El grupo municipal de Convocatoria por Loja ha salido al paso para explicar su actuación y su postura sobre la situación de los cinco trabajadores procedentes de la empresa Ebone que han sido asumidos y admitidos por el Ayuntamiento de Loja.
Quienes así lo han hecho han sido el portavoz del grupo en el consistorio, Antonio Ramón Molina, concejal de Deportes durante el periodo en el que se ha mantenido el pacto de Gobierno entre su partido y el PP, y Jesús Párraga, quien se ha encargado durante dicho periodo de la coordinación en dicha área.
Jesús Párraga comenzó felicitando a los cinco trabajadores que han conseguido recuperar sus puestos de trabajo, así como al abogado, Miguel López de Luna, que los ha defendido. Párraga, quien señaló que desde CpL siempre han estado en contra de que se despida a ningún trabajador aclaró que “no se puede decir que se les despidió desde el área de Deportes, ya que estas personas no trabajaban para el Ayuntamiento, sino que lo hacían para la empresa Ebone, que es quien ha cotizado por ellos”.
Sobre la situación que generó el despido de estos cinco trabajadores, el anterior coordinador de Deportes insistió en que desde el consistorio se habían guiado por las directrices del personal técnico del Ayuntamiento, “que nos dijo que estos trabajadores no tenían ninguna relación con el Ayuntamiento y que, por tanto, no se les podía subrogar”. Por ello, añadió, “estábamos tranquilos por ese aspecto pero, al mismo tiempo, intranquilos por la situación de estas cinco personas”, a la vez que recordó que la empresa se salió y no entró ninguna otra empresa que acogiera a los trabajadores de mantenimiento.
En ese sentido, según Párraga, en la misma situación o parecida que estos cinco trabajadores hay mucha gente que tiene alguna vinculación con el Ayuntamiento. En esa línea citó a los trabajadores de la Residencia de la Misericordia, las limpiadoras de los centros educativos, la empresa de recogida de basura o la ayuda a domicilio. “No sé si el Ayuntamiento tiene capacidad para asumir todo lo que puede caer”, señaló Jesús Párraga.
Por su parte, el portavoz de CpL, Antonio Ramón Molina, señaló que el problema y el origen de todo esto vienen dados por el tipo de contrataciones y de externalizaciones o privatizaciones de ciertos servicios públicos. “Con Castellano se inició todo un proceso de privatización de servicios externos, patronatos y empresas públicas. Todo un Ayuntamiento paralelo en el que se podía entrar a trabajar sin los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, por enchufe y sin concurso público”, denunció Molina.
Centrándose en la situación de los trabajadores de Ebone que han sido asumidos por el Ayuntamiento, Molina explicó que salió una Ley que obligó a dictar las instrucciones pertinentes para la correcta ejecución de los servicios externos de un Ayuntamiento que permitiera aclarar la relación entre los gestores y el personal de la empresa contratada. Así, dijo, “de alguna forma los trabajadores han podido demostrar que ha habido una relación laboral con el Ayuntamiento, lo que en términos reales se denomina cesión ilegal de trabajo y eso es lo que parece ser que ha derivado en el acuerdo al que se ha llegado”.
Según continuó Molina “el personal técnico del Ayuntamiento nos dijo claramente que con la Ley en la mano y el nivel de endeudamiento que nos impide sacar plazas nuevas, no había forma legal para que estos trabajadores pasaran a ser personal del Ayuntamiento”. Así, el anterior concejal de Deportes explicó que “sabíamos que había voluntad por parte de la empresa de no seguir y de hecho los trabajadores habían presentado una serie de demandas”. Así, explicó que el Ayuntamiento tenía que sacar de nuevo a concurso este servicio de mantenimiento y monitores, recordando que hay muy pocas empresas que tengan ambos servicios, motivo por el cual, con la idea de facilitar que más empresas pudieran hacer este trabajo y quedarse con los trabajadores que tenía Ebone se separaron ambas funciones “a fin de facilitar la solvencia económica de las propias empresas” y se decidió crear un pliego para cada cosa, explicó Molina.
Así, hubo una empresa que se presentó a la opción de monitores, que es la que está funcionando actualmente, pero no hubo ninguna para mantenimiento, “posiblemente por las denuncias que había interpuestas por los trabajadores” por lo que se les invitó a un concurso negociado sin publicidad y tampoco entonces hubo. Por ello, dijo “no hubo más remedio que tirar de la bolsa de trabajo”.
El portavoz de Convocatoria por Loja también mostraba su extrañeza por el hecho de que se recurriera a un abogado externo, cuando se había aprobado en Junta de Gobierno que el caso lo llevara un abogado de la Diputación. “Le pedimos al alcalde que explique esta circunstancia y diga por qué tampoco se ha recurrido a los propios abogados que tenemos en el Ayuntamiento”. Además, dijo que, por lo que ellos conocen, el abogado privado que se ha buscado ni siquiera es especialista en pleitos y cuando se acuerda quién sería el abogado que defendería al Ayuntamiento se hace el mismo día en que se anuncia que ya había acuerdo entre las partes. “Se elige un abogado privado unas horas antes de que se haga el acuerdo en el juzgado y se le autoriza en nombre y representación del Ayuntamiento a transigir, es decir, a tomar decisiones y a llegar a acuerdos. Esto hay que explicarlo y también si este acuerdo se ha hecho ante secretario de juzgado y no ante un juez”, dijo Molina.
Al margen del acuerdo al que se ha llegado, el portavoz de CpL anunció también sus dudas en la capacidad del Ayuntamiento de asumir y crear las plazas y modificar la Relación de Puestos de Trabajo y si este acuerdo está hecho conforme a la Ley. “Nos alegramos mucho por los trabajadores y ojalá esto se pueda hacer, pero hay que ser rigurosos, pues estamos defendiendo unos intereses públicos”, concluyó Antonio Ramón Molina.
