La negociación que en la actualidad mantiene la Consejería de Hacienda, Industria y Energía con los Registradores de la Propiedad en relación a las Oficinas Liquidadoras “no supondrá en ningún caso el cierre de las oficinas que actualmente prestan servicio público en la provincia”. Así lo ha puesto de manifiesto el delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Pablo García, quien ha salido así al paso de las informaciones de dirigentes socialistas que alertaban de un posible cierre de oficinas, entre ellas la de Loja. A ellos les ha invitado “a informarse con más rigor antes de realizar informaciones alarmistas con el único propósito de confundir a la población”.
El proceso de negociación que se ultima estos días se asienta un elemento “innegociable” para el Gobierno de Andalucía, como es el mantenimiento de la actual red de 91 oficinas en el territorio, 14 de ellas en la provincia de Granada. “Por tanto es falso que vayamos a cerrar oficinas y a obligar a los ciudadanos a desplazarse para hacer sus gestiones a otras”, indica García.
Lo único que varía, según indica la Junta en una nota, serán las funciones que realizan esas oficinas, “pero se trata de una reorganización basada en la búsqueda de la optimización, la eficacia y la eficiencia que en ningún momento causará molestias al ciudadano, todo lo contrario”. El nuevo modelo pretende suprimir el actual, que data de 1999, y que agrupaba toda la tramitación administrativa en una misma oficina. “Pero hay que tener en cuenta que al ciudadano lo único que le afecta es la labor informativa y la asistencia tributaria, y estos servicios van a seguir prestándose en todas y cada una de las oficinas de la provincia de Granada, por mucho que le pese al PSOE”, critica García.
Según el delegado, el ciudadano podrá seguir presentando en su oficina la documentación necesaria para la liquidación, no tendrá que desplazarse a otras y recibirá por correo todas sus notificaciones. “Cualquier persona es ajena en la actualidad a los trámites que siguen sus documentos una vez presentados en la oficina; desconocen si se tramitan en esa misma o en otra distinta, como pasará ahora, porque lo único que le interesa es que se haga la gestión de manera eficaz e impecable desde el punto de vista administrativo, que es lo que estamos mejorando”, indica.
“Desconocemos por qué molesta tanto a determinadas personas este cambio de modelo de gestión, pero podemos asegurar que permitirá una mejora en la lucha contra el fraude y optimizar los recursos disponibles, mejorando la ratio entre recaudación y coste asociado a la misma” ha afirmado García.
ALERTA DEL PSOE
El PSOE de Loja alertó hace unos días de que tras la expiración del convenio entre la Junta y los registradores de la propiedad a partir del 31 de diciembre de 2019, “el cierre de las oficinas liquidadoras, llevadas por registradores de la propiedad para recaudar impuestos autonómicos, afectaría a los lojeños de forma muy negativa, ya que aquellos vecinos sin recursos o conocimientos telemáticos tendrían que desplazarse a Guadix para realizar trámites administrativos”,.
Carmen Ortiz, secretaria general de los socialistas lojeñas, consideró hace unos días que es “una noticia muy mala para Loja”, y criticó a la Consejería de Hacienda por “mermar las oportunidades y servicios de los pueblos de la provincia de Granada”. Para la líder socialista, ese presunto cierre de oficinas es “incomprensible” en este momento “en que se habla con preocupación de la España vaciada y de la ausencia de servicios que sufren a diario los habitantes del medio rural”.
