Los cinco trabajadores que perdieron su empleo en Deportes y su abogado aseguran que no han cambiado las condiciones legales que se daban en septiembre de 2014 y que ahora han hecho posible la subrogación por parte del Ayuntamiento de Loja de los mismos, provenientes de la empresa Ebone Servicios de Educación y Deportes S.L.
Esta es una de las principales conclusiones a las que han llegado los tres hombres, Juan Gutierrez Martínez, Juan Miguel Cortes Reyes y Cipriano Ramos Olid, y dos mujeres, María Araceli Zurita Castilla y Carmen Jaimez Muñoz que, desde hace años, venían prestando servicios para el Área de Deportes municipal a través de diferentes empresas, la última, la ya citada Ebone.
Tras la aparición el pasado lunes de un comunicado hecho público por la Concejalía de Deportes en el que se afirmaba que se desbloqueaba “la situación de ilegalidad para que el consistorio subrogue a cinco ex empleados de mantenimiento deportivo” y continuaba afirmando que “Ayuntamiento y trabajadores han hecho un esfuerzo común para conciliar derechos laborales y la legalidad administrativa”; el letrado Miguel López de Luna, acompañado de cuatro de los cinco trabajadores afectados, exponía ayer en nombre de los mismos una serie de consideraciones por las que negaba la veracidad de lo expuesto en el comunicado oficial.
Haciendo un poco de historia, y según el relato realizado por el letrado de los operarios afectados, Miguel López de Luna, hay que remontarse hasta el 10 de abril de 2014, cuando este letrado presenta un escrito al alcalde para informarle de que “había un problema en Deportes”, con relación a las empresas que realizaban los servicios de monitores y personal de mantenimiento, pues “se estaba haciendo una cesión ilegal de mano de obra”. A la respuesta del primer edil de que eso era algo que se venía haciendo desde hace muchos años, López de Luna asegura haberle contestado que la petición de sus defendidos era pasar a formar parte del personal laboral del Ayuntamiento, como indefinidos no fijos.
Siempre según este letrado, al no recibirse ninguna respuesta a lo anterior se inicia un proceso judicial por la citada “cesión ilegal de mano de obra” y entonces sí se argumenta por el consistorio que no existe tal ilegalidad pues es la empresa Ebone la que desempeña las funciones para el Área de Deportes.
En este punto, Miguel López de Luna aseguró que de haberse llegado hasta el final en la acreditación de la situación “ilegal” habría supuesto varios cientos de miles de euros de gasto para las arcas municipales, por el importe de los sueldos y la seguridad social de los cinco trabajadores durante los últimos cuatro años.
Más adelante se inicia un procedimiento de reclamación de cantidades por las diferencias salariales entre estos cinco trabajadores que prestaban sus servicios en Ebone y lo que cobraban otros operarios por las mismas funciones pero como personal laboral del Ayuntamiento. Una diferencia que estimaba en 700 euros mensuales, lo que multiplicado por cinco operarios y doce meses arroja una cantidad de 42.000 euros.
Sin embargo, gran parte del problema se produce, según el abogado, “el 15 de septiembre de 2014 se hace una maniobra torticera por parte del Ayuntamiento” por la que se desligan de la concesión de servicios a las empresas concurrentes los monitores deportivos, de los empleados de mantenimiento, ya que, a decir de Miguel López, se perdía el equilibrio que hacía apetitosa la concesión a las empresas, y que ahora, en esta nueva situación hizo que no se presentara ninguna para optar al servicio de mantenimiento, y Ebone renuncia a continuar desarrollando ese trabajo.
Es entonces cuando la empresa notifica a sus clientes, “que el Ayuntamiento le ha comunicado la finalización del servicio y que pasan a estar subrogados a la empresa que le diga el Ayuntamiento, y les entrega un certificado en el que la causa de la baja es la sucesión de empresa, y mis clientes pasan a estar trabajando para el Ayuntamiento de Loja”.
Miguel López avanzó con su relato para significar las dificultades que vivieron sus representados a partir de ese momento, ya que, de una parte se envió a la policía local para que abandonen el puesto de trabajo, e incluso acude algún personal del Área de Deportes para “intentar convencerlos de que no pueden estar allí”. No obstante estos operarios continúan en el Pabellón de Deportes por indicaciones de su letrado, que exigía una carta de despido para que se fueran. Se envía más adelante “un notificador con un documento de desalojo de las instalaciones y la prohibición de que entren en ellas”, añade López de Luna.
A partir de ahí se viven otros episodios como el hecho de que a los cinco empleados “se les deniega el paro” o el que comiencen a trabajar, en sustitución de estos operarios de mantenimiento, personas de la bolsa de trabajo municipal. Hasta el momento en que cerca ya de la celebración del juicio “se producen algunos movimientos en la corporación” y se inicia un proceso de negociación entre los abogados que representan al Ayuntamiento, uno de ellos de los servicios jurídicos de Diputación de Granada y otro, según Miguel López, de un despacho privado, y los correspondientes a Ebone y los trabajadores.
Llegándose así al viernes 21 de noviembre en el que, en el acto de conciliación que se celebra ante la secretaria del Juzgado de los Social número 2 de Granada, previo a la vista, se alcanza un acuerdo que firman los abogados de Ebone, del Ayuntamiento y de los trabajadores.
En el acta se recoge que “la parte demandada el Ayuntamiento de Loja, reconoce expresamente la improcedencia del despido de la parte actora, y se compromete a readmitir a los trabajadores en el próximo mes de diciembre de 2014, con la condición de indefinidos no fijos, con la categoría que figura en sus contratos suscritos con Ebone, Servicios de Educación y Deporte S.L.” reconociéndoseles la antigüedad en su puesto de trabajo y comprometiéndose las demandadas, Ebone y Ayuntamiento de Loja, “con carácter solidario” a abonar a los trabajadores las cantidades que les corresponden en concepto de salario de trámite. Dichas cantidades son 7.000 euros para cada uno de ellos, que se abonarán en mensualidades entre el consistorio y la empresa, a partes iguales.
Con este acuerdo, las partes renuncian a proseguir con el procedimiento judicial, por lo que este caso queda resuelto.
No obstante, Miguel López ha criticado que en todo momento tanto los trabajadores, como él mismo, han sufrido la indiferencia de los políticos municipales, refiriéndose, tanto al alcalde, Joaquín Camacho, como a quien ha tenido la responsabilidad de Deportes a lo largo de este proceso, supuestamente el anterior edil de esta materia, Antonio Ramón Molina, de CPL, hasta que se rompió el pacto de gobierno a finales de septiembre.
Igualmente, este letrado ha sido rotundo al denunciar que se le haya negado reiteradamente la entrega del informe jurídico que hace unos meses desaconsejaba la subrogación de los trabajadores por parte del Ayuntamiento y que “tantos problemas ha generado”.
Sobre el comunicado aparecido el lunes pasado, Miguel López no duda en calificarlo de falso y poner en boca de los trabajadores declaraciones que no han hecho en ningún momento, asegura que además de Joaquín Camacho ha habido otros responsables de lo que ha ocurrido, o que el gasto que supone para las arcas municipales este caso va más allá de los 18.000 euros, ya que, según él, hay que sumar a los salarios la seguridad social, el coste de los trabajadores de la bolsa de trabajo, la nueva contratación y los inherentes al proceso judicial.
Al alcalde le afeó que no hubiera llamado “personalmente a estos cinco empleados para pedirles perdón por lo que les ha hecho, quizá sin mala fe, y darles la bienvenida a su casa”
