El Pleno de la Corporación Municipal aprobó el pasado martes [4 de febrero], con los votos a favor de Convocatoria por Loja y PSOE, una moción de rechazo a la reforma de la ley del aborto promovida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Ambos grupos pidieron la retirada del proyecto de ley al considerar que acaba con la libertad de las mujeres a la hora de decidir sobre su embarazo y las aboca a la clandestinidad.
La iniciativa fue presentada por el grupo municipal de CpL. Hilaria Muñoz, concejal de la formación, expuso que “el Gobierno del PP pretende ejecutar en solitario una de las leyes de aborto más restrictivas de Europa, que supone una vuelta al pasado, incluso más allá que la primera ley del año 1985, y que sólo pretende contentar a los sectores más conservadores del partido”.
Para Muñoz, esta reforma provocará que las mujeres españolas “tengan dos opciones: abortar fuera de España si tienen recursos para ello, o bien abortar en España en condiciones de clandestinidad con el consiguiente riesgo para su salud y su vida”. La edil añadió que se trata de una ley “ideológica” y acusó al Gobierno de legislar por “convicciones morales o siguiendo la doctrina de la Iglesia” y no atendiendo “a lo que la sociedad demanda”.
Una visión muy diferente de la que tiene, evidentemente, el Partido Popular. La concejal de Bienestar Social, Matilde Ortiz, argumentó que esta reforma “defiende la vida del concebido y no nacido, cuyos derechos prevalecen”. También recordó que establece dos supuestos para permitir el aborto, por violación o cuando hay riesgo para la vida de la madre, aunque deberán aportarse los informes médicos preceptivos. Para Ortiz, con este anteproyecto de ley, que se ha elaborado siguiendo “las recomendaciones de muchos colectivos antiabortistas”, el PP cumple una de las promesas que incluía en el programa electoral con el que se presentó a las últimas Elecciones Generales “y que ha sido refrendado por más de diez millones de votantes”.
Por su parte, el PSOE mostró su “rechazo total” a esta reforma con la que las mujeres van a estar “tuteladas”. “La ley de 2010 no imponía, les dejaba libertad para decidir sobre su embarazo. Está sí”, denunció Isabel Abadía, concejal socialista, quien añadió que en España se realizan 128.000 abortos al año, “una realidad que resulta absurdo obviar”.
Para Abadía, sería esto “lo único que el PP va a cumplir de su programa electoral”, y recordó que la reforma no cuenta con consenso, “incluso dentro del PP hay muchas voces discordantes”. “Gallardón no considera a ninguna mujer capacitada para decidir a ninguna edad. Molesta la libertad, y que en pleno siglo XXI puedan decidir lo que hacer con su vida”, sentenció la concejal.
En la misma sesión plenaria también se debatió otra moción presentada por el PSOE referida al tratamiento fiscal a las pensiones de los emigrantes retornados. La concejal socialista Josefa Jiménez explicó que estas personas están obligadas a declarar estas pensiones y que en muchos casos siendo objeto de multas por parte de Hacienda al desconocer esta nueva situación. Por ello, pidió al ministerio que se paralicen estas sanciones. “No se trata de que defrauden o que no se les cobre, sino que se amplíen los plazos de la cuantía a liquidar a interés cero para permitir regularizar su situación”, explicó Jiménez.
En este punto intervino de nuevo Matilde Ortiz para tachar en primer lugar al PSOE de “oportunismo político” porque, dijo, “el Gobierno sólo cumple una ley que los socialistas aprobaron en 2006”. Para Ortiz, la ley deja “bien claro” que toda persona residente en España está obligada a tributar por las rentas que tenga en el exterior”. Rechazó que se les pretenda “castigar” y añadió que la propuesta de los socialistas “es contraria a los principios de igualdad y equidad, porque supone un agravio a otros colectivos que sí tienen que pagar sanciones”.
