Es el cuento de nunca acabar. Las obras de la carretera de Ventorros de San José están paralizadas de nuevo. En octubre del año pasado comenzaron los trabajos pero pocos meses después se tuvieron que suspender. El motivo: la empresa adjudicataria, que realizó una baja en la oferta que presentó, pedía a la Junta más dinero para continuar. Ponía como excusa que se había encontrado deficiencias técnicas en el proyecto.
Esto ha llevado a la administración andaluza a rescindir el contrato y a parar de nuevo el reloj. Habrá que esperar mínimo un año para ver de nuevo las máquinas trabajando en la A-4154. Mientras que se resuelve el contrato con la adjudicataria, la Junta va a sacar a licitación un nuevo proyecto, que estará listo sobre el mes de febrero del año que viene. Después tendrá que licitar las obras y adjudicarlas –sobre el mes de noviembre del año que viene-. Tras esto, quedarían otros nueve meses de trabajo.
Las obras de la carretera ‘maldita’ han copado titulares y centrado el debate político municipal desde hace años. Y lo sigue haciendo a día de hoy. El último capítulo se escribió en el Pleno municipal del pasado martes, en el que el alcalde Joaquín Camacho y la portavoz del PSOE, Mercedes González, se enfrentaron a cuenta de esta paralización de las obras.
El regidor lojeño acusó al anterior gobierno de la Junta, del PSOE, de haber “enmendado su propio proyecto” y valorarlo “por mucho menos de lo que lo hizo en un principio”. En este sentido recordó que las obras tenían un presupuesto inicial de 10 millones, que se redujo a los 6,9 en la licitación y que finalmente quedaron en 4,9 millones en la adjudicación. Además, reprochó que las obras se iniciaran 14 años después de haber sido prometidas.
Por su parte, la edil socialista censuró al alcalde por no haber “evitado” la paralización de las obras. “Debería haber exigido otras vías de solución, porque había otras alternativas”, expuso González quien acusó al regidor de “culpar a los técnicos y empresas cuando los socialistas estaban gobernando en la Junta”.
El debate se enquistó entre ambos pero finalmente el punto se aprobó unánimemente. En concreto, se exige a la Junta de Andalucía que reanude las obras “a la mayor brevedad posible” y que mientras que se ponen en marcha haga las actuaciones necesarias en el firme “para garantizar el tránsito de vehículos en condiciones de seguridad”.
MOCIONES DEL PSOE
No fue este el único apartado del pleno que generó reproches entre Camacho y González. Pasó lo mismo en una moción presentada por los socialistas en la que pedían al alcalde que adaptara un baño del Consistorio para personas discapacitadas, que le diera al grupo socialista un espacio también adaptado para poder realizar su labor de oposición –algo que según la portavoz del PSOE llevaban reclamando más de cuatro meses- y que se le permitiera tener acceso a la plataforma municipal para consultar con más facilidad los expedientes. Unas medidas, según la concejal González, “por las que no sólo vale mostrar su disposición sino sobre las que hay que avanzar para que se les dé una respuesta a corto plazo”.
Sobre el aseo adaptado, el alcalde se comprometió a hacerlo cuando hubiera partida presupuestaria. Sobre el despacho para los ediles del PSOE dijo que ya tenían uno en la planta alta del Ayuntamiento, que se comprometió a adaptar, pero que no había otro lugar en el edificio. Y sobre el acceso a la plataforma, les expuso un informe del secretario municipal en el que negaba que existiera un derecho de los concejales a la consulta de los expedientes municipales a través de Internet.
Por lo demás, el PSOE llevaba a pleno otras dos mociones que fueron aprobadas de forma unánime. En una de ellas la formación pedía la regulación de las casas de apuestas. Su ponente, el concejal Carlos Delgado, alertó de que los jóvenes cada vez tienen más problemas con el juego y que éstos “han invadido Internet y la televisión, agravando las conductas ludópatas”. En este sentido, la formación propone, entre otras cosas, que el Ayuntamiento no autorice la apertura de casas de apuestas a menos de 500 metros de centros educativos, que no haya menos de 200 metros entre dos de ellas, que en la ordenanza de publicidad se limite este tipo de anuncios y que se ponga en marcha una campaña institucional contra la ludopatía.
En su respuesta, el alcalde dijo que la administración local “es consciente de la problemática social que causan las casas de apuestas” pero que las administraciones que tienen que combatir este asunto, aprobando leyes para proteger a los jóvenes, son el Estado y la Junta. Añadió que una ley de 1986 ya regula la distancia que tiene que haber entre un colegio y un establecimiento de este tipo. Finalmente la moción salió adelante con el voto de PP y PSOE al modificarse uno de los puntos de la misma.
La otra iniciativa socialista denunciaba los aranceles impuestos por Estados Unidos a los productos andaluces, como el aceite de oliva o la aceituna, “que están haciendo un gran daño a la economía”, afirmó el concejal José Repiso, quien pidió que se actúe “de manera urgente y coordinada” para que se suspendan estas cargas.
La propuesta generó un largo debate entre el edil socialista y el alcalde Camacho quien criticó que el gobierno de Pedro Sánchez “no se hay adelantado para evitar esos aranceles como si han hecho países como Grecia o Italia”. “El Gobierno español ha llegado tarde y eso nos está costando pérdidas de más de 300 millones en los campos andaluces”, recriminó el regidor.
