El Ayuntamiento de Loja acogió ayer una reunión entre el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, y el segundo teniente de alcalde, Antonio Ramón Molina, con representantes de la Vicepresidencia de la Junta de Andalucía para tratar varios asuntos de importancia para el municipio. Sobre la mesa, quizás uno de los más sustanciales del momento, la reforma de la administración local promovida por el Gobierno Central y que afecta de lleno a Loja.
Las medidas incluidas en la ley obligan al cierre de las empresas públicas municipales, la reducción del número de cargos de confianza del gobierno local, o que el consistorio se deshaga de las competencias que ahora mismo está llevando a cabo y que no le son propias.
“La reforma de la administración local nos va a complicar muchas cosas, aunque como ley que es habrá que cumplirla poco a poco”, explicó José Vicente Pérez, representante de la oficina de Vicepresidencia de la Junta en Granada. Atendiendo a la ley, algunos de los servicios que se prestan ahora mismo por el ayuntamiento serían impropios de la administración local, por lo que pasarían a ser gestionados por la Diputación Provincial o por la Junta. “A pesar de ello, la ley prevé una forma de financiación de estos servicios. También permite que se deleguen a los municipios aunque con la condición de que estén bien financiados”, apuntó Pérez.
La Consejería de Administración Local, que ostenta el vicepresidente de la Junta Diego Valderas, llevará a cabo el próximo 13 de marzo en la delegación del Gobierno en Granada unas jornadas informativas en las que explicará a los distintos municipios granadinos las repercusiones de esta ley y cómo se va a aplicar en cada uno de ellos.
Entre otros asuntos que se trataron en la reunión se encontraban las subvenciones a asociaciones y contra la exclusión social que se pondrán en marcha a lo largo del año y que, según Pérez, “ayudarán a solventar problemas de desempleo y otras necesidades que tienen los ayuntamientos”. El representante de la Junta también alabó la forma en que el consistorio lojeño está gestionando los fondos del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) “que consigue contratar a muchas personas del municipio”.
Por su parte, el alcalde destacó las buenas relaciones entre el Ayuntamiento y la Junta y subrayó que ambas administraciones “están de acuerdo en lo esencial, en seguir manteniendo los servicios públicos, haciéndolos sostenibles y eficientes”.
La Junta de Andalucía aprobó ayer en Consejo de Gobierno interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, al tiempo que pidió al Gobierno central una reunión para plantearle una moratoria o paralización de la norma mientras que el Alto Tribunal se pronuncia al respecto.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Loja aprobó el pasado lunes con los votos de PSOE y Convocatoria por Loja una moción de rechazo a esta reforma, tal y como han hecho ya alrededor de un millar de municipios españoles.
