Diputación de Granada ha puesto en marcha una nueva infraestructura para velar por la gestión más adecuada de un recurso tan imprescindible como el agua. Se trata del Ente Provincial del Ciclo Urbano del Agua que recientemente ha sido presentado en Loja a los alcaldes y concejales de los ayuntamientos que integran el Poniente Granadino. En el Centro de Iniciativas Culturales El Pósito se dieron cita dichos ediles, estando representado el ayuntamiento lojeño por varios miembros del equipo de Gobierno, entre ellos la titular de Bienestar Social Matilde Ortiz, que representó al alcalde ausente por motivos de agenda. Por parte del gobierno de la corporación provincial estuvo el vicepresidente segundo del área de Medio Ambiente, Economía y Familia y Bienestar Social, José Robles, además de los técnicos encargados de realizar la presentación de la entidad.
En primer lugar se efectuó una descripción del ámbito geográfico del estudio y se efectuó un diagnóstico de la situación actual, a partir de la cual se realizó una propuesta de gestión con amplia exposición de las ventajas que tendrían los municipios acogidos al Ente y el compromiso que los mismos adquieren. Finalmente se puso de manifiesto cómo se pondrá en marcha la gestión provincial del ciclo integral del agua en el ámbito urbano.
Según explicaron los técnicos de Diputación en la propuesta de gestión, entre otras medidas, se trata de una disminución de costes por mejora del rendimiento de las redes para conseguir una viabilidad económico financiera. Entre otras ventajas expuestas por Diputación, el Ente se encargaría de realizar las altas y bajas de contratos, la facturación, la recaudación del canon autonómico y atender las reclamaciones. Así mismo el Ente de Gestión asumiría los gastos de explotación. Diputación de Granada considera además que se podrían disminuir los costes de explotación a igualdad de calidad en el servicio y se conseguiría una mayor facilidad para alcanzar convenios de colaboración con otras administraciones.
Por su parte, los ayuntamientos tendrían que poner a disposición de Diputación los derechos concesionales del agua, la cesión de las instalaciones afectadas al abastecimiento y depuración, proporcionar el padrón de abonados, suprimir las tasas municipales relacionadas con el servicio de agua potable, seneamiento y depuración, y finalmente derogar las ordenanzas municipales que los regulan, coincidiendo con la entrada en vigor de la ordenanza provincial.
