Por primera vez el ilustre salón del Palacio de Narváez no era escenario de un pleno de la ciudad de Loja. El espacio virtual que posibilita internet fue el punto de encuentro de los corporativos lojeños en la sesión de este mes de abril. Una sesión donde el reglamento se tuvo que adaptar para que las decisiones tomadas tuvieran toda la validez legal. Los corporativos tuvieron que votar cada moción de forma nominal y personal, lo que hizo la sesión un poco más tediosa.
Al margen de la técnica telemática utilizada, el pleno contó con el consenso y la unidad por bandera. Equipo de Gobierno y oposición estuvieron de acuerdo en 13 de los 14 puntos del mismo, solo hubo discrepancias en las formas de aprobación de un reconocimiento extrajudicial de créditos. Ese remar en la misma dirección, como incidían los representantes públicos, tuvo como resultado la aprobación de una batería de medidas de apoyo al autónomo, pymes y empresarios.
En el inicio del pleno, tanto el alcalde, Joaquín Camacho, como la portavoz del PSOE, Mercedes González, tuvieron palabras de pésame por las víctimas de esta pandemia. Ambos desearon la pronta recuperación de los afectados. Camacho quiso también reconocer la labor de los sanitarios del centro hospitalario de Loja, entendiendo que están haciendo todo lo posible dentro de sus medios. Ese reconocimiento lo extendió a todos los trabajadores que en estos días ayudan en esta crisis, entre ellos habló de los farmacéuticos, auxiliares de ayuda a domicilio, profesores, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Protección Civil y empleados municipales de áreas como Servicios Sociales y Mantenimiento.
El primer punto, al margen de la aprobación de medidas para el funcionamiento telemático de la gobernabilidad municipal, fue la moción de adhesión a la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias sobre medidas económicas extraordinarias para paliar los efectos del coronavirus. El primer edil defendió el papel fundamental que deben de tener los ayuntamientos en esta crisis y afirmó que, como ya hizo antes de la llegada de este virus, reivindica una solución para la financiación municipal. “Tenemos que tener una financiación y competencias adecuadas para dar un servicio a los ciudadanos”, comentó Camacho insistiendo en que es la administración más cercana la que incluso se dedica a hacer acciones que les corresponden a otros entes superiores. Por ello, pidió que el Gobierno permita los consistorios a usar su remanente positivo de tesorería y superávit, que en el caso de Loja supondría poder contar con más de 3 millones de euros adicionales.
El regidor pidió que se flexibilice la regla de gasto con la modificación de la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera para poder usar esas partidas que, a su criterio, pertenecen a los lojeños gracias a su esfuerzo durante los últimos 7 u 8 años. “No podemos cometer los errores de hace ahora 10 años en los que la economía se puso por encima de las personas”, comentó Camacho añadiendo que no ve justo que sea otra administración la que use ese buen resultado en las cuentas municipales. El regidor cree que es ahora cuando el ayuntamiento más deberá de ayudar al tejido productivo del municipio con planes de empleo y apoyo a autónomos, comerciantes y empresarios. En ese punto Camacho entiende que las medias económicas hay que tomarlas ya.
El primer edil anunció que el Gobierno Local ha firmado en pasados días un contrato para hacerse con 20.500 mascarillas homologadas FPP-2, la denominada más efectiva contra esta pandemia. Camacho informó que este suministro posibilitará que cada lojeño cuente con esta protección. “Queremos que llegue este material a todos los ciudadanos”, afirmó el regidor. También anunció la adquisición de 100 monos protectores, 30.000 guantes y 1.000 gafas protectoras. A ello se une la continuidad en la realización de batas y pantallas para apoyar a los trabajadores que se encuentran de cara al público. En ello el consistorio invertirá 56.000 euros más IVA, lo que se une a la inversión realizada en la desinfección de calles y compra de otros materiales. Camacho puso esto como ejemplo de la respuesta de los ayuntamientos ante la crisis ya que entiende que, “lo que debo de hacer, sino me llega de otra administración, es dar la mínima protección a mis vecinos”, comentó.
Dentro de esa moción, además del uso del superávit y el remanente positivo de tesorería, se pidió una línea directa de fondos europeos para los ayuntamientos con el fin de hacer planes de empleo y apoyar a los negocios. En esa línea se propuso adaptar los fondos europeos del periodo 2021 -2027 a la situación actual de crisis. “Tenemos que salir de esta situación sin dejar a nadie atrás”, reiteró Camacho.
La líder de la oposición, Mercedes González, recordó que la propuesta de la FEMP cuenta con 19 medidas que no solo contempla peticiones al Gobierno de España sino también a la Unión Europea. En ese sentido reiteró la importancia del papel de este organismo para la superación de esta situación. González afirmó que todas las administraciones deben de tomar medidas. En cuanto al uso del superávit y el remanente positivo de tesorería, afirmó que es un tema que se habló por parte del presidente del Gobierno con la FEMP y espera que sea una realidad. “Las personas por delante de la economía”, aseveró la portavoz del PSOE.
