Fue necesaria más de una hora de debate para que la corporación municipal de Loja, reunida en sesión plenaria, acordara con los votos a favor del PSOE y CPL, y el voto en contra del PP, unirse a los ayuntamientos de toda España que han decidido iniciar un recurso de anticonstitucionalidad de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada en diciembre de 2013 y en vigor desde comienzos de este año.
La iniciativa, que a nivel nacional esta capitaneada por el Ayuntamiento de Barcelona, se está viendo refrendada en más de 3.000 corporaciones, según indicó el ponente de la moción, el portavoz socialista Juan Cobos.
La resolución aprobada en el pleno incluye en primer lugar el “iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en defensa de la autonomía local contra los artículos primero y segundo y demás disposiciones afectadas de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”. A tal efecto, continúa diciendo el texto acordado, se solicita dictamen del Consejo de Estado, del Tribunal Constitucional, a petición de la entidad local de mayor población, así como otorgar a dicha entidad (en este caso el ayuntamiento de Barcelona) la delegación necesaria.
En tercer lugar se encomienda al alcalde a que realice todos los trámites necesarios para que esto se haga efectivo.
En resumidas cuentas, lo que esta moción propone es que Loja se una a esos otros ayuntamientos en su pretensión de dejar en suspenso una ley que, a decir de esos propios consistorios, merma la autonomía de los ayuntamientos y cercena las posibilidades de ofrecer múltiples servicios en muchos de ellos, sobre todo en los municipios menores de 20.000 habitantes.
El asunto se presentaba peliagudo a la hora de alcanzar un voto afirmativo unánime, pues de antemano se preveía una postura disconforme del PP, y fue así como el expediente se espació en su debate por más de una hora, en la que no faltaron alusiones a la situación financiera del ayuntamiento, tanto en su momento actual con gobierno de PP y CPL, como en el anterior mandato presidido por el PSOE.
La edil de Convocatoria, Lari Muñoz recordó que había sido su propio grupo quien planteó una moción contra la reforma de la ley cuando se encontraba en trámite parlamentario, por lo que aseguró que era de coherencia política apoyar ahora esta propuesta del PSOE.
En su defensa, la edil aseguró que esta nueva ley resta competencias municipales, “en un intento del PP por centralizar en Madrid la administración pública, por lo que hemos de paralizarla, igualmente coincidió con Juan Cobos en que esta nueva normativa resta posibilidades de acción a la oposición en las corporaciones” y dijo esperar que el Tribunal Constitucional dicte sentencia contra esta ley.
El alcalde, Joaquín Camacho, dijo estar de acuerdo con sus compañeros de corporación en que no hay que permitir que se pierdan servicios municipales, por lo que reclamó que se haga una mejor distribución de los caudales públicos, para que los ayuntamientos puedan financiar adecuadamente los servicios que presta. Más adelante lamentó que durante los años de bonanza económica se hubiesen asumido por las corporaciones servicios que no les correspondían, con el consiguiente problema que está apareciendo ahora para mantenerlos en plena crisis.
En ese sentido se refirió en reiteradas ocasiones a los servicios sociales, que son competencia de la Junta de Andalucía, pero que se realizan de acuerdo a convenios entre ambas instituciones para su financiación, con la agravante de que en muchas ocasiones el ayuntamiento tiene que adelantar el dinero para pagar las nóminas, tal como es el caso de Loja. “Y mientras tanto, pagamos tarde a nuestros proveedores, que tienen que esperar 280 días para cobrar sus facturas.
Según Camacho, la filosofía de esta nueva ley es impedir que se produzcan situaciones de este tipo, negando que la misma acabe con competencias municipales o que se merme el papel de la oposición.
Durante el debate se pormenorizó, en más de una ocasión, en asuntos como la deuda municipal arrastrada, la subida o no de ésta en los dos últimos años, la situación de Sociedad de Comunicación de Loja o los diferentes servicios sociales especializados que se ofrecen en el municipio.
En cuanto a la empresa pública que gestiona Onda Loja Radio y El Corto de Loja, el primer edil aseguró que se están buscando los cauces para mantener los servicios. A lo que se llegó tras analizarse por el PSOE las deficiencias que han llevado a esta sociedad municipal a su actual situación y cómo anticiparon ya hace un año este momento, mientras que el PP aseguraba, en palabras del alcalde, que la imposibilidad de mantener Sociedad de Comunicación de Loja estaba más fundamentada en la situación económica a la que arrastró el PSOE al Ayuntamiento que por la propia ley de reforma local.
En otro momento de su intervención, Lari Muñoz insistió en la privatización de servicios que subyace en la propia nueva normativa y lamentó que desde el Gobierno de España se sigan haciendo recortes que afectan directamente al Ayuntamiento o indirectamente por los recortes financieros que hace a la Junta de Andalucía.
Finalmente, en el cierre del debate, el portavoz socialista Juan Cobos pidió “valentía” al alcalde y su grupo para que apoyaran esta moción y afeó al primer edil que ahora se lamentara tanto de las inversiones que se hicieron en los mandatos socialistas para infraestructuras de diverso tipo, cuando en su momento las apoyaron con su voto en los correspondientes plenos.
La votación arrojó, como se indica al inicio de esta crónica, un resultado positivo para el expediente, con el voto afirmativo de los grupos socialista y de Convocatoria; y en contra del PP; por lo que la propuesta obtiene luz verde para continuar con los trámites que se incluyen en su redacción.
