El Pleno del Ayuntamiento de Loja abordó, dentro del capítulo de Hacienda, el informe de morosidad correspondiente al segundo trimestre de 2026, que refleja un incremento del periodo medio de pago a proveedores hasta los 68 días, frente a los 58 del primer trimestre y los 29 registrados al cierre de 2025, según fuentes oficiales.
La primera en pronunciarse sobre este expediente fue la concejala del PSOE, Mª Carmen López, quien cuestionó la situación económica municipal y aseguró que “el periodo medio de las obligaciones pendientes también ha aumentado, pasando de 94 a 134 días”. La edil situó la deuda con proveedores “por encima de los seis millones de euros” y señaló que existen “más de 2.000 facturas con una antigüedad superior a tres meses”. También afirmó que parte de las obligaciones pendientes corresponden a ejercicios anteriores y citó como ejemplos gastos de ferias, transporte, actividades culturales y otros servicios municipales.
La socialista vinculó estos datos con las dificultades para acceder a información económica y recordó que su grupo ha recurrido en dos ocasiones al Consejo de Transparencia. Entre la documentación que, según indicó, sigue pendiente de recibir mencionó la deuda de Gemalsa, contratos de cesión del estadio Medina Lauxa, la flota de vehículos y datos sobre la ejecución presupuestaria.
Además, López cuestionó que hayan aparecido “facturas correspondientes a actuaciones realizadas en 2022 que fueron presentadas en 2026” y reclamó al Gobierno municipal que asuma su responsabilidad sobre la situación económica.
En este sentido, el alcalde, Joaquín Ordóñez, reconoció que el Ayuntamiento atraviesa “una situación complicada en cuanto a los pagos a proveedores”, aunque defendió la reducción de la deuda bancaria, que situó “en torno a los nueve millones de euros frente a los cerca de 25 millones de ejercicios anteriores”. Según explicó, el retraso en los pagos responde, entre otros factores, al incremento de los costes salariales, energéticos y de los servicios, así como a la falta de liquidez.
También Ordóñez atribuyó parte del aumento del periodo medio de pago a la situación del área de Intervención durante el verano con bajas y vacaciones que – según señaló-, “ralentizaron la contabilización de facturas y la elaboración de las relaciones de pago”. Añadió que el Ayuntamiento mantiene conversaciones con el Gobierno central y la Junta para “buscar una solución financiera” y defendió la necesidad de acceder “a una operación a largo plazo que permita atender las facturas pendientes”.
El regidor lojeño reconoció que existen facturas de años anteriores que “todavía no se han abonado” y aseguró que desde su llegada al cargo se está intentando que las nuevas contrataciones se realicen con contrato y consignación presupuestaria. “Nuestro objetivo es reducir ese periodo y agilizar al máximo el pago a nuestros proveedores”, afirmó.
El debate se prolongó durante varias intervenciones, con reproches cruzados sobre la gestión económica y el acceso a la información municipal. El primer edil insistió en que el Gobierno local está trabajando para revertir la situación sin incrementar la presión fiscal sobre los vecinos, mientras que el PSOE reclamó medidas concretas para reducir la deuda comercial.
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