En el único punto donde no hubo acuerdo fue en el número seis, que aprobaba un reconocimiento extrajudicial de crédito de 910.000 euros para pago de diferentes facturas del año 2019. Mientras Camacho defendía que con ello se buscaba dar agilidad al pago de proveedores que ahora viven una situación difícil, el PSOE estaba a favor con el pago pero no con el trámite llevado a cabo para su aprobación. González afirmó que la mayoría de esas facturas se podían haber hecho con previsión con contratos menores o licitaciones por lo que decidió votar en contra. Camacho reconoció que se debe de mejorar la contratación de proveedores que nos dan suministros pero entiende que mientras tanto no se puede parar el ayuntamiento.
Al margen de esa diferencia, el consenso volvió en el punto siguiente donde se aprobó por unanimidad una bajada en la revalorización catastral de las viviendas de Loja. El alcalde explicó que gracias al cumplimiento de requisitos legales y mejora de las cuentas municipales, es este año cuando se les ha permitido pedir la bajada de ese variable del IBI. Esto supondrá, explicó Camacho, que con la baja de la parte impositiva municipal, esta reducción del valor catastral permita que este impuesto se congele e incluso baje. Esto supondrá que los lojeños no pagaran más por el IBI de este año, ya que se estima que esa revaloración bajará en 3 puntos. “Queremos seguir en la línea de bajar impuestos para quitar presión fiscal a los ciudadanos dentro de lo que marca la Ley”, afirmó el regidor.
Dentro de las medidas económicas concretas que puede tomar el consistorio para ayudar a los autónomos, pymes y empresas en general, se aprobaron las propuestas del Gobierno Local, que engloba la mayoría de las peticiones de la oposición. Entre ellas se encuentra la anulación del pago de la tasa de ocupación de vía pública y tasa de basura para aquellos negocios que están cerrados o han visto mermados sus ingresos por el Estado de Alarma. Además se aprueba la reducción del IBI al 50% para aquellos locales comerciales en los que la empresa no despida a sus trabajadores. Si no se es propietario del local se obliga al inquilino que se quiera acoger a esta medida a no cobrar las mensualidades dentro del periodo de suspensión de actividad. Además se aprueba el aplazamiento del pago de tributos, impuestos y tasas municipales hasta el 31 de agosto.
Desde el PSOE se agradeció que la mayoría de sus propuestas estuvieran recogidas en esas medidas, al margen de algunos detalles como la petición un mayor aplazamiento de pago hasta octubre. Sí se insistió por parte de la portavoz socialista en la bonificación del Impuesto de Vehículos para aquellas empresas que ahora no pueden usarlos. Esa bonificación pedida era del 50% para empresas que han cerrado por esta situación o que han visto reducidos sus ingresos en un 75%. González pidió que se viera la viabilidad legal al respecto y que se modifique la ordenanza reguladora si era preciso.
El alcalde de Loja afirmó estar de acuerdo en la necesidad de bonificar ese Impuesto de Vehículos pero informó que ante la situación de suspensión de plazos por el Estado de Alarma no tienen mecanismos legales para modificar esa ordenanza. Camacho se comprometió a estudiar la forma legal para la aplicación de esa medida, pero entiende que se deberá de esperar a la finalización de esta situación excepcional. “Si hay que cambiar la ordenanza se hará ya que entendemos que es justo”, afirmó el primer edil.
En otro punto del orden del día sí hubo más debate. Fue en la moción del Equipo de Gobierno para reclamar la extensión en la utilización de los test rápidos de diagnóstico del Covid-19 a nuevos grupos de riesgo de personas especialmente vulnerables. En la misma se pedía que los test se realizaran no solo a residencias sino también a personal como sanitarios, agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, farmacéuticos, bomberos, miembros de Protección Civil, auxiliares de ayuda a domicilio, etc. “Es fundamental que se extiendan los test”, afirmó Camacho pidiéndolos no solo para estos colectivos sino para la ciudadanía en general.
En este tema Camacho afirmó que entiende que el Gobierno de España actuó con poca previsión ante esta crisis recordando que no se guardaron test y material de protección ante la llegada de esta crisis, como aseguro un informe de la OMS. El primer edil afirmó que esto no se arregla solo con confinamiento y que no se puede estar sin medidas concretas.
González por su parte pidió al regidor que dejará de lado los postulados del PP y que buscará la unidad al margen de la crítica, que entiende habrá tiempo para realizar. La portavoz del PSOE fue más allá al pedir que esos test se hagan en Loja y que no tengan que desplazarse al cinturón de Granada para que se realicen. El debate continuó con el votó al unísono al final del mismo.
Mismo acuerdo hubo en la moción presentada por el PSOE sobre el refuerzo de los servicios sociales. Sara Piqueras defendió esta propuesta socialista que incidía en usar los más de 170.000 euros del fondo de contingencia del Gobierno de España para apuntalar la ayuda a domicilio, apoyar a los mayores y contratar más efectivos para mejorar esta atención. También se pidió apoyo en el acceso a las nuevas tecnologías del alumnado con menos capacidad económica. Camacho apoyó esas propuestas afirmando que se tiene la orden de no escatimar nada en la protección de los mayores y dependientes. También afirmó que se ayudará a los centros educativos dentro de sus peticiones.
El último punto incluyó una serie de reclamaciones conjuntas de Gobierno y PSOE sobre el apoyo a autónomos, pymes y empresarios. Se llevaron a cabo peticiones al Gobierno de España y la Junta de Andalucía con el fin de bajar la carga fiscal a estos colectivos, dentro de las medidas que están en la mano de otras administraciones.
