El grupo socialista de la Diputación de Granada ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía por la supuesta compra por parte de la dirección del PP del acta de un concejal “díscolo” de Loja, Antonio María Caro, a cambio de un contrato de asesoramiento jurídico externo en la empresa pública Visogsa. Según recordó el PSOE, Caro provocó una crisis de gobierno en este municipio granadino al abandonar su cargo como teniente de alcalde en el ejecutivo local de Loja, sin dejar el acta de concejal hasta que firmó ese contrato con la empresa de Vivienda y Suelo de la Diputación.
Los representantes socialistas denunciaron la presunta comisión de delitos de cohecho y apaño de contrato público y han llevado este caso a la Fiscalía Superior andaluza ante la supuesta implicación en el “amaño” de cargos políticos del PP aforados, caso del actual senador popular y exalcalde de Armilla Antonio Ayllón.
El diputado provincial socialista y consejero de Visogsa, Manuel Gómez Vidal, incidió en que su formación ha agotado todas las vías políticas posibles, antes de acudir a los tribunales, para exigir explicaciones y la anulación del contrato al concejal “disidente”.
Los socialistas han solicitado reiteradamente la celebración de consejos de administración en la empresa, llevaron el caso al pleno de la corporación e incluso mantuvieron un encierro en la sede de la empresa pública por la negativa del gobierno presidido por Sebastián Pérez a rectificar. Gómez Vidal indicó que este caso constituye una “crónica” de la supuesta compra de un acta de concejal para asegurar la gobernabilidad en el municipio de Loja. “Existen hechos objetivos que evidencian que la existencia de una crisis de gobernabilidad en el Ayuntamiento fue zanjada con un contrato en Visogsa”, afirmó.
Gómez Vidal aseguró que el gobierno provincial del PP promovió un concurso sin publicidad en Visogsa para adjudicar el servicio de asesoramiento jurídico en materia de cobro de impagados, desahucios y gestión de comunidades. Además del despacho de abogados del concejal que amenazaba la estabilidad del gobierno del PP en Loja, denominado “Comunidad de Bienes A. Caro Abogados”, fueron invitados otros dos despachos.
