La plantilla de la residencia de discapacitados ‘Sierra de Loja’ acumula entre cinco y once meses de nóminas sin cobrar, una situación que para muchos de estos 42 profesionales se está haciendo “insostenible”. Estos trabajadores calculan que la cantidad total que se les adeuda asciende ya a 300.000 euros, según recoge el diario IDEAL.
Como indicaron los empleados, en los primeros días de este mes cobraron el mes de mayo, el último que han percibido, con lo que se les debe desde entonces “cinco meses, a los que hay que sumar en la mayoría de los casos otros impagos de nóminas anteriores del pasado 2015 y las pagas extras”, según detallaron estos profesionales que atienden a unos 70 residentes en el centro asistencial.
Esta situación ha provocado, explican, que algunos trabajadores se hayan ido a otras empresas y aún se les debe dinero, otros han renunciado a su plaza por falta de pagos, otras personas terminaron el contrato y todavía no han recibido el finiquito, y otros profesionales han vuelto con otro contrato “pero se les adeuda lo antiguo”.
Los trabajadores exigen su derecho a cobrar por desempeñar una labor profesional, aunque no responsabilizan a nadie directamente. Según su versión, el Ayuntamiento lojeño dice que la Junta “sólo debe 3 meses, pero no hemos cobrado desde junio hasta hoy. Además, los atrasos del año pasado y hasta febrero tampoco se han pagado, y sabemos que ese dinero ya lo abonó la Junta”. Por eso, desde hace tiempo en la valla exterior de la residencia se pueden ver varias pancartas reivindicativas denunciando su situación y exigiendo los pagos.
Según informa IDEAL, la fundación Docete Omnes, que gestiona el centro, era la que tenía el convenio con la Junta hasta febrero de este año y ya entonces debía varias nóminas. Por otro lado, el Ayuntamiento -que es el firmante del acuerdo ahora según la nueva normativa- se niega a rubricar las liquidaciones que permiten a la fundación cobrar la subvención autonómica hasta que ésta no certifique que está al día de sus obligaciones económicas, incluidas las que tiene con los trabajadores.
En 2010, el Ayuntamiento de Loja construyó este edificio social, situado junto a las pistas de El Caminillo. Sin embargo, externalizó el servicio y la concesión de su gestión se la llevó Docete Omnes. El servicio en sí se gestiona por la fundación, que es la que tenía el convenio con la Junta y recibía las subvenciones hasta febrero de este año. Fue entonces, a raíz de cambiar la Junta el criterio y hacer que los convenios los firmen los titulares del centro, cuando el Ayuntamiento de Loja entró en escena. “Sabiendo de los impagos reiterados, pusimos como condición que el Ayuntamiento firmaría las liquidaciones necesarias para que la fundación cobre de la Junta, siempre y cuando acredite que ha pagado la nómina del mes en curso a los trabajadores. Hasta que no lo hace, no se firma la liquidación y la fundación no recibe de la Junta lo correspondiente a las plazas concertadas de los residentes”, aclaró el alcalde, Joaquín Camacho.
Sin embargo, la versión del presidente de la fundación, Joaquín Martínez, es muy distinta. “Ellos están bloqueando los ingresos de la Junta a la fundación porque no firman las liquidaciones, que no tiene nada que ver con la justificación”, dijo a IDEAL Martínez, que considera que este “es un tema serio que no se puede ocultar”.
“Dado que el Ayuntamiento exige a esta fundación que atienda todos los gastos de las residencia y que le entregue justificante de los pagos hechos entre el 30 de abril y el 30 de noviembre de este año, la fundación ha tenido que adelantar pagos por un importe superior a 350.000 euros, sin que esta cantidad haya sido reembolsada por el consistorio”, indicó también Martínez.
La problemática de esta residencia llegó a ir al pasado Pleno Municipal, donde la Corporación inició un expediente reclamando a la empresa gestora que certifique estar al día de pagos con trabajadores, Hacienda y Seguridad Social desde octubre de 2015 hasta octubre de 2016. El plazo para que la fundación acredite estos pagos termina el 7 de diciembre. Camacho confirmó que, de no justificarse, se volverá a llevar a Pleno, “con idea de, llegado el caso, iniciar los trámites para volver a sacar a concurso la gestión del servicio”.
Por su parte, el presidente de Docete Omnes, en un comunicado remitido a los medios, recuerda que es “el Ayuntamiento de Loja el que tiene que abonar mensualmente a la fundación una cantidad, como contraprestación al servicio prestado”. Además, el responsable de la fundación denuncia que “el consistorio adeuda en este momento a la fundación los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y en breve noviembre, es decir le debe más de 700.000 euros”. No tenemos inconveniente –continuó Martínez- en autorizar al Ayuntamiento a pagar directamente a los trabajadores. Y, dado que el montante de lo que está pendiente de pago es muy inferior a la cantidad que el Ayuntamiento adeuda, todos los pagos se pondrían al día y sólo debería ingresarnos la diferencia”, apostilló.
