La Nochebuena de este año lo ha sido aún más extraordinaria para cientos de miles de personas en toda Europa, fundamentalmente en España y el Reino Unido. Unos días antes se producía la directiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la que se amplía la retroactividad total de la devolución de las cantidades cobradas por las entidades financieras en las clausulas suelo. Unas clausulas que, como es sabido, se incorporaron a muchos de los prestamos hipotecarios que se concedieron desde principios del milenio.
Y la persona que ha hecho posible esta realidad es un magistrado lojeño, Enrique Sanjuán Muñoz, que hace un par de años inició una particular “cruzada” ante la justicia europea para que el tribunal comunitario se pronunciase sobre la retroactividad de la nulidad de las clausulas suelo porque, en su opinión, la doctrina que se venía aplicando en España no estaba en línea con la normativa europea.
Según ha explicado a Onda Loja Radio y El Corto de Loja el juez lojeño, en marzo de 2015 planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE que ha acabado dándole la razón en su defensa de que “si una sentencia dice al ciudadano que la clausula suelo no se le puede aplicar porque no la comprendió o no se le explicó, cómo le dice ahora que sólo le van a devolver lo que pago a partir de mayo de 2013”, cuestiona Sanjuán. Y es que el Tribunal Supremo (TS) de España había establecido una limitación de la devolución de las cantidades al dinero pagado desde el 9 de mayo de 2013, que es la fecha de la sentencia del TS que declaraba abusivas las cláusulas de varios bancos, pero los eximía de devolver lo cobrado de más hasta esa fecha “con el argumento de que hacerlo por la totalidad podría suponer un impacto muy duro para el sistema financiero y la economía española”.
Sin embargo, este magistrado que nació en el barrio Alto de Loja entendía que eso rompía la doctrina tradicional e inició una dura y larga batalla que ha tenido tan eficaz y acertado desenlace.
Enrique Sanjuán inquirió al TJUE si el principio de “no vinculación” que proclama el artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE (que supone la imposibilidad de que las cláusulas abusivas puedan afectar al consumidor) es compatible con una interpretación que determine que la declaración de nulidad de una clausula por abusiva, no suponga la nulidad de los efectos que ha producido durante su vigencia, así como si es lícito que los tribunales moderen “la devolución de las cantidades que haya pagado el consumidor en aplicación de la cláusula, posteriormente declarada nula desde el origen por defecto de información y/o transparencia”.
Informa el magistrado con destino actual en la Audiencia Provincial de Almería, que una vez que se planteó esta cuestión para un caso, “el resto de los asuntos quedan pendientes de los tribunales de justicia, e incluso el TS suspendió todos sus asuntos pendientes a partir de que yo planteé este tema, hasta tanto se pronunciara la justicia europea”.
Cuando así lo hizo, continúa explicando Sanjuán, eso supuso una serie de procedimientos como es dar traslado a los Estados, a la Comisión Europea y al Abogado General (que es una especia de Fiscal General a nivel comunitario), “y todos se pronunciaron y sólo fueron dos los países que se posicionaron en contra, el Reino de España y el Reino Unido”, mientras que la Comisión Europea y el Abogado General se alinearon con la tesis del magistrado.
Y el pasado 21 de diciembre se produce la gran noticia, el TJUE se pronuncia “y lo dice tajante y claramente: si es nulo, lo es desde el principio, por lo tanto hay que devolver al ciudadano todo lo que pagó”.
VICTORIA SOCIAL
Preguntado Enrique Sanjuán si considera que esta es una victoria social, afirma que está satisfecho del trabajo llevado a cabo y que en la prensa pueden leerse dos posiciones, “por una lado la que sostiene que sí, que es una conquista de la realidad social, y por otro la que teme que esta resolución pueda afectarnos a los ciudadanos en general porque las entidades financieras traten de recuperar esas cantidades devueltas a través de otros productos y servicios, y al final lo paguemos todos”. Una dicotomía que sólo podrá resolver el futuro, pero, en cualquier caso, matiza más adelante Sanjuán, “yo creo que es una cuestión de justicia, pues sólo habrá una forma de saber si se hace justicia o no, y es tener certeza jurídica. Si el TJUE incluso hubiera dicho otra cosa, por lo menos habríamos tenido eso, seguridad jurídica, que es en el fondo lo que quieren los ciudadanos”.
La aplicación vía sentencia de esta novedad puede tener un elevado importe económico ya que la media de devolución por préstamo oscila entre los 5.000 y 20.000 euros, así que no hay más que multiplicar para ver que la cifra global puede llegar a los 15.000 millones de euros.
Es fácil pensar que a partir de este momento el número de asuntos que lleguen a los juzgados se multipliquen, pero que podría haberse evitado o aminorado si, como dice el magistrado lojeño, “el Gobierno de España se hubiera pronunciado con anterioridad y hubiese dictado una norma que facilitara que el ciudadano viese solucionado su problema sin necesidad de ir a los tribunales, y que esta vía sólo hubiese sido necesaria en los casos que no encontraran otro remedio”.
A PARTIR DE AHORA
Ahora se presenta un escenario diferente para quienes ya reclamaron y tienen su sentencia firme y los que no lo han hecho aún. “En el primer caso, será difícil que busquen una nueva solución, aunque hay quien plantea que podrían tratar de obtener el resto que no le devolvieron, de antes del 2013. Y en el segundo, si se le declara la cláusula nula van a recuperar automáticamente todo el dinero vía sentencia”, aclara Enrique Sanjuán.
No obstante, añade el juez, “el Gobierno ha prometido que establecerá algún método de hacer la reclamación y si no se está de acuerdo con su aplicación y su resultado optar ya por la vía judicial. Pero creo que la mayoría de los asuntos podrían solucionarse por ese procedimiento”.
Acerca de la situación de la Justicia española, el magistrado opina que “debe adecuarse a la realidad social que vivimos, pues este no es el mundo del siglo XVIII o del XIX, y la tenemos falta de medios” y va más allá cuando afirma que “un Estado de derecho es esencial para defender y proteger los derechos, la democracia y la Constitución, y si no dotamos de medios a los juzgados, el Estado de derecho se tambalea un poco”.
Sobre el “colapso” que se puede esta viviendo en estos momentos, es paradigmática la situación de Málaga, “donde un juicio puedes verlo en 4 años. Esto no debe ocurrir, y en Madrid ya ni te cuento” manifiesta tristemente Enrique Sanjuán.
Sin embargo, afirma cuando se le sugiere que casos y sentencias como esta hacen que la ciudadanía recupere o incremente su confianza en la justicia, “si eso lo hemos logrado, aunque sea mínimamente, ha merecido la pena”.
Enrique Sanjuán Muñoz es uno de los jueces españoles con más solvencia en asuntos mercantiles. Es doctor en Derecho, habiéndose licenciado en esa materia por la Universidad de Granada, posteriormente ha culminado la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Nebrija, graduado en Economía por la Universidad Católica de Ávila, master en Economía Aplicada por la UNED, y ha obtenido el “certificate” por las universidades de Harvard, Yale, Illinois y London.
En estos momentos es magistrado de la Sección I de la Audiencia Provincial de Almería, especialista en Derecho Mercantil, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga y autor de numerosas obras sobre asuntos de derecho mercantil y concursal.
