Ya queda menos para que el Centro Deportivo Urbano (CDU) de Loja abra sus puertas al público con su amplia oferta deportiva, entre la que destaca las piscinas cubiertas. Con las obras prácticamente finalizadas, el Ayuntamiento trabaja -paralelamente-, en el proceso de contratación de la empresa que lo gestionará y pondrá en marcha el próximo otoño. El siguiente paso dado ha sido la aprobación por el Pleno de la Corporación Municipal, celebrado el pasado 6 de mayo, de la propuesta de concesión del servicio del CDU a la empresa madrileña Instinto Deportivo SL, elegida por la mesa de contratación del Consistorio.
“Hoy es un día importante porque se plasma, por fin, la materialización de algo que llevamos esperando mucho tiempo y que es ver las piscinas cubiertas en funcionamiento”, manifestó el alcalde-presidente, Joaquín Camacho, durante la sesión plenaria.
Tras el anuncio, explicó que “hoy traemos la elección de la mesa, en base a los estudios e informes realizados por los distintos técnicos municipales para proponer el orden de los tres licitadores presentados, siendo esta sociedad la única que cumple todos los requisitos exigidos”, además de ofertar mejoras en actividades, disminución de precios públicos a usuarios y el aumento de la prestación de las pistas de pádel con el cubrimiento de las cuatro superficies.
A partir de este instante, a la sociedad seleccionada se le requiere un plazo de 10 días, desde la notificación, para que presente toda la documentación y una garantía económica por una cuantía de 353.045 euros. “Si se cumplen los plazos es previsible que para el Pleno de junio se traiga la adjudicación definitiva de este servicio, a lo que le seguirá la firma del contrato”, lo que significará “una gran oportunidad para el futuro de nuestra ciudad desde el punto de vista deportivo, económico y turístico”, adelantó.
El regidor lojeño hizo mención a la larga historia de esta instalación deportiva de más de 10 años con muchos problemas de financiación y técnicos en la ejecución de la obra. “Hoy estamos satisfechos porque la apuesta, la estrategia y el trabajo realizado por este equipo de Gobierno en la última década que ha sido minucioso, cumpliendo plazos y procedimientos y defendiendo los intereses de los vecinos y el Ayuntamiento”.
Y al hilo de esto, aludió a la reciente sentencia judicial que “da la razón a la gestión realizada por el Consistorio para una obra con muchos dificultades administrativos, económicos y de ejecución técnica de la obra, ya que se estaba haciendo una verdadera chapuza, por lo que no se podía continuar con esta empresa”. Por este motivo, se decidió rescindir el contrato con la sociedad que, seguidamente, interpuso una demanda por valor de “dos millones de euros por perjuicio” y, después de tres años, “el juez desestimó su recurso”.
Al respecto, la portavoz del grupo municipal socialista, Mercedes González, recalcó su voto a favor para que se avance en la puesta en marcha de las piscinas cubiertas. “No sólo porque es la única propuesta que se ha presentado, sino porque la hemos estudiado y nos parece que se adecúa a los criterios requeridos, al igual que hemos hecho en cada paso para retomar el Centro Deportivo Urbano”.
Reconoció la importancia de la sentencia, porque supone que el Ayuntamiento “sólo tendrá que pagar los 82.000 euros que se le reconocen de deuda a la empresa” y le reprochó que asociara “la buena gestión con el resultado del fallo de la sentencia”.
Por esta circunstancia, la jefa de la oposición recordó que el proyecto se inició en 2009 con un convenio de colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento de 3,4 millones de euros para ejecutarlo y una prórroga hasta el 2014 que se solicitó “antes de que en 2011 los socialistas abandonaran el Gobierno”.
A continuación, el primer edil les recriminó a los socialistas que pusieron color político a un proyecto que es de la ciudad. “Hay que ser humilde, porque somos servidores públicos y lo importante es generar riqueza y dejar de mirar al pasado y plantear el futuro”. Sobre lo que matizó la socialista que “usted es quien ha hablado de la sentencia, adjudicándose el éxito de la gestión, en vez de informar de la oferta”.
DEBATE
Con la llegada al poder municipal del cogobierno del Partido Popular y CpL, González reconoció que “hubo problemas con la empresa, pero no creyeron al principio en este proyecto”, cuyo desarrollo ralentizaron hasta su paralización por las desavenencias entre ambas partes. A su vez, matizó que “desde 2012 hasta 2017 no se hizo nada para ponerlo en marcha con el consiguiente deterioro que sufrió el inmueble que costó arreglar con fondos públicos”. Camacho le contestó que la situación económica de 2011 no era la de 2017, cuando se pudo pedir una operación de crédito, porque se tenía un endeudamiento del 150%. Sobre los desperfectos, aclaró que “lo que se tuvo que rehacer fueron muchas unidades de obra que estaban mal hechas”.
Y cuando se retomó el proyecto de infraestructura deportiva -destacó la representante del PSOE en el foro municipal- se hizo con “mucha lentitud y hoy, siete años después se ha hecho con un presupuesto costoso de más de 7 millones de euros”. Desglosó esta cantidad en los 2 millones gastados cuando se paralizó la obra, 450.000 euros de fondos propios para el arreglo de daños y mala ejecución y de 1,3 millones de euros de la devolución de la subvención, junto a los 3,3 millones de euros del préstamo solicitado para terminar la obra.
A Joaquín Camacho le sorprendió que el PSOE reiterara, después de conocer la sentencia, el argumentario “de siempre” y subrayó que “no es cierto que haya costado siete millones”. El alcalde dio la cifra de 4,9 millones de euros, como cantidad final del coste del CDU, lo que supone una menor cuantía que la fijada en 6,2 millones que recoge el proyecto inicial, financiado por la Junta y el Ayuntamiento (al 27%, respectivamente) y la empresa (45%), de los que “no existía partida municipal, porque no había dinero, así que fueron los primeros en incumplir el acuerdo, junto a la devolución de la inversión de la empresa que había que devolverla en un plazo de 25 años, así que la infraestructura no ha salido más cara”.
También se refirió a la denegación de una nueva prórroga por parte de la Junta. “Le mostramos nuestra voluntad de continuar con el proyecto y que no se quitara la subvención que ya estaba invertida en el edificio. “Esta administración autonómica fue insensible y su grupo no quiso unirse para conseguirla y la realidad es que sí creímos en el proyecto”, a lo que respondió Mercedes González que “si no se avisa a la Junta de los problemas que va a ver, si hay un incumplimiento de contrato y se exige la devolución de la ayuda”.
El expediente se aprobó con el voto a favor de todos los corporativos.
