El último Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Loja, celebrado el pasado 8 de octubre, abordó de nuevo el contrato del servicio de ayuda a domicilio después de que los primeros pliegos fueran impugnados y, posteriormente, corregidos por los servicios técnicos municipales, por lo que volverá a salir a licitación en breves fechas. El expediente contempla un contrato que, en palabras del alcalde, Joaquín Ordóñez, calificó como “el más cuantioso” del Consistorio, con “más de 300 trabajadoras, alrededor de 1.000 usuarios y un presupuesto inicial de ocho millones de euros anuales que podría superar los 13 millones”.
El regidor lojeño defendió que los nuevos documentos subsanan “los aspectos reclamados y destacó la rapidez con la que el expediente ha regresado al Pleno”. Aseguró que el Gobierno municipal trabaja en su renovación “desde el inicio del mandato” y que ha mantenido reuniones con sindicatos, trabajadoras, empresas adjudicatarias, la Diputación y la Junta de Andalucía.
En este sentido, el portavoz del grupo municipal del PSOE, Antonio García, cuestionó la gestión del contrato durante los últimos años. Recordó que su partido reclamó “reiteradamente su renovación, después de varias prórrogas, y trasladó propuestas procedentes de las propias trabajadoras”. A su juicio, el Gobierno municipal ha tratado el expediente desde una perspectiva “meramente administrativa” y criticó que “no se hubiera llevado también a la Comisión de Bienestar”, como se hizo, a la de Gobernación.
García afirmó que “algunas iniciativas registradas por su grupo no aparecen en el documento” y reprochó al Ejecutivo local que “las hubiera descalificado públicamente en su momento”. Ordóñez rechazó esas críticas y negó que el proceso se haya limitado a la tramitación administrativa. También sostuvo que “varias propuestas de la oposición sí han sido incorporadas al pliego”.
Entre las medidas incluidas -de las que informó el regidor-, figuran la zonificación del servicio para asignar usuarios, el pago del kilometraje real y el reconocimiento como tiempo de trabajo de los desplazamientos entre servicios. Además, se ha revisado “el régimen de infracciones y penalidades por retrasos”.
“Lo que no se ha incorporado directamente” -matizó- ha sido la exención de la zona azul para las trabajadoras durante la prestación del servicio. El alcalde explicó que esta medida “no tenía encaje en el contrato”, aunque aseguró que el Ayuntamiento negocia una solución con la empresa concesionaria del estacionamiento regulado. Según indicó, se trabaja con los sindicatos “en una bolsa de unas 100 horas mensuales para organizar el uso de este recurso”.
Tampoco se incluye un servicio específico de apoyo psicológico y emocional. El regidor lojeño señaló que “las empresas del sector disponen de mutuas laborales que ofrecen asistencia cuando se produce una situación traumática relacionada con el trabajo”.
En el tramo final del debate, el representante socialista insistió en que algunas de las medidas incorporadas al pliego se han quedado -a su juicio-, “light”, especialmente, en cuestiones como la zonificación, los tiempos de desplazamiento y el kilometraje. También discutió que el régimen sancionador “pueda penalizar retrasos de las trabajadoras sin tener en cuenta las dificultades del tráfico y los tiempos reales para desplazarse entre distintos barrios de Loja”.
Además, el portavoz del PSOE reclamó al alcalde que “aclarase unas declaraciones anteriores en las que había hablado de pérdida de confianza” y de que algunas cuestiones trasladadas en reuniones habían sido posteriormente “utilizadas políticamente por la oposición”. El alcalde lojeño negó que se hubiera referido personalmente a García y aseguró que hablaba de una cuestión “política”, vinculada a informaciones sobre proyectos municipales que, según dijo, posteriormente habían sido utilizadas en ruedas de prensa o redes sociales.
Finalmente, el alcalde defendió que “el Ayuntamiento ha trabajado con las empresas del sector para conocer qué medidas podían incorporarse realmente a la licitación” y evitar –dijo- planteamientos que no fueran viables. “Para nosotros es un servicio esencial”, afirmó, antes de agradecer el trabajo de los empleados municipales encargados de elaborar el expediente.
Tras el intercambio de argumentos, el Pleno aprobó por mayoría de PP y VOX y la abstención de PSOE el nuevo pliego que permite continuar la tramitación del nuevo contrato de Ayuda a Domicilio. que saldrá a licitación en próximas fechas.
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