El debate de la situación financiera del Ayuntamiento y los informes de morosidad de los dos primeros trimestres del año 2025, junto a modificaciones de crédito necesarias para equilibrar las cuentas municipales centraron el primer Pleno, presidido por Joaquín Ordóñez, como alcalde de Loja. Una sesión que estuvo marcada también por la renuncia de dos concejales del Gobierno local del PP, bonificaciones fiscales y ajustes en los programas de empleo.
Fue la concejala de Hacienda, Érica Rodríguez, quien dio cuenta al Pleno del periodo medio de pago a proveedores que se situó en 33,38 días en el primer trimestre y 34 días en el segundo, apenas “tres días por encima del límite legal”.
Sin embargo, la oposición reclamó mayor transparencia y actualización de la información. El portavoz socialista, Antonio García, calificó los informes como “fotos desactualizadas”, aludiendo a que “llegan con más de seis meses de retraso” y puntualizó que “el periodo medio pendiente de pago asciende a 107 días, con más de 3,3 millones de euros pendientes”, según Tesorería.
Sobre estas afirmaciones contestó Rodríguez que los datos “reflejan la mejora progresiva de la ratio de pago, fruto de la buena coordinación entre las áreas municipales”, según leyó directamente del informe municipal.
Desde VOX, su portavoz Jesús Lobato denunció la falta de respuesta a sus solicitudes sobre préstamos vigentes y la situación financiera tras el relevo de la Alcaldía. “Si no se me entrega la información, me veré obligado a acudir al Consejo de Transparencia y al Defensor del Pueblo”, advirtió.
El nuevo regidor lojeño, Joaquín Ordóñez, replicó con firmeza, asegurando que “la información económica está disponible en las comisiones desde 2021” y acusó a Lobato de “faltar a la verdad”.
A su vez, defendió el primer edil que el Ayuntamiento “mantiene una situación estable y saneada” y que los informes de morosidad “son fotografías puntuales del movimiento contable”. Matizó que “si el Ayuntamiento maneja un presupuesto de 30 millones de euros y paga en una media de 30 días, es lógico que aparezcan tres millones pendientes en un momento determinado”, explicó el regidor.
Al hilo de estas manifestaciones, Érica Rodríguez añadió que la situación “va mejorando” y que recientemente se realizó un pago de dos millones de euros que no figura en los informes. “Nuestro presupuesto está condicionado por el Ministerio, pero seguimos reduciendo deuda y mejorando los tiempos de pago”, señaló.
MODIFICACIONES DE CRÉDITO
El Pleno abordó también varias modificaciones de crédito. La primera permitió liberar 532.000 euros de la Participación de los Impuestos del Estado (PIE), retenidos hasta recibir el ingreso estatal. Estos fondos se destinarán a atender obligaciones pendientes. Y otra modificación incorporó un suplemento del crédito para cubrir intereses judiciales con la empresa Nacimiento (29.514 euros) y la liquidación de las obras del Mercado de Abastos con una cuantía de 198.000 euros, cuyos gastos adicionales han sido financiados con bajas en la partida de Fiestas y el fondo de contingencia.
Las dos operaciones fueron aprobadas por mayoría, con el voto favorable del equipo de gobierno y la abstención de PSOE y VOX.
El alcalde de Loja cerró el debate económico con un alegato sobre la gestión económica municipal: “La situación financiera de Loja es estable. Las modificaciones aprobadas nos permiten seguir ejecutando inversiones sin poner en riesgo el equilibrio presupuestario. No me temblará la mano en priorizar las obras necesarias sobre los eventos si hace falta”, aseguró.
El regidor lojeño avanzó que el nuevo presupuesto municipal verá la luz “en las próximas semanas” y “reflejará contención del gasto en un periodo de máxima inversión”, con más de 20 millones de euros en proyectos en marcha.
En este mismo capítulo de Hacienda se aprobó por unanimidad las bonificaciones en el IBI para familias numerosas y para la instalación de placas solares, con el objetivo de fomentar las energías limpias y aliviar la carga fiscal de los hogares.
