al alza” y la vivienda habitual “no tributa si se ha residido en ella en los dos últimos años anteriores”.
Sobre el pago de la plusvalía, el alcalde-presidente expuso que “no tiene nada que ver con este impuesto, ya que sólo se paga cuando se compra”, a lo que reiteró Mancilla que “cuando una persona hereda paga la plusvalía” por lo que solicitó una moción “in voce” para que se eliminara la plusvalía, que no salió adelante, al no haberse considerado de urgencia por la mayoría de los miembros de la Corporación, ya que “se necesitaría un estudio pormenorizado para ver si se puede bajar y que no perjudique a otros servicios municipales”, explicó.
Los dos siguientes apartados sobre imposición de contribuciones especiales para la financiación de la reurbanización de las calles Virgen de África, en la barriada de La Esperanza, y Alonso Cano, en El Cerro, fueron aprobados inicialmente por mayoría, con la abstención del PSOE; en el primero de los casos, el importe de la obras es de 66.254 euros y, en el segundo, por valor de 76.031 euros, aportados ambos por la institución municipal, financiándose con contribuciones especiales el 10%. El presidente también dio cuenta sobre el Plan Presupuestario a medio plazo 2018-2020.
