El Ayuntamiento de Loja ha suspendido el plazo de presentación de ofertas del contrato del servicio de ayuda a domicilio, uno de los de mayor cuantía de la institución (38 millones de euros), después de que la entidad Círculo Empresarial de Cuidados en Andalucía haya presentado dos alegaciones contra el pliego. La presentación de ofertas estaba abierta hasta el 23 de septiembre, pero el procedimiento queda ahora paralizado a la espera de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía resuelva las reclamaciones.
El asunto se abordó en el primer Pleno del curso político, celebrado el pasado 17 de septiembre, y tuvo que ser incluido por vía de urgencia al no haber pasado previamente por comisión informativa. La Corporación aprobó por unanimidad tanto su inclusión en el orden del día como la propuesta de suspensión del procedimiento.
El alcalde, Joaquín Ordóñez, explicó que las alegaciones se refieren, por un lado, a los requisitos de solvencia y experiencia exigidos a las empresas y, por otro, a los criterios de valoración de las mejoras previstas para la adaptación de cuartos de baño, entre ellas, la sustitución de bañeras por platos de ducha.
Defendió la legalidad del pliego y señaló que los informes técnicos municipales consideran que las reclamaciones no tienen fundamento. “Tenemos el derecho a decirle a la empresa que está equivocada en base a la ley”, afirmó.
Además, el regidor lojeño insistió en que la suspensión no afecta actualmente a la prestación del servicio y aseguró que, “si fuera necesario”, el contrato vigente con Arquisocial podría “prorrogarse hasta que finalice la nueva licitación”, cuya necesidad viene marcada por la finalización del actual contrato en noviembre.
El portavoz del grupo municipal del PSOE, Antonio García, aprovechó el debate para reprochar al equipo de gobierno que “no atendiera las advertencias realizadas por su grupo durante la tramitación del pliego”. El edil sostuvo que su formación había detectado una posible incongruencia en la numeración de uno de los apartados relativos a las adaptaciones de viviendas y que “ese aspecto coincide con una de las cuestiones planteadas ahora en las alegaciones”, aseguró.
“Mi compañero Antonio Cáceres estuvo intentando explicárselo a usted y a la señora Ortiz, pero no hicieron caso de lo que estábamos diciendo”, manifestó el socialista, quien recordó también las propuestas de su partido sobre la zona azul, la zonificación del servicio y el pago del kilometraje real de las trabajadoras, cuya respuesta “todavía estamos esperando”.
El dirigente socialista vinculó la importancia del expediente por su cuantía y por su incidencia sobre los beneficiarios y la plantilla. “Lo que queremos es que se mejoren sus condiciones”, señaló.
Ordóñez rechazó que el equipo de gobierno hubiera ignorado las advertencias de la oposición y defendió que el expediente fue revisado durante su tramitación por los técnicos municipales. “Si ustedes habían detectado un tema dentro de ese gran pliego de más de 500 páginas que pudiese ser motivo de recurso administrativo, lo normal es que lo dijesen en la comisión de Gobernación”, respondió.
El alcalde consideró que la posibilidad de presentar alegaciones forma parte del propio procedimiento de contratación y sostuvo que, si el Tribunal considera que alguna de ellas debe prosperar, “se modifica y volvemos a salir”.
La Corporación dio así luz verde a la suspensión del plazo mientras se resuelven las reclamaciones, a la espera de que el procedimiento pueda continuar y el nuevo contrato sustituya al actual.
GOBERNACIÓN
En el capítulo de Gobernación también se dio cuenta de las delegaciones genéricas y especiales de la nueva concejala Aurora Sanjuan, que se incorpora al equipo de Gobierno del PP en sustitución de María Ramos, ostentando las carteras de Juventud, Desarrollo y Comercio. El punto, de carácter administrativo, acabó derivando en un amplio debate sobre la organización del Gobierno municipal y la gestión del mandato.
