La Diputación de Granada ha concedido subvenciones nominativas de 50.000 euros a cada uno de los municipios de Baza, Loja, Motril y Guadix para hacer posible la implantación de aulas informatizadas destinadas a la realización de los exámenes teóricos del carné de conducir, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT). Gracias a esta aportación económica de la institución provincial, que supone una inversión total de 200.000 euros, los ayuntamientos han podido adecuar y dotar espacios municipales con los medios técnicos necesarios para la realización de las pruebas teóricas, evitando que los aspirantes a conductores tengan que desplazarse hasta la capital y mejorando así el acceso a este servicio público esencial.
La diputada de Economía y Atención al Alcalde, Ana Molina, ha señalado que «la implantación de exámenes teóricos informatizados aporta una mayor transparencia al proceso, incrementa la seguridad de las pruebas y permite un mayor control, garantizando así la igualdad de condiciones para todas las personas aspirantes».
Además, Molina ha subrayado que «este modelo de colaboración institucional contribuye a una movilidad más segura al reducir desplazamientos innecesarios, al tiempo que mejora la calidad y la eficiencia del servicio público. La Diputación continuará trabajando junto a los ayuntamientos y otras administraciones para seguir acercando los servicios públicos a la ciudadanía y garantizar la igualdad de oportunidades con independencia del lugar de residencia, reafirmando el compromiso de la institución provincial con la cohesión territorial y el desarrollo equilibrado de la provincia».
La actuación se enmarca en la estrategia de la Diputación de Granada de apoyar a los municipios y reforzar la cohesión territorial, facilitando que servicios públicos clave se presten en el propio territorio, especialmente en zonas alejadas de la capital.
Esta iniciativa se alinea con el proceso de modernización impulsado por la DGT, que apuesta por la realización de exámenes teóricos informatizados, un sistema que aporta mayor agilidad administrativa, reduce el fraude mediante cuestionarios individualizados y permite la realización de nuevas pruebas digitales, como la de percepción del riesgo basada en la visualización de vídeos.
