El Pleno de la Corporación ha aprobado este martes una declaración institucional para pedir al Gobierno de España que el municipio de Loja sea reconocido como Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil –lo que antes se conocía como zona catastrófica-, por las recientes inundaciones provocadas por el paso de sucesivos temporales. Los corporativos lojeños votaron unánimemente un documento conjunto en el que se reclama a las administraciones superiores que pongan en marcha ayudas para los afectados por las intensas lluvias.
La declaración, leída por el portavoz del Grupo Municipal Popular, José Antonio Gómez y basada en una aprobada recientemente por la Diputación de granada, insta a la Junta de Andalucía a que adopte “las medidas jurídicas y económicas oportunas para aprobar un plan de choque conjunto en beneficio de la provincia”. Al Gobierno de España “que tramite con carácter urgente las ayudas previstas para este tipo de catástrofes, con el fin de que los fondos lleguen a la mayor brevedad posible tanto a los ayuntamientos afectados como a los particulares damnificados”. A ambas administraciones se le pide que simplifiquen los procedimientos administrativos “para que las entidades locales puedan acceder a estas ayudas de forma ágil y sin cargas burocráticas innecesarias”.
Además de las ayudas económicas, la declaración pone deberes al Gobierno de España, y en concreto a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para que actúe “de manera urgente en la zona de Venta de Santa Bárbara, especialmente en el puente existente, llevando a cabo las obras de reacondicionamiento, elevando su altura, ampliación de capacidad hidráulica, limpieza y adecuación del cauce que sean necesarias para evitar desbordamientos en episodios de lluvias intensas”. También se le pide que ejecute actuaciones inmediatas en el puente de Riofrío, “con el objetivo de prevenir nuevas inundaciones, garantizando el correcto desagüe del cauce, ampliación de capacidad hidráulica, limpieza y adecuación del cauce que sean necesarias para evitar desbordamientos en episodios de lluvias intensas y la seguridad de las infraestructuras y de las personas”.
A la Diputación Provincial de Granada se reclama que, dentro del ámbito de sus competencias, “articule líneas de ayuda económica, técnica y material destinadas a los municipios afectados, colaborando en la reparación de infraestructuras municipales, caminos rurales y servicios públicos dañados, así como en cuantas actuaciones sean necesarias para la recuperación de las zonas afectadas”.
Además de todo ello, el documento muestra el compromiso del Ayuntamiento de Loja de poner a disposición “todos sus medios técnicos, económicos y humanos de que disponga para contribuir a la recuperación de las zonas damnificadas”.
PREOCUPACIÓN POR LOS CAMINOS RURALES
Por su parte, el alcalde de Loja, Joaquín Ordóñez, mostró su preocupación por las consecuencias que ha dejado el temporal, en viviendas anegadas y pérdida de cosechas pero, sobre todo, en los caminos rurales del municipio, muchos de ellos destrozados. Ese es “el principal” problema al que se enfrenta el Ayuntamiento, afirmó, poniendo como ejemplo los 400.000 euros que serían necesarios para arreglar el camino de Los Gallombares, de titularidad municipal. Por ello, pidió la ayuda de las administraciones superiores para paliar estos desperfectos.
Anunció que los técnicos municipales están tramitando de urgencia los expedientes necesarios con los daños ocasionados para acceder a estas subvenciones de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. Añadió que la Diputación también ha liberado un primer paquete de 400.000 euros para la provincia, de los que 10.000 vendrán a Loja, y que la Delegación de Medio Ambiente pondrá en marcha “un gran paquete de ayudas para los caminos rurales”.
Por otro lado, el alcalde hizo un llamamiento a la “prudencia” de la ciudadanía porque los efectos de las intensas lluvias aún se notan, en este caso en desprendimientos de terrenos y fachadas. En este sentido, anunció que en los últimos días se ha enviado una quincena de requerimientos a propietarios de viviendas –en su mayoría del centro histórico- porque hay derrumbes en sus fachadas y su obligación es mantenerlas en buen estado.
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