El portavoz de VOX, Jesús Lobato, preguntó en primer lugar por las condiciones económicas de Sanjuan tras dejar el puesto eventual que ocupaba anteriormente, sobre lo que aclaró el alcalde, Joaquín Ordóñez, que asumirá las competencias y la retribución que correspondían a la anterior edil. “El sueldo es el mismo que tenía María Ramos. No hay subida de sueldo ni cambio de sueldo”, afirmó.
Lobato cuestionó también que la nueva edil figure entre los aspirantes a una plaza de conserje convocada por el Ayuntamiento. “Yo creo que no es ni ético ni moral que los concejales del equipo de Gobierno se presenten a los puestos de empleo público que ustedes mismos convocan”, señaló.
Sobre esto, el regidor lojeño defendió que los concejales pueden concurrir a procesos selectivos y recordó que son los órganos de selección los encargados de examinar y resolver estas convocatorias. “Mientras somos concejales, podemos optar a cualquier puesto de trabajo”, informó.
Por su parte, el portavoz del PSOE, Antonio García, aprovechó el debate para cuestionar los sucesivos cambios de responsabilidades registrados en el equipo de Gobierno desde el inicio del mandato. Señaló que algunas áreas han llegado a tener “hasta cuatro concejales al frente” y sostuvo que esta situación ha repercutido en la gestión. “Cuando ustedes han tenido problemas internos, eso ha afectado la gestión”, aseguró.
García puso como ejemplos el estado de distintas instalaciones deportivas, los retrasos en las naves de El Frontil, la situación de los polígonos industriales y el mercado municipal. También rechazó que todos los concejales estén igualmente preparados para asumir de forma inmediata las competencias de sus compañeros. “No me diga usted que ahora mismo todos son conscientes de todo, porque no es así”, manifestó.
Ordóñez rechazó las críticas y defendió la capacidad de su equipo para asumir diferentes áreas. “Aquí prácticamente todos seríamos capaces de llevar el área del compañero que tenemos al lado”, atribuyó los cambios a la reorganización del Gobierno y reivindicó la experiencia de sus concejales.
MOCION CEUTA
También en este apartado se presentó una moción del grupo municipal VOX en defensa de la soberanía española sobre Ceuta, Melilla y el resto de plazas de soberanía española en el norte de África. La iniciativa salió adelante con los votos de VOX y Partido Popular y la abstención del PSOE.
En palabras de su portavoz, Jesús Lobato, la moción rechaza “las reivindicaciones territoriales de Marruecos y reclama al Gobierno de España una declaración expresa de respeto a la soberanía española, así como la convocatoria del embajador marroquí”. También plantea revisar los instrumentos de cooperación con el país vecino y que “las relaciones económicas, migratorias, policiales y diplomáticas estén presididas por el principio de reciprocidad”.
El edil de VOX defendió que “Ceuta y Melilla es España, igual que Loja, igual que cualquier territorio español” y reclamó una respuesta firme ante lo que calificó de vulneración de la frontera española. También acusó a Marruecos de utilizar la presión migratoria como “instrumento de guerra híbrida”.
Desde el PSOE, su responsable político Antonio García aseguró compartir la defensa de Ceuta y condenó tanto la entrada irregular de personas como la actuación del Gobierno, aunque cuestionó el enfoque de la moción. “Lo que no podemos pedir, señor Lobato, es que nos saltemos la ley”, matizó. Además, García reprochó a VOX, no haberse sumado a la declaración institucional sobre este tema y que utilizara el debate para “crispar” y generar confrontación política.
El alcalde, Joaquín Ordóñez, anunció el apoyo del PP a la iniciativa, aunque insistió en que hubiera preferido una posición conjunta de los tres grupos. “Yo creo que todos los lojeños, sin excepción, están con Ceuta”, señaló, defendiendo la necesidad de buscar la unidad y el consenso. El regidor consideró además que este tipo de asuntos nacionales deberían evitar convertirse en motivo de enfrentamiento dentro del Pleno municipal.
El debate terminó con un último intercambio entre Lobato y García sobre la política migratoria y los acuerdos entre PSOE y PP, antes de que la Presidencia diera por concluida la discusión y sometiera la moción a votación.
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