RENUNCIA DE CONCEJALES
En el apartado de Gobernación, el Pleno tomó conocimiento de la renuncia de los concejales Antonio Campaña y Joaquín Camacho, trámite necesario para la incorporación de nuevos ediles del Partido Popular. Se solicitaron a la Junta Electoral Central las credenciales de José Barea de la Osa y Encarnación Murillo Ramírez.
También se retiró del orden del día la moción para la mejora de la Seguridad Ciudadana, a propuesta del propio equipo de Gobierno, para consensuar su redacción con el PSOE y llevarla al próximo Pleno. Además, se dio cuenta del nombramiento de Antonio Luis Gómez como representante suplente en la Junta General del Consorcio de Bomberos de Granada, celebrada el 16 de octubre.
En el capítulo de Desarrollo, la concejala de Turismo y Deportes, María Ramos, presentó la modificación del programa PFEA 2024, dotado con 1.186.123 euros. El ajuste responde al incremento de los costes salariales por convenio, lo que reduce las contrataciones de 703 a 650 trabajadores. La propuesta se aprobó por mayoría.
Y en Bienestar Social se retiró la moción al Ministerio de Igualdad relativa al control de agresores de violencia de género, promovida por el grupo municipal popular, por no haber pasado por comisión informativa, junto al punto de Protocolo.
ACTOS Y ACUERDOS
El Pleno comenzó con el habitual control de actos y acuerdos, punto en el que se produjo el primer cruce entre el alcalde Joaquín Ordoñez y el portavoz de VOX, Jesús Lobato, cuando este intentó realizar una intervención ajena al orden del día. Lobato lamentó “el mes que nos está dando el equipo de Gobierno con sus luchas internas” y criticó que “no está en la labor que debiera”.
El nuevo regidor pidió respeto al turno y recordó que su papel como presidente es “garantizar decoro, orden y respeto a los puntos del debate”, defendiendo su disposición al diálogo.
El edil de VOX solicitó aclaraciones sobre diversos asuntos: la petición de defensa jurídica de una edil, las diligencias abiertas por la Fiscalía Provincial de Granada y el decreto que cesaba y nombraba los cargos de confianza del Ayuntamiento, cuyo coste cifró en unos 250.000 euros anuales. “Vemos que mantiene los mismos puestos y la misma línea de gestión”, afirmó. También reprochó que su grupo registró una moción sobre la Zona de Bajas Emisiones que no había sido incluida en el orden del día.
Por su parte, el socialista Antonio García trasladó su preocupación por la segunda prórroga del contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio, con un valor de cerca de siete millones de euros. Recordó que “en su día se pidió que no se prorrogara, sino que se redactara un nuevo pliego” y dio lectura a una carta remitida por las trabajadoras denunciando condiciones laborales precarias y del servicio.
Ordóñez respondió a las cuestiones planteadas. Sobre la denuncia a una concejala, aclaró que “se retiró al carecer de fundamento”; respecto a los cargos de confianza, defendió su continuidad “por el buen trabajo realizado y sin subida salarial alguna”. Añadió que ha intentado contactar con el portavoz de VOX “en varias ocasiones sin éxito para informarle”, y adelantó que la moción sobre la Zona de Bajas Emisiones “se verá en el próximo Pleno tras pasar por comisión”.
En cuanto al contrato de Ayuda a Domicilio, el alcalde explicó a García que la prórroga responde a la necesidad de mantener el servicio y “vamos a seguir trabajando con la empresa y los trabajadores”, apuntando que “la concejala responsable está de baja por motivos de salud”.
RUEGOS Y PREGUNTAS
En el turno final, Jesús Lobato (VOX) preguntó por el estado del Parque de Aventuras de Los Pinos, advirtiendo de su deterioro. Ordóñez respondió que el Ayuntamiento busca una empresa gestora y “no descarta asumirlo directamente si no hay concesión viable”.
El debate se tensó cuando Lobato formuló alusiones personales al alcalde, que pidió “respeto a la vida privada” y reclamó “centrar el debate en la gestión municipal”.
“No quiero cerrar este Pleno con mal sabor de boca. Tiendo la mano a la oposición para trabajar con diálogo y respeto por Loja”, concluyó Ordóñez.
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