Numerosos representantes del Partido Popular de los municipios de la provincia de Granada se manifestaron el viernes 12 de julio en la Delegación de la Junta de Andalucía de la capital para denunciar el impago de los fondos que debían haber sido ingresados para Bienestar Social y que, según expresaban los diferentes alcaldes, concejales y portavoces populares, esta deuda repercute directamente en los trabajadores de esta área. De la misma manera se manifestó también un grupo de trabajadores que exigía la liquidación de nóminas atrasadas. A este respecto, la parlamentaria andaluza Marifrán Carazo ha afirmado que la mayoría de los ayuntamientos de Granada tienen que adelantar el dinero de las nóminas de las trabajadoras para no dejar desatendidos a los usuarios. Al mismo tiempo, Carazo ha denunciado que “el Ejecutivo andaluz debe más de 6 millones de euros al consistorio de la capital; 18 millones a la Diputación provincial; 1, 5 millones a Baza; Íllora 0,6 millones; 0,5 millones a Guadix; 0,5 a Armilla y 0,4 a Almuñécar, entre otros tantos”.
Por su parte, la diputada de Familia y Bienestar Social, Marta Nievas, ha pedido a la Junta de Andalucía “que se deje de confrontación y de demagogia con el Gobierno central y pague de una vez por todas lo que adeuda a la provincia de Granada en dicha materia”. Nievas ha criticado la actitud del Ejecutivo autonómico que paga los gastos judiciales de la trama de los ERE´s con fondos públicos y sin embargo “no ha pagado ni un solo euro en el primer semestre del año 2013 de la Ley de Dependencia y de Ayuda a Domicilio, incumpliendo el convenio firmado con la Diputación de Granada y poniendo en peligro las nóminas de las trabajadoras que llevan hasta cuatro meses sin cobrar”.
Por todo esto, Carazo ha finalizado señalando que el PP va a presentar una moción en todos los municipios exigiendo al Ejecutivo andaluz el pago inmediato de la deuda en dicha materia.
Bienestar Social en Loja
Según exponía la concejala de Bienestar Social y de Igualdad, Matilde Ortiz, la deuda acumulada en Loja por parte de la Junta, referente a la Ley de Dependencia y la Ayudas a Domicilio, asciende a 506.743 euros, cantidad que debía haber sido ingresada en el Ayuntamiento de Loja desde el primero de enero según el convenio establecido. Esto supone un retraso de seis meses y medio. Por otra parte, también señaló algunos casos graves de ciudadanos que no han sido resueltos desde el año 2009 correspondiente a la activación del PIA o la Ley de Dependencia. Con respecto a las diferentes residencias del municipio, hay actualmente plazas vacantes que no pueden ser cubiertas debido a este impago, en concreto, 5 plazas libres en la residencia Santa Clara, al igual que en Nuestra Señora de la Misericordia y 17 en Sierra de Loja. La concejala afirmó que la limitación de este servicio público incurre en un gasto para las familias de los usuarios que no pueden hacer uso de dicho servicio. También señaló que esta situación “está causando una destrucción de empleo”, ya que al reducirse las plazas que pueden ser atendidas, se están realizando despidos en estas empresas. Matilde Ortiz aseguró que el servicio se sigue manteniendo ya que el Ayuntamiento ha asumido el cargo económico no suplido por la Junta de Andalucía.
Maltilde Ortiz quiso llamar la atención sobre subvenciones que valoró como “menos urgentes” como los 73 millones destinados a la cooperación internacional o el desarrollo del champiñón morroquí. Según su opinión, con estos fondos se podría aumentar el presupuesto para el plan de alimentación de menores que se estableció los 16 millones de euros, afirmando que “hay que priorizar en tiempos de crisis”.
Por su parte, el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, hizo hincapié en que “es muy fácil decir que no se harán recortes en estos servicios pero no pagarlos”. De la misma forma, señaló que al no cubrir las plazas en las residencias mencionadas se está realizando un recorte del servicio, y recordó el 10% que se redujo del presupuesto del Centro de Adicciones o el Equipo de Tratamiento Familiar. Camacho aseguró que esa diferencia ha sido asumida por el Ayuntamiento y afirmó que “eso es compromiso; con hechos y no palabras”.
