El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón a la Junta de Andalucía en su decisión de pedir al Ayuntamiento de Loja la devolución de una subvención de más de un millón de euros que fue otorgada para la construcción del Centro Deportivo Urbano o Piscinas Cubiertas, después de que el dinero no se invirtiera en el tiempo estipulado y de que el proyecto, paralizado desde 2012, no se ejecutara en los plazos previstos.
Desde el actual Gobierno Local ven la sentencia como una corroboración de la situación que les tocó vivir en junio de 2011 ante unos proyectos que “no contaron con un plan de financiación” y que “en el peor momento de la crisis obligaba a pagar en dos años 6 millones de euros sin recursos y sin poder pedir préstamos”. En ese año, Loja estaba comprometida no sólo a sufragar el Centro Deportivo Urbano, sino también a finalizar el Centro Cívico, el Teatro Imperial y la Guardería de la Avenida Tierno Galván.
En la sentencia del Centro Deportivo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA desestima el recurso presentado por el Ayuntamiento de Loja que argumenta que la causa del retraso en la ejecución del centro deportivo no le es imputable, en tanto que al final se optó por un proyecto más extenso y que se necesitó acudir a un procedimiento de licitación más complejo, además de otras “circunstancias sobrevenidas”, como el incumplimiento contractual de la empresa concesionaria. El incumplimiento de la empresa adjudicataria llevó años de gestión para que se pudiera volver a sacar a licitación la obra. El informe del arquitecto municipal sobre la ejecución de la obra actual especificaba claramente el flagrante incumplimiento técnico de la misma, por lo que el ayuntamiento tuvo que actuar.
“Consciente de las vicisitudes en la ejecución”, la Junta suscribió el 21 de marzo de 2011 una adenda al convenio por la que amplió el plazo de ejecución en 36 meses, dando así –señala la sentencia– “una salida a la situación existente, provocada por la ejecución de un proyecto más ambicioso y extenso”. Esa adenda en el tiempo de ejecución se firma aún con el PSOE en el Gobierno y con una previsión de cumplimiento del pago condicionadas por unas enajenaciones o ventas de terrenos municipales que ante la crisis existente era previsible que no se iban a cumplir. Ya en ese presupuesto toda la oposición del PSOE en el consistorio les acusó de inflar esas ventas de terrenos municipales, que en una época de parón de ventas de solares se veían como imposibles.
No obstante, respecto a las “otras circunstancias sobrevenidas”, en especial el incumplimiento contractual de la empresa concesionaria, el TSJA recuerda que la jurisprudencia indica que en estos casos, en materia de subvenciones, “el beneficiario corre con el riesgo y ventura derivado del acto de concesión” y tampoco “la situación de crisis económica puede en sí misma excusar del cumplimiento de las obligaciones impuestas”.
Incide así en que la situación económica desfavorable, existente en mayor o menor grado allí donde se otorga el incentivo y en el sector económico para el que se otorga, “ha de ser ponderada, valorada, por quien solicita la ayuda de fondos públicos para llevar a cabo un determinado proyecto” a fin de cumplir con los resultados que justifican la concesión de la ayuda. Con ello el Tribunal deja claro que es el propio Gobierno Local del PSOE, que pidió la subvención, quien debió de prever esa situación de crisis económica global, algo que a tenor del actual gobierno, no hizo.
Recurrir la sentencia
El actual Gobierno Local recurrirá la sentencia, llamado recurso de casación, para lo que ha elegido a los letrados que la defenderán. Además, mantendrá una reunión con los nuevos responsables de la Consejería de Deportes de la Junta de Andalucía para buscar una solución a este caso.
Desde el Equipo de Gobierno entienden que el PSOE se comprometió a una obra y unos plazos cuando sabía que no había recursos. “¿De dónde sacábamos más de 3 millones de euros cuando no podíamos ni pagar la luz y no podíamos financiarnos?”, se pregunta el actual alcalde, Joaquín Camacho, quien se muestra convencido que “se hizo una gestión responsable”, y aclara como “se vivió la misma situación con el Imperial y con el Centro Cívico, que tuvimos que responder en una situación muy complicada”. Camacho recuerda como “el Imperial estuvo a punto de no poder terminarse, pero al final la Consejería de Fomento y la de Cultura nos ampliaron el plazo de ejecución y pagamos nuestra parte”, aunque afirma que en el caso del Centro Deportivo “no hubo voluntad por parte de la Consejería de Deportes de ampliar el plazo”.
Camacho explicó que al llegar al Gobierno se les pedía 6 millones de euros para finalizar proyectos en tres años, “cuando nos estaban cortando la luz y tuvimos que hacer un plan de ajuste para pagar a proveedores”, recuerda. “El problema de todo está en el origen”, afirma Camacho, quien destaca que “tuvimos que dimensionar los proyectos de inversión, que incluso con recursos eran inviables, para en vez de hacerlos en 3 años se hagan en 10 pero sin dejar a Loja sin servicios básicos”.
El regidor quiso tranquilizar a los lojeños al afirmar que “ya hemos desbloqueado asuntos peores que nos dejaron encima de la mesa como la Residencia de la Misericordia y deudas millonarias en las empresas públicas, ahora contaremos con nuestro Centro Deportivo a finales de este año”. El primer edil cree que la Junta debe de ser consciente que el 100% de la inversión está ejecutada en la obra, 1,3 millones de euros, y que ahora se va a poner en valor, como se preveía, con el objeto de incentivar la práctica deportiva. En el próximo pleno de primeros de febrero se llevará la licitación de la empresa que iniciará en breve las obras de esta infraestructura.
