El Pleno de la Corporación Municipal ha estimado parcialmente los recursos de reposición interpuestos por la Sección Sindical de UGT, por los trabajadores municipales que recabaron firmas y por CSIF contra el acuerdo plenario del pasado 18 de marzo de 2026, en el que se modificaba la Relación de Puestos de Trabajo con el objetivo de incrementar económicamente los complementos específicos de los puestos de Intervención, Tesorería y del colectivo de Policía Local.
Según el concejal de Recursos Humanos, José Barea, el gobierno municipal “da impulso y transparencia en el proceso judicial” ante la reclamación de los empleados públicos. De esta forma, se anula el acuerdo del Pleno impugnado “lo que no impide que el Ayuntamiento pueda tramitar nuevamente la modificación de la RPT siempre que se incorporen previamente al expediente los informes y documentos necesarios, y se tramite una nueva negociación en Mesa General con entrega de la documentación técnica, económica y jurídica suficiente”.
Sobre la próxima convocatoria de la Mesa de Negociación municipal, prevista para este miércoles 20, el concejal ha adelantado que irán importantes temas, como las bases de libre designación y la regulación de la promoción para los empleados públicos, además de la definición de servicios extraordinarios. “Todo ello bajo el principio de la transparencia y respetando la legalidad, aunque nos equivoquemos”, añadió el edil.
La oposición volvió a criticar al gobierno municipal sobre la gestión de este asunto. El portavoz de VOX, Jesús Lobato, recordó que era “el tercer pleno” en el que se hablaba de “una chapuza de hace dos meses”. Apuntó que el objetivo era una subida salarial “a unos pocos y no a todos, con un coste económico y personal evidente”. Calificó de “nefasta y negligente” la gestión del gobierno local sobre este asunto, refiriéndose en concreto al concejal Barea: “deja a la vista de todo el mundo la incapacidad que ha tenido sobre este tema”, apostilló Lobato.
Por otro lado, el edil puso en duda que se fuera a cumplir el acuerdo de 2023, en el que el gobierno de por aquel entonces alcalde Joaquín Camacho firmó con los representantes de los trabajadores un incremento del 30% del complemento específico para toda la plantilla. “Luego vendrán con otro acuerdo para tener a los funcionarios tranquilos y seguir en la estafa permanente”, añadió.
El portavoz del PSOE, Antonio García, recordó que en los informes técnicos sobre este asunto “había muchos elementos que debían haber hecho reflexionar al gobierno municipal para no aprobar esa medida, pero hicieron caso omiso”, añadiendo que “tirar adelante tiene consecuencias, como generar un malestar generalizado en la plantilla municipal”.
En detalle, García recordó que el informe del secretario alertaba de “deficiencias e irregularidades”, el de Recursos Humanos, también contrario, señalaba “la desnaturalización de los servicios extraordinarios, que se estaban convirtiendo en algo recurrente, superando hasta el 10% lo establecido por ley”. Y el de Intervención exponía que “faltaba financiación y la necesidad de eliminar vacantes si se aprobaba, lo que derivaría en que el resto de servicios municipales iban a verse mermados”.
El alcalde, Joaquín Ordóñez, también quiso intervenir en este asunto para defender que el incremento a la Policía Local se hacía para mejorar la seguridad en el municipio. “Nuestra prioridad era la subida a la Policía porque quiero exigirles más, y por eso deben estar mejor remunerados”. Reconoció que esta decisión ha provocado que el resto de trabajadores “no estuviesen de acuerdo”.
Por otro lado, se comprometió a “seguir mejorando” las condiciones económicas de la plantilla municipal, pero avisó de que el incremento “no puede ser generalizado”. “Hay promesas que no se pueden cumplir en el tiempo establecido y saldrán más adelante, y acuerdos que no se van a poder cumplir”, apostilló.
Finalmente el punto se aprobó con el voto favorable del PP y del PSOE y la abstención de Vox.
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